Esta semana hemos estado escuchando una noticia de manera constante: el Instituto Nacional Electoral (INE) prohibió los debates entre candidatos en el período intercampañas. Para algunos, la decisión del INE busca favorecer a aquellos que se han mostrado renuentes a deliberar públicamente; para otros, es un exceso de la autoridad electoral que limita la libertad de expresión.

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Los procesos electorales de nuestro tiempo suelen venir acompañados, debido a lo que se encuentra en juego, por el conflicto, la crispación, los ataques y señalamientos recíprocos. Las autoridades electorales estamos llamadas a catalizar los cambiantes humores políticos, a servir de mediadoras entre los distintos intereses en disputa. Las propias autoridades debemos ser el ejemplo de prudencia y responsabilidad ante la sociedad, garantizando, con nuestro actuar y con nuestros posicionamientos, la legalidad, la tranquilidad y la confianza de la ciudadanía. Los resultados deben ser rápidos, sí; pero, ante todo, deben ser confiables.

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Sorprende la reciente decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de echar abajo las modificaciones que el Instituto Nacional Electoral (INE) había realizado a su reglamento para garantizar a la ciudadanía conocer los resultados el mismo día de la elección. Sorprende porque no es la primera vez que el INE realiza modificaciones importantes para garantizar el desarrollo de los comicios y porque ante casos prácticamente iguales el razonamiento de los magistrados fue diametralmente opuesto.

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El caso de Marco Antonio Sánchez Flores, adolescente detenido por agentes de seguridad pública de la Ciudad de México y desaparecido por 6 días, ha llamado la atención por el impacto social y la movilización que produjo, por las problemáticas estructurales que ha visibilizado, particularmente la detención de jóvenes bajo criterios discrecionales y criminalizantes.

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Vale la pena que el INE eche mano tanto de sus comités técnicos del conteo rápido, del PREP, de los propios institutos políticos e incluso de experiencias internacionales para identificar vías que en el marco de la legalidad hallen soluciones a la notoria deficiencia de la LGIPE sobre la operación de las casillas únicas. Lo que menos conviene a las propias autoridades electorales es caer en el discurso alarmista y de descalificaciones entre sí que a lo único que abonan es a incrementar la desconfianza sobre su actuar, que cabe recordar, se encuentra en sus niveles más bajos.

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Dada la magnitud del fallo de la Sala Superior es importante que el INE despliegue una campaña de información eficiente y bien pensada, en la que se dé a conocer a los electores que el próximo primero de julio no tendremos resultados preliminares el mismo día como venía ocurriendo en cada proceso electoral y que ello se debe a las normas electorales fijadas por el legislador, y no a un ánimo de beneficiar o perjudicar a alguna candidata o candidato en particular.

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En ese sentido, no puedo más que emitir un juicio favorable sobre la mayoría de las sentencias de la Segunda Sala relacionadas con temas de derechos humanos que fueron seleccionadas para su análisis en el presente espacio. Antes que dejarnos guiar por posturas tan efímeras como extremas o propias de la siempre atractiva coyuntura, sería interesante estar cada vez más al pendiente de lo que deciden nuestros tribunales, pues el debate teórico y la discusión intelectual de la actividad jurisdiccional no es más que el motor de futuras sentencias y procesos que puedan propulsar, a su vez, otras ideas el día de mañana. Ideas que revolucionen a la sociedad y también la forma cómo entendemos el derecho.

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A continuación, y sin el ánimo de ser exhaustivos, se presenta un breve análisis de seis diferentes sentencias en las que durante los últimos años la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha pronunciado sobre múltiples aspectos en los que se involucran complejas y trascendentales cuestiones de derechos humanos. Esto antes que emitir un meticuloso balance respecto a sus labores en dicha materia, hacer un seguimiento puntual de sus fallos o bien entender de forma general sus formas de razonamiento, simple y sencillamente responde a un intento por aproximarse a importantes temas que ameritan una reflexión.

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La Opinión Consultiva 24 (OC-24) sobre orientación sexual e identidad de género de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), recién publicada en enero pasado, representa un hito en el avance del reconocimiento de derechos humanos de personas LGBTQI+, así como de los mecanismos jurídicos aplicables en el continente americano.

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