El mensaje es claro: en México, como en los otros países centroamericanos, el terrorismo no es (aún) una amenaza seria, pero la delincuencia organizada sí lo es. Esta conexión meramente contextual, casi seguramente tomará otra dimensión con la nueva aproximación del Consejo de Seguridad respecto a la relación entre terrorismo y delincuencia organizada.

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En un capítulo más de la saga del asilo político otorgado a Evo Morales, la semana pasada la cancillería boliviana presentó una protesta formal al gobierno federal de México por lo que llamó permitirle realizar actividades conspirativas e incitar a la violencia desde México. Como consecuencia de un vídeo filtrado en redes sociales, Bolivia considera que las actividades de Evo Morales en el país atentan contra “la estabilidad del gobierno constitucional, la paz social y los derechos humanos del pueblo boliviano”.

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La Segunda Sala de la Suprema Corte mexicana resolvió el pasado 7 de agosto el amparo en revisión 854/2018. Este asunto es de vital importancia e interés pues giró entorno al alcance de la libertad religiosa y de preguntas no menores como las siguientes: ¿Podemos incumplir las leyes del país por nuestras convicciones religiosas? ¿Pueden alegarse motivos religiosos para evadir responsabilidades u obligaciones? ¿Hasta dónde llega nuestra libertad de culto religioso frente a las restricciones constitucionales? ¿Es constitucional una norma que interfiera en el ejercicio de nuestro derecho a la libertad religiosa?

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El otorgamiento de asilo y el reconocimiento de la condición de refugiado se tratan de dos facultades discrecionales del Estado que se dan dentro del ejercicio de su soberanía. Si bien éste no se encuentra obligado a concederlo ni a declarar las razones por las que lo concede o lo niega, sería deseable que el Canciller actuara de forma transparente y con apego a la ley, sobre todo tratándose de mensajes tan fuertes de política exterior. Lo cual, sin duda, sería un gran paso hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho a nivel nacional e internacional.

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La semana pasada un tribunal federal de los Estados Unidos emitió un pronunciamiento que podría llegar a reavivar el interés de la Suprema Corte por pronunciarse respecto a los alcances constitucionales del aborto. El día 11 de octubre, la Corte Federal de Apelaciones del Sexto Circuito resolvió el caso Preterm-Cleveland v. Himes, promovido por un grupo de médicos y clínicas especializadas en salud sexual y aborto, en contra de la Ley H.B. 214 del estado de Ohio.

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La Cámara señaló que para el derecho alimentario el concepto de enfermedad también comprendía toda alteración ligera y transitoria del estado y normal funcionamiento del cuerpo. Sin embargo, no estaban comprendidos los típicos altibajos de las capacidades físicas del cuerpo. Este punto de vista también lo compartió el Tribunal de Distrito y el Tribunal Superior de Colonia. La Cámara reconoció que la resaca constituía un caso límite; sin embargo, consideró que la resaca podría entrar dentro del concepto de enfermedad.

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A diferencia de otros constitucionalistas, quienes, al día de hoy no son leídos como ideólogos de un proyecto político que logró vencer a sus rivales, sino como profetas del orden político y social supuestamente idóneo, lo apasionante de Ambedkar es que en él podemos leer la historia de la derrota; la historia de un proyecto político y constitucional de la imaginación radical que no ha sido materializado jamás.

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Cambio climático

Hace poco más de un año, la Corte Suprema de Justicia de Colombia llamó la atención de la comunidad internacional al resolver uno de los primeros casos sobre cambio climático en América Latina. Los promoventes fueron 25 niños, adolescentes y jóvenes adultos —de entre 7 y 25 años— que viven en algunas de las ciudades colombianas más vulnerables al cambio climático.

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Una cruz latina de más de 12 metros de altura se ha abierto paso y ha llegado hasta la escalinata de la Corte Suprema de Estados Unidos. En efecto, en el caso The American Legion v. American Humanist Association, la Corte analizará si es constitucional que la cruz de Bladensburg siga siendo exhibida y preservada en espacios y con recursos públicos. En específico, esta Corte examinará si dicha actuación estatal vulnera la Primera Enmienda, la cual prohíbe que el gobierno imponga una religión oficial o que favorezca un culto religioso sobre otro.

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