El proyecto de reforma constitucional1 para reestructurar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Poder Judicial de la Federación (PJF), recién presentando por Morena en el Senado y, el coordinador de éste grupo, Ricardo Monreal Ávila, fue el detonante para que la Junta de Coordinación Política del Senado convocara, el pasado 21 de octubre de 2019, entre otros, a los ministros de la SCJN, jueces, magistrados del PJF y al Consejero Jurídico del presidencia de la República para dar inicio formal al diálogo institucional encaminado a una reforma al PJF.2

Vale señalar que, desde el inicio de la LXIV Legislatura, se han presentado alrededor de 100 iniciativas por diferentes grupos parlamentarios relativas al PJF. Las cuales serán consideradas para los trabajos entre ambos poderes, legislativo y judicial, para definir las características de este rediseño del PJF. Por su parte, la mencionada iniciativa presentada por los senadores de Morena tiene como base un proyecto elaborado por la organización “México Justo”,3 creada apenas el año pasado, por David Góngora Pimentel, Juan Carlos Pérez Góngora y Rafael Zamudio Mainou.

Ilustración: Estelí Meza

En este contexto, y la espera de los avances de este proceso de reforma, me parece que es de suma importancia analizar los principales aspectos de la iniciativa elaborada por “México Justo”; misma que, insisto,  que será impulsada por el grupo parlamentario de Morena en el Senado.

Veamos.  Este proyecto se divide en cuatro rubros: a)  duración del mandato constitucional de los ministros;  b) reestructura del Consejo de la Judicatura Federal; c) competencias y facultades del PJF; así como, d) la inclusión expresa de la figura jurídica del amicus curiae (amigo de la Corte). A partir de esta estructura, vale destacar las siguientes propuestas que incluye esta iniciativa de reforma constitucional.

1. Otorgar la facultad al pleno del CJF para presentar iniciativas de ley que versen sobre la ley de amparo y/o la ley Orgánica de PJF.

2. Establecer como facultad del Senado proponer y ratificar a los ministros de la SCJN, es decir, dejar fuera al presidente de la República en el proceso de designación.

3. Otorgar la facultad exclusiva de administración, vigilancia y disciplina de todo el PJF en favor del CJF, incluyendo a la SCJN y al TEPJF.

4. Reducir el tiempo de duración del mandato de los ministros, pasando de 15 a 6 años, con posibilidad de ser reelectos por una sola vez por otro periodo igual, para sumar en su caso 12 años. Lo anterior previo informe del CJF relativo a su desempeño. En la comparecencia de la reelección, el Senado se apoyará de un grupo de juristas para que emitan sus opiniones al respecto.

5. Se incrementar la edad mínima para ser ministro, pasando de 35 a 45 años; así mismo, se ajusta el requisito de la antigüedad mínima del título profesional de derecho, pasando de 10 a 20 años.

6. Agregar como causal de inelegibilidad para ser designado como ministro el haber sido Fiscal General de la República o servidor público con actividades de defensa legal de algún ente público del Poder Ejecutivo Federal, diputado local y presidente municipal. Esto durante los 6 años previos al día de su nombramiento, es decir, se incrementa el periodo de 1 a 6 años, que debe mediar entre la terminación del nombramiento de servidor púbico y la designación de ministro.

7. Adicionar una fracción VII al artículo 95 sobre las cualidades que debe cumplir el candidato para ser ministro de la SCJN, que establece lo siguiente: “…Tener antecedentes profesionales, cualidades y un perfil idóneo; tratándose de aspirantes con funciones jurisdiccionales haberse destacado por su capacidad, eficiencia y probidad; o ser experto en el ejercicio de la actividad jurídica y de trayectoria honorable” (artículo 95, fracción VII).

8. Eliminar la facultad del presidente de la República para integrar la terna a ministro para la ratificación de ésta pro parte del Senado, para conferírsela al CJF. La terna deberá ser propuesta por tribunales, universidades, institutos de investigación, barras o agrupaciones de abogados de reconocido prestigio, previa convocatoria pública que emita el CJF. De igual manera el CJF someterá a la aprobación del Senado a  los magistrados electorales del TEPJF.

9. El CJF tendrá la facultad de investigar a cualquier ministro, magistrado, juez y demás funcionarios y empleados  del PJF, justificando la procedencia de las investigaciones con motivo de denuncias fundadas que le presenten.

10. El personal de todo el PJF será nombrado y removido por el ente correspondiente que lo nombró o removió, en este sentido el CJF valorará la propuesta y determinará su viabilidad, conforme a lo dispuesto en la ley respecto a la carrera judicial, el que operará por concurso de oposición para cada nivel, considerando sus méritos personales por puntuación y otros criterios definidos en la ley. Esto encaminado a fortalecer los criterios en pro de la carrera judicial.

11. Otorgar la facultad al CJF de someter el nombramiento de un ministro interino, sujeto a aprobación del Senado, cuando se trate de una falta que no exceda de un mes; si fuese mayor, se seguirá el procedimiento para un nuevo nombramiento, lo mismo aplica para renuncias y licencias. Tratándose de renuncia o licencias mayores a un mes, serán sometidas al Senado para su aprobación, las licencias menores pueden ser otorgadas por la SCJN.

13. Aumentar el número de integrantes del CJF de 7 a 11 miembros, de los cuales 3 serán propuestos al Senado por el CJF y los 8 restantes serán designados por el Senado, las candidaturas serán presentadas por universidades, barras, colegios de abogados, institutos de investigaciones jurídicas y/o organizaciones de la sociedad civil.

14. En materia de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, siempre que se trate de cuestiones de trascendencia colectiva o de interés general, podrán intervenir en calidad de amicus curiae (amigo de la corte), las personas físicas y morales que no sean parte en el conflicto, quienes deberán acreditar poseer reconocida experiencia sobre la cuestión debatida, misma que no será vinculante para el órgano jurisdiccional. También se contempla esta figura en los juicios de amparo tanto directo como indirecto.

A esta propuesta de reforma, se sumarán las 99 iniciativas arriba mencionadas y los resultados de los trabajos entre los diferentes poderes que participarán en este trabajo de reforma. Habrá que esperar el resultado de éste. Lo cierto es que se ha puesto como meta el siguiente mes de enero de 2020, como fecha para tener un borrador de las reformas que se consideren pertinente para reestructurar al PJF.

Adán Maldonado Sánchez. Candidato a maestro en derecho procesal constitucional por la Universidad Panamericana. Twitter: @adanmaldonado


1 El proyecto de iniciativa se encuentra disponible en El Universal.

2 Boletín del Senado de la República.

3 Su página de internet es: http://mexicojusto.org/