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¿Sólo para las personas con un título en derecho está reservada la defensa de los derechos humanos en la materia penal? Esa fue la controversia central del amparo en revisión 835/2018, el cual tuvo como antecedente la solicitud de las madres de sies personas migrantes centroamericanas, víctimas de desaparición en México frente a la negativa de la Fiscalía General de la República a que personas defensoras de derechos humanos —que no eran sus asesoras jurídicas—, tuvieran acceso a los expedientes sobre sus casos.

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Antes de realizar propiamente una reseña del nuevo libro de José Ramón Cossío, Voto en Contra, presentaré algunas ideas que me provocó su lectura, no en línea con el carácter solitario que encierra la disidencia y sus costos, sino en sentido opuesto justo para entender a la disidencia como posibilidad, como un arriesgado ejercicio crítico de índole colectiva e importantes beneficios sociales.

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La Cámara señaló que para el derecho alimentario el concepto de enfermedad también comprendía toda alteración ligera y transitoria del estado y normal funcionamiento del cuerpo. Sin embargo, no estaban comprendidos los típicos altibajos de las capacidades físicas del cuerpo. Este punto de vista también lo compartió el Tribunal de Distrito y el Tribunal Superior de Colonia. La Cámara reconoció que la resaca constituía un caso límite; sin embargo, consideró que la resaca podría entrar dentro del concepto de enfermedad.

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No obstante, el regocijo con que se ha cubierto el tema en medios, considero que el asunto concreto de la Ley Bonilla (en cuanto al fondo) no ha sido zanjado por ningún tribunal, pues, como hemos visto, la SCJN ha dicho que aún no es tiempo de impugnar la constitucionalidad de dicha ley pues la reforma aprobada por la legislatura local que amplía el periodo del mandato no se ha publicado todavía.

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En los siguientes días debería apostarse por la transparencia. Medina Mora debe hacer públicas las razones de su renuncia, mientras que el presidente López Obrador y el Senado también deben justificar las razones por las que las consideran (o no) como graves. Frente a un hecho de este tamaño, no podemos darnos el lujo de no conocer, a detalle las causas de un evento que ha provocado un auténtico terremoto judicial.

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Las autoridades mexicanas utilizaron una interesante (aunque sumamente contradictoria) estrategia para evitar que fueran subastadas las piezas precolombinas: afirmaron que son patrimonio cultural de México y, por lo tanto, es ilícita su venta, o que son falsificaciones y, consecuentemente, es ilícita su venta. Es evidente que no se puede ser patrimonio cultural y falsificación a la vez. Son situaciones excluyentes por definición.

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“Somos un Poder Judicial que tiene que estar integrado por juezas y por jueces, por juristas que entiendan el dolor de la gente, por juristas que entiendan el sufrimiento de la corrupción de la gente y por juristas que entiendan que tenemos el alto compromiso de cambiar para bien este país que está harto de corrupción, de privilegios y de impunidad”, declaró hace algunos días el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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