Las comunidades indígenas San Felipe Tepatlán, Xochimilco, Xochicugtla y Altica, pertenecientes al municipio de San Felipe Tepatlán, y de Emiliano Zapata, Zoquiapa y Cuatepalcatla, del municipio de Tlapacoya, de la Región de la Sierra Norte de Puebla de los municipios la Sierra Norte de Tláhuac se han visto obligadas a participar en un proceso jurídico iniciado por algunos integrantes de los pueblos de la región, acompañados por organizaciones de la sociedad civil. Esto debido que desaprueban las decisiones tomadas en mayoría durante la consulta previa libre e informada por las siete comunidades directamente relacionadas al Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 (PHP1), vulnerando su derecho a la autodeterminación, así como a recibir los beneficios sociales compartidos, pactados entre las mismas comunidades y la empresa desarrolladora de dicho proyecto.

En abril de 2016, algunos pobladores de las comunidades de San Mateo Tlacotepec, Atica y San Felipe Tepatlán, pertenecientes a los municipios de Ahuacatlán y San Felipe Tepatlán, de la Sierra Norte del Estado de Puebla, demandaron, a través del juicio de amparo 598/2016, a la Comisión Reguladora de Energía, a la Comisión Nacional del Agua, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recurso Naturales y a los Municipios de Ahuacatlán y San Felipe Tepatlán, entre otros, por haber otorgado permisos, licencias y concesiones para la construcción del PHP1.

Esta acción detuvo el proceso de construcción de dicho proyecto y, además, pone en indefinición la determinación que las siete comunidades aledañas al proyecto tomaron después de analizar la información referente al proyecto hidroeléctrico durante el proceso de consulta indígena previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe que inició en mayo de 2014 y finalizó en octubre de 2015. Durante este periodo, distintas instancias de gobierno conformaron el comité técnico de consulta y junto con pobladores y representantes de las comunidades crearon y avalaron el protocolo de consulta para el Proyecto Puebla 1. Tras una serie de reuniones de acuerdos previos en las comunidades, se convocó y brindó información a las siete comunidades sujetas a consulta sobre las implicaciones de la realización del proyecto junto con los impactos sociales y ambientales, así como las medidas de mitigación correspondientes. Durante el proceso de consulta se entregó información mediante explicaciones, videos, maquetas y modelos a escala; así mismo se respondieron todo tipo de preguntas de las comunidades en español, náhuatl y totonaco mediante la presencia de traductores certificados por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

Ilustración: Víctor Solís

Cabe mencionar que los habitantes de las comunidades consultadas conocían previamente el proyecto, mediante las visitas casa por casa, presentaciones diversas en comunidades, así como las 16 visitas a proyectos en operación, las cuales acercaron a más de 300 habitantes  a proyectos hidroeléctricos de características similares al que se busca construir cercano a sus comunidades. En dichas visitas, los representantes de las siete comunidades directamente relacionadas tuvieron oportunidad de conversar con quienes conviven diariamente con proyectos de este tipo.

Durante el procedimiento del juicio de amparo, comparecieron en su carácter de terceros interesados los legítimos representantes de las siete comunidades indígenas donde se llevará acabo el referido PHP1 con el objeto de dar testimonio de su participación en la consulta Indígena y su opinión sobre el citado proyecto.

Los representantes de las comunidades refrendaron su aceptación y apoyo al proyecto, el cual conocieron a detalle durante el mencionado proceso de consulta indígena realizada en apego a los principios marcados por el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo.

En ese sentido, la demanda iniciada por algunos integrantes de las tres comunidades quejosas ha significado una afectación a la libre autodeterminación de las comunidades, quienes al concluir la mencionada consulta tomaron por mayoría la decisión de dar su consentimiento para la construcción del proyecto hidroeléctrico. El cual, además de cumplir con la legislación aplicable, significa beneficios económicos y sociales para las comunidades.

Es importante mencionar en este punto que la consulta se llevó a cabo cumpliendo el requisito de ser previa, en concordancia con la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que debe realizarse antes de la ejecución del proyecto proyecto1 y durante la etapa de planeación.

El Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 consiste en un sistema integrado por dos presas y un conjunto de túneles, así como una cortina, que permitirá una generación eléctrica sustentable en términos de la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Sustentables. Para ello, se han cumplido los estudios y permisos que establece la normatividad mexicana aplicable, destacando las manifestaciones de impacto ambiental para las obras del sistema en términos de la La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. De hecho, integrantes de las comunidades acompañaron a las autoridades en los territorios impactados, dando fe y legitimidad a lo realizado por las autoridades competentes.

Este fue uno de los aspectos de especial interés para las siete comunidades consultadas, del cual recibieron la información detallada, tanto de los potenciales impactos como de sus medidas de mitigación. A partir de esta información y de su revisión, los integrantes de las comunidades dieron su aprobación por considerar que el desarrollo y la operación del proyecto respetaba su derecho a un medio ambiente sano y era compatible con sus actividades económicas y tradicionales. En resumen, se llevó a cabo la evaluación de impacto ambiental en los términos marcados por la legislación correspondiente, así como la consulta y los estudios de impacto social,2 ambos en concordancia con los principios establecidos por el Convenio 169 de la OIT.

No puede considerarse que la legislación ambiental sea inconvencional porque no establece la obligación del Estado Mexicano de realizar la consulta previa, libre e informada, así como los estudios de impacto ecológico y social exigidos por el Convenio 169 de la OIT, porque: a) esa ley solo prevé los estudios de impacto ecológico porque es la materia que regula, y en el caso sí se llevaron a cabo; b) la consulta y los estudios de impacto social se encuentran regulados en la Ley de la Industria Eléctrica3 y su reglamento, consulta y estudios que también se realizaron para la autorización del proyecto. De ahí que el Estado mexicano ha cumplido con la regulación internacional y por tanto no existe vicio de inconvencionalidad alguno.

Adicionalmente, acorde con lo establecido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Pueblo Saramaka vs Surinam la evaluación, supervisión y aprobación de los estudios de impacto ambiental y social recae en la autoridad, mientras que son las empresas las que deben presentar dichos estudios.

Es importante señalar que, a la fecha, se han llevado a cabo periciales ambientales y antropológicas por parte de Procuraduría General de la República y Fiscalía General de la República, así como por peritos de las partes, las cuales han confirmado los señalamientos contenidos en los estudios de impacto ambiental. Por ejemplo, las comunidades se abastecen del agua de los manantiales que brotan en las partes altas de los pueblos para el consumo personal y el de los animales; mientras que los cultivos son de temporal, dependiendo del agua de lluvia. Los citados peritos coinciden en que el río Ajajalpan en la parte donde se construirá la hidroeléctrica no se ocupa tampoco para pescar ni para realizar ceremonias tradicionales o sagradas. En las periciales en materia antropológica, los expertos coinciden en que sólo las comunidades de San Felipe Tepatlán y de Altica realizan, cuando hay sequía, un ritual para que llueva, el cual se lleva acabo en una zona distinta de donde se desarrollará el proyecto, por lo que no habrá obstáculo para que pueda seguirse realizando. Por lo que se refiere a la comunidad de San Mateo Tlacotepec ellos realizan una ceremonia similar, pero en donde brotan los manantiales arriba de sus comunidades y más arriba aún que el lecho del río.

Es importante destacar que en la demanda participan algunos pobladores de San Mateo Tlacotepec, una comunidad ubicada a 2. 7 kilómetros de distancia en línea recta del proyecto, lo que representa un trayecto de dos horas y media a pie, por la pronunciada pendiente y la orografía de difícil acceso. Adicionalmente, se ubica a  mil 340 metros sobre el nivel del mar, cuando el proyecto se localiza a una elevación de 715 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo con las periciales, por la ubicación respecto a proyecto no realizan actividades culturales, económicas ni de ninguna índole en dicho río que pudieran sufrir modificaciones, por lo que no ha sido considerada objeto de la consulta indígena.

Por otro lado, es necesario mencionar que este proyecto se desarrollará mayoritariamente dentro de terrenos propiedad privada, con pleno respeto a los derechos sobre la tierra y el territorio de las siete comunidades aledañas y que estarían en área de influencia directa e indirecta. Aunado a esto, las pruebas antropológicas oficial y de las partes, menos de la quejosa, reconocen que las comunidades se rigen bajo el régimen de propiedad privada, no hay propiedad ejidal ni comunal, por lo cual no se estaría limitando en ningún grado la propiedad colectiva de los pueblos indígenas y, consecuentemente, hay un pleno respeto a la Convención Americana de Derechos Humanos, incluyendo al artículo  21.2 de dicha Convención que resguarda la propiedad colectiva de los pueblos indígenas.

El freno al proyecto ha retrasado, no solo la generación eléctrica para contribuir a la creciente demanda de electricidad necesaria para el desarrollo, sino los beneficios sociales compartidos que las comunidades habían definido que recibirían del proyecto, como contraprestación. Cada una de las comunidades en ejercicio de su derecho a la autodeterminación definió proyectos que serían propicios al desarrollo de sus habitantes, mismos que no han podido iniciar por el proceso judicial que aún está en marcha.

Esperamos que pronto se obtenga una resolución definitiva favorable al interés de las comunidades aledañas, como ha sucedido en las últimas dos resoluciones provisionales, las cuales han podido verificar la legalidad y el beneficio del proyecto, como lo muestran las determinaciones de la autoridad judicial. La última determinación de 29 de enero de 2019, el juzgador federal, incluso, revocó la suspensión concluyendo que: “En todo caso, se advierte que las obras reclamadas son en beneficio tanto de los pueblos indígenas quejosos como de los terceros.”

Confiamos en que las siete comunidades puedan recibir pronto los beneficios sociales compartidos y puedan obtener acceso a otra fuente de empleo garantizando su derecho a la libre autodeterminación y dando certeza a su participación en la consulta indígena.

Ana Elena Torres Garibay. Abogada en la firma TOGA ABOGADOS; a partir de enero del 2018 representa a siete comunidades indígenas de la sierra norte del estado de Puebla quienes piden se les respete su derecho a la autodeterminación, pues han tomado la decisión de autorizar la construcción del proyecto Hidroeléctrico Puebla 1.


1 Tesis: 2a. XXIX/2016 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II Página: 1212 “PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. DERECHO A SER CONSULTADOS. REQUISITOS ESENCIALES PARA SU CUMPLIMIENTO. De conformidad con los estándares internacionales en materia de protección a los derechos de las comunidades indígenas, las características específicas del procedimiento de consulta variarán necesariamente en función de la naturaleza de la medida propuesta y del impacto sobre los grupos indígenas, por lo que los jueces deberán analizar en cada caso concreto si el proceso de consulta realizado por las autoridades cumple con los estándares de ser: a) previa al acto, toda vez que debe llevarse a cabo durante la fase de planificación del proyecto, con suficiente antelación al comienzo de las actividades de ejecución; b) culturalmente adecuada, ya que debe respetar sus costumbres y tradiciones, considerando en todo momento los métodos tradicionales que utilizan en la toma de sus decisiones; en ese sentido, las decisiones que las comunidades indígenas tomen de acuerdo con el ejercicio de sus usos y costumbres deben respetarse en todo momento, lo que implica que las autoridades deben llevar a cabo la consulta, a través de medios e instrumentos idóneos para las comunidades indígenas, de suerte que la falta de acceso a las tecnologías de la información, no signifique un menoscabo en el ejercicio de este derecho; c) informada, al exigir la existencia de información precisa sobre la naturaleza y consecuencias del proyecto, debiendo adoptar todas las medidas necesarias para que sea comprensible, por lo que si así lo requiere el caso concreto, deberá ser proporcionada en las lenguas o idiomas de las comunidades o pueblos involucrados, así como con todos los elementos necesarios para su entendimiento, de manera que los tecnicismos científicos no constituyan una barrera para que las comunidades puedan emitir una opinión; y d) de buena fe, pues la consulta exige la ausencia de cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de particulares que actúen con su autorización o aquiescencia. Asimismo, debe efectuarse fuera de un ambiente hostil que obligue a las comunidades o pueblos indígenas a tomar una decisión viciada o precipitada.”

2 Artículo 119.- Con la finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y pueblos indígenas en los que se desarrollen proyectos de la industria eléctrica, la Secretaría deberá llevar a cabo los procedimientos de consulta necesarios y cualquier otra actividad necesaria para su salvaguarda, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y las dependencias que correspondan.

En dichos procedimientos de consulta podrán participar la CRE, las empresas productivas del Estado y sus empresas subsidiarias y filiales, así como los particulares.

Artículo 120.- Los interesados en obtener permisos o autorizaciones para desarrollar proyectos en la industria eléctrica deberán presentar a la Secretaría una evaluación de impacto social que deberá contener la identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales que podrían derivarse de sus actividades, así como las medidas de mitigación correspondientes.

La Secretaría emitirá el resolutivo y recomendaciones que correspondan, en los términos que señalen los reglamentos de esta Ley. [Énfasis del autor]

3 Ídem.