El día de mañana, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a discutir un asunto crucial para la garantía plena de los derechos de las personas trans. Se trata del Amparo en Revisión 1317/2017, que fue turnado a la ponencia de la Ministra Norma Piña. El asunto por resolver es el siguiente: ¿es válido –constitucionalmente hablando– exigirle a las personas que se sometan a la vía jurisdiccional para modificar el nombre y sexo en sus actas de nacimiento? Esta “exigencia procesal”, por llamarla de alguna forma, ¿viola el derecho a la no discriminación por género, específicamente de las personas trans?

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Encontrar el equilibrio entre las herramientas de investigación criminal y el respeto a los derechos humanos es uno de los mayores de los retos que afronta, día con día, la consolidación del sistema de justicia penal. El sistema, debe evitar –y sancionar– las acciones arbitrarias por parte de las autoridades y, al mismo tiempo, garantizar la eficiencia en la persecución criminal. Este equilibrio no sólo se logra con una correcta ingeniería normativa. A ello se suman el desarrollo jurisprudencial y las buenas prácticas.

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En 2002, Daniel García y Reyes Alpízar fueron consignados por su presunta participación en un delito que su defensa insiste, no cometieron. Con las reglas procesales de entonces y dada la calificación del delito como grave, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Más de 15 años después, siguen sujetos a un proceso judicial del sistema tradicional. En próximos días, el Juzgado Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz resolverá un incidente que puede cambiar la prisión preventiva por otra medida cautelar para continuar su proceso en libertad.

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En algunos sectores políticos y académicos comienza a ser extendida la idea de justificar la flexibilización de las legislaciones en el acceso a la portación de armas, a menudo, basado y articulado desde el punto de vista de los derechos humanos. Sin embargo, esto lleva a cuestionarse si el derecho a portar armas es compatible con el discurso contemporáneo de los derechos humanos.

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Hoy el Poder Judicial y, en concreto, la Suprema Corte, tienen una oportunidad histórica para fortalecer el Estado democrático de derecho, para hacer que el derecho trascienda del papel y que se materialice para mejorar la vida de las personas. De nada nos sirve a la sociedad mexicana una Constitución de papel que sólo sirva para ponerse debajo de la pata coja de la mesa.

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Las distintas dimensiones en las que puede suceder este tipo de acoso demuestran la poca precisión y conocimiento que ambas instituciones del Estado tienen sobre el problema. Sin duda, el acoso laboral es un tema complejo que requiere de un consenso entre ambos poderes para poder proteger y garantizar justicia a las víctimas. Por ello, urge que tanto los jueces como legisladores definan de manera puntual acoso laboral, así como acoso sexual en el ámbito laboral, con el fin de establecer la primera piedra para garantizar una plena protección a los trabajadores.

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En conclusión, la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 29/2016 representa un avance en términos de que como resultado el estado de Puebla se suma a las entidades en las que las parejas del mismo sexo ya no requerirán la tramitación de un juicio de amparo para poder unirse en matrimonio; sin embargo, la resolución no es del todo coherente con un marco constitucional que aspira a tener a los derechos humanos como su eje de acción.

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Hay una clara y muy dramática tensión —evidenciada en el asunto tratado— entre la interpretación pro actione de las normas procesales que busca optimizar el acceso a la justicia y la autorrestrictiva que pretende contener a los tribunales y evitar que invadan las atribuciones de otros poderes. Pero esta tensión debe resolverse por la prudencia de los tribunales y la consideración de todos los valores constitucionales relevantes antes que por su timidez o por un afán insuficientemente reflexivo de reivindicar derechos humanos.

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¿Se podían exhumar las cenizas? ¿Quién estaba legitimado para autorizar dicha exhumación? ¿Se cumplieron con los requisitos legales para la exhumación? ¿Pueden ser las cenizas objeto de propiedad? ¿Pueden ser objeto de contratos entre particulares como de donación o compraventa? ¿Quién puede autorizar el uso de las cenizas para convertirlas en un diamante? ¿Se pueden comercializar las cenizas? ¿Se puede comercializar el diamante? ¿Puede el diamante ser objeto de exhibición?

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