¿Sólo para las personas con un título en derecho está reservada la defensa de los derechos humanos en la materia penal? Esa fue la controversia central del amparo en revisión 835/2018, el cual tuvo como antecedente la solicitud de las madres de sies personas migrantes centroamericanas, víctimas de desaparición en México frente a la negativa de la Fiscalía General de la República a que personas defensoras de derechos humanos —que no eran sus asesoras jurídicas—, tuvieran acceso a los expedientes sobre sus casos.

La postura de las fiscalías ─particularmente con la entrada en vigor del sistema penal acusatorio─ ha sido que sólo quienes tienen título profesional en derecho tienen la posibilidad de acompañar a las víctimas en los trámites penales (carpetas de investigación en el sistema vigente, averiguaciones previas en el mal llamado tradicional). Si las víctimas no pueden contratar un abogado, el Estado debe asignarles un asesor jurídico público, aunque sabemos que las capacidades operativas de las comisiones de víctimas son limitadísimas y hay muy pocos asesores jurídicos para cubrir las necesidades de las víctimas, tanto en el fuero común como en el federal. Esto limita el acceso a la justicia de dichas personas.

La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho promovió un juicio de Amparo frente a esta situación y la revisión del mismo fue atraída por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia. La pretensión era reconocer el derecho de las personas defensoras de derechos humanos a acompañar a las víctimas en los procesos penales aún sin ser licenciadas en derecho. A la demanda de amparo nos sumamos en calidad de amicus curiae distintas organizaciones de la sociedad civil, colectivos de víctimas y académicos. Quienes acudimos a la Suprema Corte pues consideramos que esa interpretación es restrictiva del derecho fundamental a defender derechos humanos y que la asesoría de las víctimas es más amplia que la mera representación legal.1

Esto influyó para que el ministro ponente Luis María Aguilar cambiara radicalmente su proyecto original y, en sesión del 8 de octubre de este año, la Primera Sala de la Corte resolviera otorgar el amparo a las quejosas. Aun sin conocer el engrose de la resolución, aventuramos algunos de los argumentos centrales que se sopesaron en la discusión.

Conforme a la definición de la OACNUDH2 para ser considerada persona defensora no es necesario haber realizado estudios profesionales en una rama específica ni pertenecer a una organización de la sociedad civil, como podría llegar a suponerse. No obstante, las garantías que detentan las personas defensoras son limitadas, especialmente cuando se encuentran defendiendo derechos relacionados con procesos penales, ello a pesar de que muchas de las actividades que realizan las personas defensoras de derechos humanos recae en medidas de apoyo que brindan a las víctimas de delitos, pues es precisamente en la materia penal en las que se vulneran algunos de los derechos más sensibles.3

Los derechos de las víctimas han experimentado un importante impulso a través del movimiento internacional por los derechos humanos.4 El texto constitucional del artículo 20 retoma el estándar básico de protección victimal al establecer como objeto del proceso penal el conocimiento de la verdad, el acceso a la justicia y la reparación del daño. Un mecanismo para hacer valer estos derechos para las víctimas es contar con asesoría en el procedimiento penal.

Las víctimas, en varias ocasiones, no sólo son víctimas de los delitos, sino también de la injusticia de las propias autoridades. Por esto, consideramos que es necesario ampliar la concepción de lo que se debe entender por asesoría jurídica, con la posibilidad de diferenciar a las personas que acompañan a la víctima durante todo el proceso penal y que juegan un gran papel durante éste.

Con el fin de que las víctimas tengan una protección y acceso a la justicia, se propone tres niveles de intervención que a nuestra consideración integran la asesoría jurídica.

Ilustración: Belén García Monroy

Acompañamiento

En el primer nivel tomamos en consideración el acompañamiento ya que en los casos de delitos que atentan contra el núcleo duro de los derechos humanos las víctimas requieren estar acompañadas de personas cercanas a ellas, porque les brindan confianza y seguridad. Por una parte, los procesos para ejercer la acción penal pueden ser burocráticos y tardados, por lo que prefieren estar acompañadas, sobre todo cuando la naturaleza de los delitos les hace sentir vulnerable y, por otra parte, cuando las víctimas tienen que atender a diligencias intrusivas como lo son las entrevistas y los exámenes periciales.

Asesoría en sentido amplio

En el segundo nivel, consideramos la asesoría, como aquella actividad de informar respecto de los derechos que le asisten a las víctimas y los procedimientos, el cual no debe ser necesariamente brindado por un licenciado en derecho, como en el caso de la representación legal, sino que puede ser una persona que tenga el conocimiento necesario para brindar un amplio panorama de las alternativas que conforme a ley tengan las víctimas.

Asesorar implica dar a conocer, informar, presentar alternativas, discutir opciones y empoderar a las personas para que estén en la mejor posibilidad de tomar las mejores decisiones en sus procedimientos. Es indispensable contar con asesoría para acceder a la justicia y garantizar el derecho a la verdad.

En varias ocasiones, las organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de los derechos humanos que acompañan a las víctimas hacen una amplia investigación de los procesos legales que hay en México y, por ello, pueden brindarles información sobre sus derechos, como se desarrolla los procesos legales y los elementos que pueden aportar.

Aunado a esto, atiende a la reforma que hubo en 2008 sobre el derecho de coadyuvar de las víctimas frente al ministerio público, el cual acepta que las mismas son sujetos procesales y tiene participación dentro del procedimiento penal, esto está fundamentado en los artículos 12 y 14 de la Ley General de Víctimas. Siguiendo con la misma línea, hay que considerar que aunque constitucionalmente está establecido el derecho a una asesoría jurídica no se matiza respecto del acto de asesorar puramente a las víctimas, esto a veces limita a la víctima ante el ministerio público, ya que existe una restricción a sus derechos cuando por ejemplo no se les permite que un asesor o asesora (hablando de asesoría pura) le asista, dificultando que se les reciba los datos de prueba o que se les informe sobre la investigación y el proceso y si se está conduciendo de forma adecuada. Es por eso por lo que la víctima debe tener alternativas de asesoría pura que puede ofrecer las personas defensoras de los derechos humanos, ya sea que actúen por cuenta propia o pertenezcan a alguna organización de la sociedad civil, a las clínicas jurídicas, defensores, las cuales ofrecen su conocimiento generalmente pro bono. Sin embargo, se les niega el acceso a las investigaciones, obstaculizando el seguimiento del caso y, por tanto, su capacidad de asesorar a las víctimas que se los requieren.

Representación legal

En este tercer nivel, consideramos a la representación legal como aquella labor exclusiva de profesionales del derecho, quienes cuentan con formación técnica profesional amparada por una cédula profesional.

Las víctimas del delito tienen derecho a participar en el proceso por la representación legal de su atención. Este derecho incluye, conocer las actuaciones que está realizando las autoridades en sus casos, a tener acceso al expediente y a copias de este si las solicitan, a promover las diligencias que considere necesarias para el avance de la investigación, a cuestionar el actuar ministerial, a ser notificadas de las determinaciones que les perjudiquen y a impugnarlas si así lo desean.5

De tal manera que se reconoce como un derecho fundamental de las víctimas el derecho a contar con representación legal de su elección, para que actúe en su nombre durante el procedimiento legal y de ser procedente solicite los actos de investigación necesarios para el perfeccionamiento de la investigación.

Si bien puede resultar confuso que la legislación denomine la representación legal como asesoría jurídica, nosotros sostenemos que en la práctica la asesoría es distinta a la representación legal. Como aclaramos en el nivel anterior, aunque cualquier persona con conocimiento del tema a tratar pueda ponerlo a disposición de las necesidades de la víctima y desempeñarse como su asesor (en sentido amplio), sólo los licenciados en derecho titulados pueden fungir también como representantes legales.

Aunque entendemos que la representación legal debe ser desempeñada únicamente por alguien acreditado, consideramos necesario enfatizar que un defensor de los derechos humanos no necesariamente es una o un licenciado en derecho. Por lo tanto, el derecho a defender los derechos humanos es más amplio y complejo de lo comúnmente considerado porque abarca acompañamiento, asesoría pura y representación legal. El contemplar estos tres niveles permite brindar una atención y defensa más amplia a los derechos de las víctimas.

El criterio predominante en las fiscalías de sólo permitir a profesionales del derecho acompañar a las víctimas de delitos, limita el derecho de éstas a recibir asesoría jurídica y a coadyuvar con el ministerio público en las etapas de investigación, así como en el proceso, logrando el pleno ejercicio de sus derechos a una adecuada defensa, así como derecho a defender derechos humanos por cualquier persona que se declare defensora de estos.

La propuesta que sostenemos es que cualquier persona en ejercicio de su derecho a defender los derechos humanos pueda tener acceso a los registros de la investigación si así lo permite la víctima del delito con el visto bueno de su asesor jurídico debidamente nombrado.

Esperemos conocer integralmente el texto final de esta resolución de la Primera Sala y ratificar que se trata de un avance tanto para los derechos de las víctimas en nuestro sistema legal como para aquellas personas que sin ser profesionales del derecho ha decido acompañar a otras en ese laberinto que es la búsqueda de justicia en el sistema de justicia penal.

Esto implica ─parafraseando a Radbruch─ no una mejora del sistema de justicia penal, sino encontrar algo mejor que el derecho penal y eso puede ser el derecho de la víctima.

Héctor Alberto Pérez Rivera. Director de la clínica de interés púbico y profesor de derecho procesal penal en el ITAM.

Nota: este artículo retoma los argumentos que presentamos desde la clínica de interés público del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) en nuestra calidad de amigos de la Suprema Corte.


1 Para ver los amicus presentados consultar Fundación para la justicia y el estado democrático de derecho.

2 La Declaración de los Defensores de Derechos Humanos aprobada el 1998. En su artículo primero se reconocen como sujetos del derecho a todas las personas que, de forma individual o colectiva, promuevan y procuren la realización y protección de Derechos Humanos y libertades fundamentales. Resolución A/RES/53/144 de las Naciones Unidas.

3 United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, Protecting the Right to Defend Human Rights and Fundamental Freedoms, Fact Sheet No. 29, UN publications, Geneva, 2004.

4 Aunque los discursos sobre la mayor protección de la víctima presenten matices importantes entre aquellos que propugnan por una mayor atención integral, la rehabilitación, el debate entre la expansión punitiva o retribución como medida disuasiva frente a posturas más favorables a un derecho penal mínimo, con medidas administrativas y mediación penal, pasando por propuestas que buscan eliminar la victimización desde la raíz, tales como los enfoques de prevención. Cfr. Kosovski, Ester, “Victimología y derechos humanos: una buena coalición” en David, Pedro y Vetere, Eduardo (coord.), Víctimas del delito y del abuso del poder. Libro conmemorativo en homenaje a Irene Melup, México, INACIPE, 2006 pp. 282-284.

5 Sirve para sustentar lo anterior, ver la siguiente tesis jurisprudencial: OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. TIENE LA CALIDAD DE PARTE EN EL PROCEDIMIENTO PENAL, A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL. NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 569/2002. 15 de marzo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Manuel Román Franco. Secretaria: Blanca Fuentes Sánchez.