Las 120 piezas de arte precolombino subastadas en la casa Millon de París, el pasado 8 de septiembre, provienen del patrimonio cultural de México o son imitaciones recientes, según un dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia (“INAH”), el cual ha sido repetido incesantemente como mantra por autoridades del propio INAH y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), incluso por el gran internacionalista y maestro mío, Juan Manuel Gómez Robledo.

A estas conclusiones arribaron los peritos del INAH sin haber tenido a la vista las piezas, sino que realizaron su peritaje con sólo revisar el catálogo digital publicado en la página de la casa de subastas. ¡Inaudita pericia de nuestros expertos!

Las autoridades mexicanas utilizaron una interesante (aunque sumamente contradictoria) estrategia para evitar que fueran subastadas las piezas precolombinas: afirmaron que son patrimonio cultural de México y, por lo tanto, es ilícita su venta, o que son falsificaciones y, consecuentemente, es ilícita su venta. Es evidente que no se puede ser patrimonio cultural y falsificación a la vez. Son situaciones excluyentes por definición.

No obstante lo anterior, es muy interesante el manejo del lenguaje utilizado en el boletín de prensa de la SRE, en el que no se atrevieron a afirmar que fueran falsas sino que se utilizó el condicional “podrían” ser falsas. No osaron aseverar tajantemente que son imitaciones, ya que eso podría acarrear responsabilidades patrimoniales al ocasionar un daño moral a la casa de subastas y a los propietarios de las piezas. Aquí sí hay que reconocerles un acierto a las autoridades mexicanas.

Ilustración: Ricardo Figueroa

Resulta muy interesante que el INAH haya presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República. En primer lugar, porque –me imagino– que el INAH está consciente de que los delitos previstos en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas no pueden ser aplicado de forma extraterritorial. En segundo lugar, porque las disposiciones de dicha ley publicada en 1972 no pueden ser aplicadas de forma retroactiva a los dueños originales que –como reconoce algún servidor público– adquirieron las piezas en los años 50. Así, me parece, que la presentación de la denuncia es una simple declaración de principios que les permite sentir orgullo por el “deber cumplido”.

La estrategia del gobierno mexicano no surtió efectos: la intención de amedrentar a la casa de subastas con las declaraciones de los funcionarios mexicanos, no tuvieron eco y la intención de ahuyentar a los posibles compradores con la sombra de la falsedad, tampoco. Todo contrario, una gran cantidad de piezas salió muy por arriba del precio estimado. Lo cual, eso sí, debería ser motivo de orgullo, ya que demuestra que nuestra cultura es apreciada en el extranjero.

Esta estrategia es fruto de una política pública (la cual está recogida en la legislación vigente) que ha sido muy poco eficiente y que a final de cuentas ha logrado lo contrario que se ha propuesto: no se ha protegido de forma adecuada a nuestros bienes del “saqueo”, se ha frenado la difusión de nuestra cultura y se ha afectado el valor monetario de nuestro arte.

Se ha llegado a absurdos, casi anecdóticos: el INAH ha preferido, como me consta de primera mano, pelear durante cuatro años con argucias legaloides (en franca violación a la Constitución) para que una pieza colonial permaneciera en México en la recámara de un coleccionista en lugar de que fuera expuesta permanentemente en un museo de Estados Unidos. Las autoridades mexicanas nunca se preguntaron (o no les importó) qué es mejor para la difusión de la cultura mexicana, para la conservación del patrimonio nacional.

La venta de piezas consideradas como patrimonio cultural se repite constantemente (la propia SRE reconoce que “es frecuente en Francia y otros lugares de Europa”). Así que es evidente que se ha tenido muy poco éxito en el combate de esta práctica.

Esta reciente experiencia debería de aprovecharse para revisar qué tipo de política pública se quiere tener en México en relación con el patrimonio cultural: si se quiere una política proteccionista y prohibicionista o si quiere una que regule las actividades y establezca los controles adecuados.

En la legislación vigente se protege a los “monumentos” (que pueden ser bienes muebles o inmuebles) arqueológicos, históricos y culturales. Entre las limitaciones más importantes que se establecen se encuentran las siguientes: los arqueológicos están fuera del comercio y pertenecen a la nación; los históricos y algunos culturales (como la obra de determinados artistas que han sido sujetos a una declaratoria como la obra de Rivera, Orozco, Izquierdo, Kahlo…) no pueden salir de forma definitivamente del país.

En cuanto a las piezas arqueológicas esto ha ocasionado que: i) haya un mercado ilícito de piezas arqueológicas; ii) los que tienen estas piezas (muchas veces herencia de varias generaciones) las tengan guardadas en sus casas, nadie las conozca y no puedan ser parte de muestras temporales o prestadas a museos; iii) los precios en la venta o subastas no lleguen a los niveles que deberían por el miedo de la procedencia de la pieza.

En el caso de los “monumentos” históricos y culturales sucede más o menos lo mismo. Es muy ejemplificativo lo que acontece en subastas de autores como Rivera: los precios que se pagan por sus obras en el extranjero (con las que salieron antes de la declaratoria correspondiente) son mayores que los que se pagan en México. Es decir, se crean distorsiones artificiales y, sobre todo, absurdas en el mercado, además de que se inhibe la difusión de la cultura mexicana.

Por lo tanto, considero que es tiempo de revisar la política pública y hacer los cambios legislativos correspondientes. Con una política permisiva se lograrían efectos que beneficiarían a la difusión de la cultura mexicana y se revaloraría el precio de nuestro patrimonio.

Esta legislación debería de contener los controles necesarios para que no hubiera un desmantelamiento de nuestro patrimonio cultural. Entre las cuestiones que se deberían contemplar están las siguientes:

1. Comercio y exportación de “monumentos”. Se debería permitir la propiedad de monumentos arqueológicos, así como su exportación definitiva y, en general, de cualquier monumento, aunque exista una declaratoria. Las limitaciones deberían ser en el sentido de que se debe registrar el dueño y el lugar de ubicación, así como las necesarias para su adecuada conservación.

2. Venta de “monumentos”. Se debería establecer que en el caso de la venta de los “monumentos” a los que me he referido se tenga que dar aviso al gobierno de la intención de venderlos y del precio. Lo anterior para que el gobierno pudiera ejercer una especie de derecho de tanto y adquirir los que considerara fundamentales (así se evitaría que pasara lo que sucedió con el archivo del arquitecto Luis Barragán –único mexicano que ha obtenido el premio Pritzker–, que no fue adquirido por nuestro país). Esto traería un doble beneficio, nuestro gobierno sería el que tendría en primer lugar la oportunidad de comprar los monumentos cuando considerara que fuera importantes tener su propiedad, o, en caso de no comprarlo, podría tener certeza del precio y así cobrar los impuestos por las ventas. Nadie pondría un precio menos ya que correría el riesgo de que el gobierno ejerciera su opción. Por otra parte, en las ventas se podría la obligación de siempre dar aviso al registro.

3. Registro de monumentos. Es necesario que exista un registro sencillo y amigable para inscribir estos bienes que permitiera saber siempre en dónde se encuentran y quién es su dueño. Así no habría la posibilidad de que se perdiera la visibilidad de los “monumentos”. Es fundamental incluir las disposiciones necesarias para que el registro no quede en letra muerta como actualmente sucede. Entre otras cuestiones debería incluirse alicientes para que los particulares deseen inscribir sus bienes.

Ismael Reyes Retana Tello. Abogado constitucionalista. Socio de White & Case.