A casi diez años de haberse emitido la sentencia del caso González y Otras, mejor conocida como Campo Algodonero, México está siendo juzgado nuevamente ante la Corte IDH por un asunto que, entre otros aspectos, está relacionado con la violencia cometida por razones de género. Si bien es cierto que en la actualidad puede decirse que existe un andamiaje jurídico robusto en materia de igualdad y prohibición de discriminación; al igual que elementos para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; y que el Estado mexicano ha destinado una gran cantidad de recursos humanos y económicos para atender esta problemática, la deuda no solo continúa pendiente, sino que se ha incrementado.

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El pasado jueves 25 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó el caso Cuscul Pivaral y otros vs. Guatemala. en el que declaró, por primera vez, en sus más de 40 años como tribunal internacional, la violación a la obligación de progresividad (artículo 26 de la Convención Americana) con relación a la falta de efectividad del derecho a la salud de los 43 pacientes que vivían/viven con VIH/SIDA.

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El 25 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humos (Corte IDH) hizo pública su sentencia en el Caso Cuscul Pivaral vs. Guatemala. Entre los puntos que destacan la importancia del caso, se encuentra el papel de la estadística para garantizar los derechos humanos. Si bien la Corte IDH no se pronuncia al respecto, sí ordena a Guatemala generar información estadística que sirva de indicador para supervisar los alcances de los servicios de salud para personas con VIH/SIDA.

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Quizás volvamos a ver juicios llevados en rebeldía, como sucedió con Nicaragua en los años 80, teniendo ahora como protagonistas a Irán y a Palestina. Quizás volvamos a tener sentencias de la Corte que son despreciadas e incumplidas. En todo caso, lo importante será recordar que la mejor opción siempre será recurrir a una corte de derecho para dirimir una disputa; que las sentencias de la CIJ seguirán marcando la pauta de un orden global basado en la legalidad y la justicia; y que la impunidad jamás legitima los abusos de los poderosos, al contrario, los aísla y los exhibe como lo que son.

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A la fecha México ha concluido 16 arbitrajes con distintos resultados, de los cuales 13 han sido interpuestos por inversionistas estadounidenses. Ello naturalmente se explica en el hecho de que la mayor inversión extranjera directa que recibe el país proviene de Estados Unidos. Lo que es difícil de explicar es la naturaleza de los casos que han enfrentado el Estado mexicano.

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El escenario no es promisorio para quienes habían encontrado en la Suprema Corte de los Estados Unidos la oportunidad de generar los cambios normativos necesarios para proteger derechos colectivos, a las diversidades sexogenéricas, a las minorías raciales, al medio ambiente y, en general, la oportunidad de combatir las decisiones del presidente Donald Trump. Las soluciones jurídicas a este problema son limitadas, la mejor oportunidad de responder a una Suprema Corte conservadora se encuentra en el campo de la política.

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El análisis de la factibilidad del litigio sobre cambio climático es consistente con una necesidad imperativa de identificar herramientas para hacer frente a un fenómeno real y de gran alcance. Mientras tanto, el litigio en materia de cambio climático aumentará en ambición y eficacia alrededor del mundo, así como el marco de una normatividad ambiental con una naturaleza tan dinámica como el ecosistema que busca proteger.

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Desde el periodo de campaña electoral, la propuesta de amnistía de Andrés Manuel López Obrador como medida de pacificación del país ha sido debatida y criticada ampliamente. Sin entrar en detalle sobre lo que ha dicho el presidente electo y su equipo, la intención del presente texto es llamar la atención sobre el marco jurídico del derecho internacional para esta figura. El cual prevé importantes limitaciones a la configuración y alcance de las amnistías, que a su vez derivan de obligaciones afirmativas contenidas en tratados y costumbres internacionales.

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Me parece que el siguiente paso en este proceso de consolidación de la justicia constitucional latinoamericana es que las constituciones creen dos nuevos mecanismos de control judicial de constitucionalidad: la revisión de constitucionalidad de las suspensiones a derechos humanos y la colaboración de los tribunales constitucionales en el cumplimiento de sentencias dictadas por tribunales internacionales.

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Aun y cuando no existió un pronunciamiento respecto a los planteamientos de fondo del caso, no debemos dejar de reconocer a la Suprema Corte de los Estados Unidos como un defensor de aquellos que han decidido adoptar una religión y vivir conforme a sus mandamientos, frente a la intolerancia y la hostilidad que hacia ellos asumen en ocasiones algunos miembros de la sociedad y del Estado, principalmente en aquellos temas que mayor controversia generan en nuestros días y entre los que claramente se encuentra el matrimonio entre personas del mismo sexo.

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