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Este mensaje, rompe con muchas de las esperanzas puestas en un gobierno que se comprometió a combatir la impunidad y la corrupción, ya que estas declaraciones apuntan hacía un “borrón y cuenta nueva”. Ahora bien, más allá de los apasionamientos que esta postura puede generar, vale la pena replantear, desde un punto de vista jurídico y de política criminal, por qué sí se deberían investigar y sancionar los delitos de corrupción de administraciones anteriores.

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El pasado 7 de diciembre, cayó un balde de agua fría sobre una ley que ha sido objeto de una amplia discusión nacional. El ministro instructor Alberto Pérez Dayán concedió una suspensión en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018 (en las cuales tanto la CNDH como una minoría de senadores habían impugnado la Ley Federal de Remuneraciones ante la Suprema Corte). ¿Qué es exactamente la suspensión concedida y cuáles son sus alcances? ¿Es legal esta medida? ¿Qué pasaría si esta suspensión fuera desobedecida? y, sobre todo, ¿qué nos depara este panorama de cambiantes claroscuros?

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Con independencia de la polémica suscitada por la decisión finalmente adoptada por la mayoría de los integrantes de la Sala Superior; paralelamente, se ha generado cierto desconcierto respecto de las razones para anular o validar esa elección. Concretamente respecto de la conveniencia de recurrir a una figura jurídica propia del derecho penal para aplicarla en materia electoral. Ello porque se alega que las normas electorales, no están diseñadas para cumplir con un canon de juicio criminal, ni que el proceso electoral pueda o deba llevarse a ese extremo.

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En una desafortunada interpretación del llamado principio de determinancia en materia electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la decisión de la Sala Ciudad de México de anular la elección para la alcaldía de Coyoacán. Lo que distingue a este caso de otras revocaciones recientes de la Sala Superior es el hecho de que en la instancia regional se habían hecho valer elementos constitutivos de violencia política de género.

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A casi diez años de haberse emitido la sentencia del caso González y Otras, mejor conocida como Campo Algodonero, México está siendo juzgado nuevamente ante la Corte IDH por un asunto que, entre otros aspectos, está relacionado con la violencia cometida por razones de género. Si bien es cierto que en la actualidad puede decirse que existe un andamiaje jurídico robusto en materia de igualdad y prohibición de discriminación; al igual que elementos para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; y que el Estado mexicano ha destinado una gran cantidad de recursos humanos y económicos para atender esta problemática, la deuda no solo continúa pendiente, sino que se ha incrementado.

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México vive desde hace varios años un fenómeno de violencia a gran escala. Las víctimas se cuentan por miles. Esta grave situación y sus consecuencias no han podido ser atendidas desde las instituciones y mecanismos ordinarios de justicia. La respuesta que muchos países han dado a problemas similares es el diseño e implementación de una política de justicia transicional (JT). La coyuntura del cambio de administración en el ámbito federal ha abierto la discusión pública sobre esta materia.

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En ejercicio de sus facultades constitucionales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad para que fuese la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien determine la constitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Según la propia CNDH, no se oponen a que las remuneraciones de los servidores públicos sean reguladas, sin embargo, señala que dicha regulación debe garantizar el respeto y protección de los derechos reconocidos en el bloque de constitucionalidad.

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México ha recorrido un largo camino para lograr la transición a la democracia que se ha ido consolidando a lo largo de más de tres décadas. Inicialmente, las grandes preocupaciones eran contar con una autoridad electoral imparcial, con un padrón electoral confiable y con resultados transparentes y documentados. Sin embargo, hemos observado que, al menos desde las elecciones federales del año 2000, el tema del financiamiento público y privado de las campañas políticas ha sido cada vez más observado y controvertido.

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El pasado 24 de octubre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió el expediente SUP-REP-594/2018 y acumulados. En dicho asunto una asociación civil, así como diversas concesionarias de radio y televisión, impugnaron la sanción que les impuso la Sala Regional Especializada del TEPJF por haber incurrido en la infracción consistente en haber contratado propaganda electoral en radio y televisión dirigida a influir las preferencias electorales de los ciudadanos.

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