Quizás volvamos a ver juicios llevados en rebeldía, como sucedió con Nicaragua en los años 80, teniendo ahora como protagonistas a Irán y a Palestina. Quizás volvamos a tener sentencias de la Corte que son despreciadas e incumplidas. En todo caso, lo importante será recordar que la mejor opción siempre será recurrir a una corte de derecho para dirimir una disputa; que las sentencias de la CIJ seguirán marcando la pauta de un orden global basado en la legalidad y la justicia; y que la impunidad jamás legitima los abusos de los poderosos, al contrario, los aísla y los exhibe como lo que son.

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A la fecha México ha concluido 16 arbitrajes con distintos resultados, de los cuales 13 han sido interpuestos por inversionistas estadounidenses. Ello naturalmente se explica en el hecho de que la mayor inversión extranjera directa que recibe el país proviene de Estados Unidos. Lo que es difícil de explicar es la naturaleza de los casos que han enfrentado el Estado mexicano.

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El escenario no es promisorio para quienes habían encontrado en la Suprema Corte de los Estados Unidos la oportunidad de generar los cambios normativos necesarios para proteger derechos colectivos, a las diversidades sexogenéricas, a las minorías raciales, al medio ambiente y, en general, la oportunidad de combatir las decisiones del presidente Donald Trump. Las soluciones jurídicas a este problema son limitadas, la mejor oportunidad de responder a una Suprema Corte conservadora se encuentra en el campo de la política.

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El análisis de la factibilidad del litigio sobre cambio climático es consistente con una necesidad imperativa de identificar herramientas para hacer frente a un fenómeno real y de gran alcance. Mientras tanto, el litigio en materia de cambio climático aumentará en ambición y eficacia alrededor del mundo, así como el marco de una normatividad ambiental con una naturaleza tan dinámica como el ecosistema que busca proteger.

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Desde el periodo de campaña electoral, la propuesta de amnistía de Andrés Manuel López Obrador como medida de pacificación del país ha sido debatida y criticada ampliamente. Sin entrar en detalle sobre lo que ha dicho el presidente electo y su equipo, la intención del presente texto es llamar la atención sobre el marco jurídico del derecho internacional para esta figura. El cual prevé importantes limitaciones a la configuración y alcance de las amnistías, que a su vez derivan de obligaciones afirmativas contenidas en tratados y costumbres internacionales.

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Me parece que el siguiente paso en este proceso de consolidación de la justicia constitucional latinoamericana es que las constituciones creen dos nuevos mecanismos de control judicial de constitucionalidad: la revisión de constitucionalidad de las suspensiones a derechos humanos y la colaboración de los tribunales constitucionales en el cumplimiento de sentencias dictadas por tribunales internacionales.

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Aun y cuando no existió un pronunciamiento respecto a los planteamientos de fondo del caso, no debemos dejar de reconocer a la Suprema Corte de los Estados Unidos como un defensor de aquellos que han decidido adoptar una religión y vivir conforme a sus mandamientos, frente a la intolerancia y la hostilidad que hacia ellos asumen en ocasiones algunos miembros de la sociedad y del Estado, principalmente en aquellos temas que mayor controversia generan en nuestros días y entre los que claramente se encuentra el matrimonio entre personas del mismo sexo.

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Hace unos días un tribunal federal de Estados Unidos resolvió una demanda en la que se sujetaba una litis de completa novedad y relevancia: el bloqueo de ciertos usuarios en Twitter por parte del presidente Donald J. Trump. En México ha sucedido algo similar. En septiembre de 2017, un Juez de Distrito dictó una sentencia en la cual el litigio se basaba en el bloqueo que realizó el presidente municipal de Nogales, Sonora, a un usuario de Twitter.

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La intervención unilateral militar de EUA, Reino Unido y Francia en Siria, sin importar su dimensión, duración e intensidad, es violatoria de la Carta de las Naciones Unidas, contraria al derecho internacional y constituye un acto de agresión. Esto de ninguna manera implica que el uso de armas químicas en Siria sea legal o legítimo, ni que siga siendo imperante buscar soluciones políticas a esta crisis. Por el contrario, sigue siendo un acto criminal atroz, sin justificación en ninguna circunstancia.

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