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Después de la elección presidencial de 2018, se confirmó que las prioridades para el nuevo gobierno, al menos para la mayoría de los mexicanos, son las siguientes: combatir la corrupción, procurar la austeridad gubernamental, así como reducir la pobreza y la desigualdad. Estas premisas constituyeron el eje central de las propuestas de campaña del ahora presidente electo López Obrador y, por ello, serán en unas semanas sus principales retos. Pero, la recaudación no será el único reto fiscal ni el más importante, sino que el verdadero reto será el rediseño del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

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Nos encontramos en un contexto en el que los prejuicios que pesan sobre las identidades trans no han hecho más que perpetuar la discriminación que viven diariamente. Prueba de ello es la distinción en la legislación para el cambio de documentos, así como las interpretaciones restrictivas que asumen que las identidades trans son distintas a cualquier otra y deben ser verificadas. La Corte debe continuar en la misma línea de reconocer más derechos para más personas.

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El pasado 4 de octubre de 2018, el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa de ley para reformar el artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPFJ) con el fin de establecer un sistema de rotación en el Poder Judicial de la Federación (PJF). De acuerdo con la iniciativa, los jueces de distrito y magistrados de circuito permanecerían un mínimo de 3 años y un máximo de 6 en una adscripción antes de ser trasladados a una adscripción distinta.

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A la luz de lo sucedido en Argentina, en donde una mayoría en la cámara de senadores votó en contra del proyecto de Ley para la interrupción voluntaria del embarazo, los debates al respecto han revivido. Entre ellos hay uno que llamó particularmente mi atención, esto al ser el que mayor irritación ha causado: la idea de que los derechos se voten.

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El día de mañana, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a discutir un asunto crucial para la garantía plena de los derechos de las personas trans. Se trata del Amparo en Revisión 1317/2017, que fue turnado a la ponencia de la Ministra Norma Piña. El asunto por resolver es el siguiente: ¿es válido –constitucionalmente hablando– exigirle a las personas que se sometan a la vía jurisdiccional para modificar el nombre y sexo en sus actas de nacimiento? Esta “exigencia procesal”, por llamarla de alguna forma, ¿viola el derecho a la no discriminación por género, específicamente de las personas trans?

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Encontrar el equilibrio entre las herramientas de investigación criminal y el respeto a los derechos humanos es uno de los mayores de los retos que afronta, día con día, la consolidación del sistema de justicia penal. El sistema, debe evitar –y sancionar– las acciones arbitrarias por parte de las autoridades y, al mismo tiempo, garantizar la eficiencia en la persecución criminal. Este equilibrio no sólo se logra con una correcta ingeniería normativa. A ello se suman el desarrollo jurisprudencial y las buenas prácticas.

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En 2002, Daniel García y Reyes Alpízar fueron consignados por su presunta participación en un delito que su defensa insiste, no cometieron. Con las reglas procesales de entonces y dada la calificación del delito como grave, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Más de 15 años después, siguen sujetos a un proceso judicial del sistema tradicional. En próximos días, el Juzgado Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz resolverá un incidente que puede cambiar la prisión preventiva por otra medida cautelar para continuar su proceso en libertad.

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En algunos sectores políticos y académicos comienza a ser extendida la idea de justificar la flexibilización de las legislaciones en el acceso a la portación de armas, a menudo, basado y articulado desde el punto de vista de los derechos humanos. Sin embargo, esto lleva a cuestionarse si el derecho a portar armas es compatible con el discurso contemporáneo de los derechos humanos.

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Hoy el Poder Judicial y, en concreto, la Suprema Corte, tienen una oportunidad histórica para fortalecer el Estado democrático de derecho, para hacer que el derecho trascienda del papel y que se materialice para mejorar la vida de las personas. De nada nos sirve a la sociedad mexicana una Constitución de papel que sólo sirva para ponerse debajo de la pata coja de la mesa.

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