“Dormir juntos era, en realidad,
el corpus delicti del amor”.
—Milan Kundera.

La responsabilidad civil y, en específico, el daño moral, han estado evolucionando con el paso del tiempo a través de los criterios jurisprudenciales que la justicia federal ha emitido. La responsabilidad civil proviene desde tiempos remotos, por ejemplo, en el derecho romano donde surgió el término iniuria, el cual hacía referencia a las lesiones físicas o morales cometidas por un individuo.1 Posteriormente, en las siete partidas podemos encontrar también reglas específicas en materia de responsabilidad civil, tal y como lo plasmaba la partida VII, título XV, la cual “hace referencia a los daños que los hombres o las bestias hacen en las cosas de otro”.2

De esa manera, podemos aducir también que, tal y como establecía Justiniano, la materialización de un daño es causa de responsabilidad e implica una obligación para el responsable al constituirse un nexo o vínculo entre sujeto activo y pasivo, lo que conlleva a “definir a la responsabilidad civil como el vínculo que surge entre dos sujetos como consecuencia del daño sufrido por uno de ellos”;3 y el concepto de “daño” se percibe como todo menoscabo o pérdida que una persona sufre en su persona o sus bienes.4

Ahora bien, es gracias a la doctrina francesa por la que surge el concepto de daño moral, el cual es entendido como un daño inmaterial, es decir, no configura un daño patrimonial o económico.5

Ilustración: Alejandro Alia

Hice esta pequeña mención sobre estos términos pues, como veremos a continuación, la Primera Sala de la Suprema Corte los utilizó para resolver un caso en el que se reclamaba un daño moral derivado de un acto infidelidad sexual. Aunque cabe mencionar que dicha sentencia también abundó más en el estudio sobre ciertos principios y derechos, tales como el principio de la autonomía de la voluntad; el derecho a la libertad sexual; la fidelidad en el matrimonio; el libre desarrollo de la personalidad; y el incumplimiento en el deber de fidelidad sexual en el matrimonio.

Lo anterior es fundamental al ver cómo las premisas argumentativas plasmadas en la sentencia hicieron relación entre los conceptos señalados en el párrafo que antecede para justificar la improcedencia de una indemnización económica por daño moral, con motivo de un acto de infidelidad sexual en el matrimonio por parte de uno de los cónyuges.

Una persona reclamó a su pareja una indemnización por daño moral al haberle sido infiel sexualmente. Evidentemente, la trascendencia y relevancia jurídica del asunto hizo que llegara a tocar las puertas de la Suprema Corte, cayendo dicho caso a los escritorios de los ministros para su estudio y análisis, formando así el amparo directo en revisión 183/20176 de la Primera Sala.

Este asunto es prueba plena de la relevancia de los principios de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Podremos percatarnos que los silogismos y juegos argumentativos presentados en el proyecto muestran cómo los derechos de los justiciables tienen una relación directa entre sí para su plena eficacia; veremos, por ejemplo, cómo se llevó a cabo este ejercicio y la materialización de la interdependencia de los principios de la autonomía de la voluntad, la libertad sexual, y el libre desarrollo de la personalidad.

La Primera Sala sostuvo que no procede indemnización económica por daño moral al realizar un acto de infidelidad sexual en el matrimonio, pues este no puede considerarse como un hecho ilícito bajo las reglas de la responsabilidad civil.

Es importante percatarnos que la evolución de las normas jurídicas depende, en la mayoría de las ocasiones, de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se vayan presentando; así como de los principios y valores morales que rigen en una determinada sociedad, y me refiero al matrimonio.7

El matrimonio ha ido en constante evolución y progreso conforme al paso de los años y, aún más, por el desarrollo jurisprudencial de la Suprema Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así, nuestro máximo tribunal constitucional ha establecido que el matrimonio no debe equipararse a un contrato de carácter civil al ser un cúmulo de normas pactadas entre los cónyuges,8 es decir, que debe verse al matrimonio como un “acto condición”, el cual, somete a los individuos a una situación jurídica general en la que surgen derechos y obligaciones entre sí9 y, por lo tanto, imperan aspectos de la vida privada para la pareja sin escapar del interés público.10 De tal manera que el matrimonio conlleva un conjunto de acciones y actividades cotidianas a realizar entre la pareja, ya sea de manera individual o colectiva, por lo que prevalece para cada uno de ellos el principio de la autonomía de la voluntad, principio que tiene sustento dentro de los artículos 1° y 4° del texto constitucional, al ser este un derecho inherente al ser humano, mismo que forma parte como elemento del derecho al libre desarrollo de la personalidad.11

De esa manera, y como hemos visto en anteriores sentencias, el libre desarrollo de la personalidad consiste en toda facultad de cualquier ciudadano para elegir de manera libre y autónoma su proyecto de vida y plasmar su manera de ser ante la sociedad.12 De igual forma, en la tesis con rubro DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, ASPECTOS QUE COMPRENDE,13 el Pleno de la Corte sostuvo que el Estado debe reconocer y garantizar el libre desarrollo de la personalidad sin introducir coacción alguna e impedir injustificadamente su ejercicio, inclusive en cuestiones de “opción sexual”.

La Corte, en aras del derecho al libre desarrollo de la personalidad, declaró inconstitucional todos los regímenes civiles que exigían causales para decretar el divorcio;14 lo que nos servirá para evaluar si existe o no obligación de ser siempre fiel a nuestra pareja conforme a las reglas del código civil y la evolución jurídica del matrimonio. En este sentido, el Código Civil para el Distrito Federal15 no establecía de manera expresa que existiera un deber de fidelidad sexual por parte de los cónyuges, pero sí de forma tácita al establecer como causal de divorcio necesario el adulterio probado por uno de ellos.16 Cabe mencionar que dicha disposición fue a la luz del Código Civil vigente en 1990, mismo que fue reformado en 2008 para derogar todas las causales de divorcio.17 Pero independientemente de todo lo anterior, aunque hoy día tampoco exista disposición expresa que ordene se fiel en todo momento, se espera que la fidelidad sexual deba entenderse como un deber en la relación marital, esto es así, al atender que la misma fidelidad sexual debe realizarse en la sociedad mexicana al acoger a la monogamia como forma de constitución de relaciones amorosas, y al ser parte también de los valores morales propios de la pareja.18

Entonces, la institución del matrimonio ha cambiado drásticamente. Por un lado, existía en la legislación una gran variedad de barreras jurídicas (causales de divorcio) para que un matrimonio pudiera disolverse. Afortunadamente, la Suprema Corte determinó la inconstitucionalidad de estas barreras al ver que se trastocaba el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad de las parejas al encontrarse con grandes dificultades en la substanciación de los procedimientos jurisdiccionales ante los juzgados familiares al solicitar un divorcio. Asimismo, y en relación con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, recordemos que el Estado no puede establecer medidas que coaccionen el ejercicio de ese derecho humano, por lo que no puede tampoco imponer controles a la autonomía de la voluntad de las personas en su vida amorosa ni a la libertad sexual,19 al ser este un derecho humano de carácter personalísimo.20 Además debe entenderse a la libertad sexual como “el derecho que cada persona tiene de decidir, libremente, con quién, cuándo, y cómo desarrollar su actividad sexual”.21

Resulta importante incluir también que dentro del matrimonio se desarrolla un cúmulo de bienes en los que puede verse constituido un conjunto de bienes patrimoniales y personales. Comprendiendo esto, y en relación con los deberes conyugales que uno adquiere al contraer matrimonio, todo lo relativo a los bienes patrimoniales sí configuran una serie de obligaciones a los consortes, pudiendo el Estado intervenir para poner orden; sin embargo, tratándose del patrimonio personal del matrimonio, la fidelidad sexual es derecho personalísimo y su incumplimiento no puede imponerse coactivamente.22

En este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte estimó que el incumplimiento del deber conyugal consistente en la fidelidad sexual resulta insuficiente para sustentar una acción por daño moral y conseguir a través de ella una indemnización económica. Esto porque de otorgarse se podría vulnerar el derecho humano a la libertad sexual y al libre desarrollo de la personalidad del consorte infiel.23 Aunado a lo anterior, se estableció que resulta indeterminable definir qué tipo de responsabilidad civil (contractual o extracontractual) es la que se utilizaría para condenar un pago indemnizatorio por daño moral, pues tal y como lo vimos al inicio, la naturaleza jurídica de la institución del matrimonio es complemente distinta a la naturaleza jurídica de un contrato civil y, por lo tanto, las reglas no son los mismas. Además, el Código Civil para el Distrito Federal (aplicable al caso y vigente en su momento) establecía ciertos supuestos en los que sí podía configurarse una responsabilidad civil, por ejemplo, el que difiriera el matrimonio o rompiera el compromiso de contraerlo indefinidamente, debía pagar a su pareja los gatos realizados para la celebración del matrimonio, lo cual incluía la posibilidad de demandar por daño moral y reclamar la indemnización correspondiente; así también, podía reclamarse indemnización contra el cónyuge que se hubiese rehusado a contraer matrimonio cuando se hubiera afectado la reputación del otro, tomando en cuenta la duración del noviazgo, la publicidad de la relación, entre otros elementos.24

Como puede observarse, la inviabilidad de conseguir una indemnización por la vía judicial al reclamar un daño moral por un acto de infidelidad sexual en el matrimonio no va acorde a las reglas de la responsabilidad civil conforme a esta sentencia pronunciada por la Primera Sala por los siguientes motivos:

  1. Dentro de la responsabilidad civil, y tratándose de las relaciones familiares, surge una especie de inmunidad en la que se advierte una exclusión implícita por parte del legislador al momento de regular el matrimonio.
  2. El legislador estableció únicamente la disolución del vínculo matrimonial cómo remedio jurídico al incumplimiento del derecho del deber conyugal de ser fiel en todo momento.
  3. Existen otros remedios jurídicos diferentes a una indemnización económica, por ejemplo, la privación del derecho a heredar del otro cónyuge o de recibir alimentos de este.
  4. Al momento de contraer matrimonio, la naturaleza moral de este sugiere establecer un cierto deber de tolerar o aceptar los daños morales causados.
  5. Si se aplican las reglas de responsabilidad civil en el derecho familiar, sobre todo para la institución jurídica del matrimonio, se corre el riesgo de provocar números litigios por afectaciones morales.

Independientemente de lo anterior, no debe perderse de vista que a pesar de que la infidelidad sexual sí pueda considerarse como un hecho antijurídico;25 y pueda también afectar los sentimientos de la persona en la que recae esta conducta, la consecuencia jurídica del reproche de una infidelidad sexual consiste en la disolución del matrimonio, y no a una indemnización económica,26 pues, como vimos anteriormente, puede ocasionar una vulneración al derecho humano al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad sexual.

De esta manera, la Primera Sala de la Suprema Corte emite un fallo de enorme relevancia y que desarrolla una ampliación de los criterios utilizados en la misma, dejando claro que cualquier persona, en virtud de la autonomía de la voluntad y la dignidad humana, puede apartarse de un estado amoroso y sentimental del cual ya no quiere formar parte, y en caso de incurrir en un acto de infidelidad sexual dentro del matrimonio, no estará obligado a proporcionar indemnización alguna por daño moral, pues se vulneraría el poder ejercer libremente su libertad sexual y el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad.

Óscar Leonardo Ríos García. Abogado por la Universidad Marista de Mérida, maestro en Defensa Administrativa y Fiscal por la Universidad Anáhuac.


1 Flores Ávalos, Elvia Lucía, “Evolución histórica del daño moral a daños punitivos en México”, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2017, págs. 19-20.

2 Ibidem, pág. 24.

3 Pérez Duarte y Noroña, Alicia Elena, “La acción civil del daño moral”, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2014, pág. 626.

4 Ídem.

5 Ibidem, pág. 627.

6 Resuelto por mayoría de cuatro votos en sesión de fecha 21 de noviembre de 2018. Votos a favor de la ministra Norma Lucía Piña Hernández (ponente); y de los ministros José Ramón Cossío Díaz; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Voto en contra del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Laura Patricia Román Silva.

7 Institución que fue analizada a través de su naturaleza jurídica.

8 Amparo directo en revisión 183/2017, pág. 4.

9 MATRIMONIO, NATURALEZA JURÍDICA DEL.

Gastón Jéze, en su estudio acerca de los actos jurídicos, los clasifica, por razón de su contenido, en cuatro categorías, y los comprendidos en la tercera de ellas, a lo que denomina actos-condición, por referirse a casos individuales, han sido y son confundidas frecuentemente con los actos contractuales, a pesar de existir profunda diferencia jurídica en la esencia de ambos, pues mientras los primeros pertenecen al campo del derecho público, los segundos se rigen esencialmente por la voluntad de las partes que los crean y pertenecen al derecho privado. el acto-condición consiste en colocar un caso individual dentro de una situación jurídica general, ya creada de antemano por la ley, y como ejemplo típico de estos actos, puede citarse el del matrimonio, que consiste en colocar los contrayentes dentro de la situación jurídica general de cónyuges, ya establecida por el Código Civil. El matrimonio no crea la situación jurídica de que va a ser investido el individuo; esta situación ya existe y han sido las leyes las que la han creado y reconocido, y el matrimonio no hace otra cosa que investir a un individuo determinado, de los poderes y deberes generales reconocidos por las leyes. Ahora bien, los oficiales del registro civil no tienen funciones semejantes a las de los notarios, sino que son los funcionarios investidos por la ley, del poder necesario para colocar, por medio del acto-condición del matrimonio, los casos individuales de los pretendientes, dentro de la situación jurídica general, ya creada por la ley. (Tesis aislada con número de registro 358722).

10 Amparo directo en revisión 183/2017, pág. 5.

11 Amparo directo en revisión 183/2017, pág. 7.

12 Amparo directo 6/2008. Resuelto por el Pleno de la Suprema Corte en sesión de 06/01/2009, por unanimidad de once votos.

13 Tesis: P. LXVI/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XXX, diciembre de 2009, pág. 7, número de registro 165822.

14 Contradicción de tesis 73/2014, resuelta por la Primera Sala en sesión de fecha 25/02/2015, por mayoría de tres votos. Ponente: ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

15 Ordenamiento jurídico aplicable a este caso concreto.

16 Artículo 267, fracción I del Código Civil para el Distrito Federal.

17 Amparo directo en revisión 183/2017, pág. 18.

18 Amparo directo en revisión 183/2017, pág. 20.

19 Es importante mencionar que también la libertad sexual es una vertiendo del derecho humano al libre desarrollo de la personalidad.

20 Ídem.

21 Amparo directo en revisión 1260/2016.

22 Amparo directo en revisión 183/2017, pág. 22.

23 Ídem.

24 Amparo directo en revisión 183/2017, pág. 23.

25 Amparo directo en revisión 183/2017, pág. 29.

26 Ídem.