El día de ayer, el canciller Marcelo Ebrard hizo pública la decisión del Estado mexicano de conceder asilo al expresidente boliviano, Evo Morales. Las presentes líneas explican brevemente los errores detrás de la determinación del canciller o, mejor dicho, de la justificación maquillada con supuesto sustento legal que dio Ebrard a los medios.

Antes de referirnos a los deslices del titular de la SRE, es importante aclarar, ¿qué es el asilo y a quién se le puede otorgar? Esta figura jurídica se refiere a la facultad discrecional del Estado para admitir a un extranjero en su territorio y actuar como su protector, al considerar que el individuo, debido a su perfil público, es objeto de persecución política.

En segundo lugar, es importante notar que el derecho a buscar asilo es reconocido por varios instrumentos internacionales, entre ellos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Si dejamos de lado las consideraciones políticas y analizamos las declaraciones de Ebrard desde una perspectiva legal, saltan a la vista las siguientes cuestiones:

1) El otorgamiento de asilo por razones humanitarias.
2) El ofrecimiento de asilo hecho por el Estado mexicano a Evo Morales.

Ilustración: Víctor Solís

1) Otorgamiento de asilo por razones humanitarias

En palabras del canciller, el asilo fue concedido “por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que se enfrenta en Bolivia en donde [la] vida [de Evo Morales] y su integridad corren riesgo”. Si bien el otorgamiento del asilo es una decisión soberana y discrecional de un Estado, calificada como “un acto pacífico y humanitario” –preámbulo de la Declaración sobre el Asilo Territorial– ésta no puede ser arbitraria y estar exenta del cumplimiento de los requisitos de ley previamente establecidos.

Los compromisos internacionales en materia de asilo y refugio obligan a los Estados a adoptar medidas legislativas a nivel interno para darle contenido a dichos derechos, a fin de establecer los supuestos legales y procedimientos bajos los cuales debe concederse cada uno.

En el caso de México, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 incorporó en el artículo 11 un segundo párrafo que dispone que “En caso de persecución, por motivos de orden político, toda persona tiene derecho de solicitar asilo; por causas de carácter humanitario se recibirá refugio. La ley regulará sus procedencias y excepciones.”

Ebrard refirió como fundamento legal de derecho interno a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político de 2011, dejando de lado a la Ley de Migración y a su Reglamento, pero sobre todo a nuestra Constitución. No es que el canciller debía citar todos los ordenamientos aplicables, pero de haber empezado por la propia Constitución se hubiera percatado de que los supuestos bajo los cuales se puede otorgar asilo y refugio no son intercambiables, sino que cada uno corresponde a figuras jurídicas distintas.

Es común que las figuras de asilo y refugio sean confundidas, tanto en el ámbito interno como en el internacional, a pesar de sus diferencias sustantivas. Si bien ambos tipos de protección se refieren a individuos objeto de persecución, cada uno opera en distintas circunstancias y con connotaciones jurídicas diferentes en el derecho internacional.

Por ello, y atendiendo a lo dispuesto en la legislación aplicable, la cancillería adoptó, en 2016, los Lineamientos para Atender Solicitudes de Asilo y Refugio,en los cuales establece las diferencias entre ambas figuras y las hipótesis bajo las cuales puede otorgarse cada forma de protección. Dichos lineamientos establecen que el asilo únicamente se concede cuando concurren simultáneamente los siguientes supuestos:

• Las causas que motivan la persecución del solicitante son eminentemente de índole político relacionadas con su perfil público (creencias, opiniones o filiación política), incluyendo delitos políticos (o actos que puedan ser considerados como tales) y delitos comunes cometidos con fines políticos, que hagan peligrar su vida, libertad o integridad.

• En casos de urgencia, es decir, cuando resulta indudable que el individuo se encuentra en peligro inminente de ser privado de su vida o de su libertad por virtud de la persecución política y no pueda ponerse a salvo de alguna otra forma.

• Por el tiempo estrictamente indispensable para que el asilado salga del país de origen con las seguridades necesarias “a fin de que no peligre su vida, su libertad o su integridad personal”.

Como se puede observar, las “razones humanitarias” no son uno de los supuestos bajos los cuales se puede solicitar asilo. Estas ni siquiera se encuentran previstas en la ley que citó el Canciller el día de ayer.

Por otra parte, a quien compete calificar la naturaleza del delito o los motivos de persecución y determinar si se trata o no de un caso de urgencia es al Estado asilante, en este caso, a México. No sería absurdo pensar entonces que argumentar “razones humanitarias” para sustentar el otorgamiento del asilo fue una decisión calculada de la SRE, ya que esto de alguna manera le ahorraría a Ebrard las explicaciones sobre si Evo Morales cometió algún delito político o algún acto que pueda ser calificado como tal y si entonces Morales cumple con la definición de la Convención sobre Asilo Territorial de “sujeto de delitos políticos”.1

Más aún, de haber acatado el texto constitucional, si se hubiera querido justificar la protección por razones humanitarias, estaríamos frente a la consideración de Morales como refugiado y el “temor fundado de persecución” es un elemento central de la definición tradicional de refugiado establecido en el derecho internacional y que, en el derecho interno, se recogió en el artículo 13 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. Entonces, la verificación de dicho temor fundado hubiera sido compleja, pues no basta con comprobar el estado anímico del solicitante, sino que éste debe encontrar concordancia o apoyo en la situación por la que atraviesa en su país de origen, la cual debe ponderarse.2

También se podría poner en tela de duda si se cumple con el requisito de urgencia, ya que según lo dispuesto por la Convención sobre Asilo Diplomático “[s]e entienden como casos de urgencia, entre otros, aquellos en que el individuo sea perseguido por personas o multitudes que hayan escapado al control de las autoridades, o por las autoridades mismas, así como cuando se encuentre en peligro de ser privado de su vida o de su libertad por razones de persecución política y no pueda, sin riesgo, ponerse de otra manera en seguridad.” Se tendría que analizar si los supuestos ataques perpetrados en la propiedad de Evo Morales fueron materializados por personas que hayan escapado al control de las autoridades o por las propias autoridades bolivianas y si en verdad sacarlo de Bolivia era el último recurso disponible para protegerlo. De no ser así, no se debió de haber considerado que se cumplía el segundo requisito para el otorgamiento del asilo.

Adicionalmente, la facultad de concesión de asilo corresponde a la SRE, mientras que el reconocimiento de la condición de refugiado es una atribución exclusiva de la Secretaría de Gobernación.

Finalmente, las “razones humanitarias” a las que se refirió el Canciller únicamente son definidas por el Reglamento de la Ley de Migración y de forma sumamente ambigua, pues refiere que procede la autorización por razones humanitarias del ingreso de “la persona extranjera que por riesgo a la salud o vida propias, o por su situación de vulnerabilidad no pueda ser devuelto a su país de origen”.3

Invocar cuestiones humanitarias para otorgar el asilo es confundir dos figuras jurídicas distintas; peor aún, nos lleva a la pregunta: ¿a qué le teme el canciller a llamar las cosas por su nombre? Escudarse en las “razones humanitarias” es el camino fácil y una retórica muy al estilo yanqui para justificar acciones ilegales en el plano internacional, que ha sido ampliamente criticada en el ámbito multilateral. Esperemos que este argumento no se encuentre detrás de las acciones de política exterior durante este sexenio. Las cosas hay que llamarlas por su nombre.

2) Ofrecimiento de asilo a Evo Morales

El canciller afirmó haber recibido una llamada de Evo Morales “mediante la cual respondió a nuestra invitación” y solicitó asilo político. Además, el comunicado de prensa no. 396, publicado en el portal de Internet de la dependencia a su cargo, establece explícitamente que “estamos ofreciendo asilo a Evo Morales”.

Al respecto debe enfatizarse que el asilo debe solicitarse,4 “el asilo no debe, en ninguna circunstancia, sugerirse o estimularse, toda vez que ello sí podría interpretarse como una intervención en los asuntos internos de otros Estados”.5 De hecho, esto se establece explícitamente en los propios Lineamientos para atender solicitudes de asilo y refugio de la propia cancillería, que al parecer fueron completamente pasados por alto.

El canciller ha sostenido en repetidas ocasiones que la política exterior mexicana se rige por el principio de no intervención, pero sus declaraciones y actos del día de ayer, distan mucho de enviar ese mensaje.

El otorgamiento de asilo y el reconocimiento de la condición de refugiado se tratan de dos facultades discrecionales del Estado que se dan dentro del ejercicio de su soberanía. Si bien éste no se encuentra obligado a concederlo ni a declarar las razones por las que lo concede o lo niega, sería deseable que el Canciller actuara de forma transparente y con apego a la ley, sobre todo tratándose de mensajes tan fuertes de política exterior. Lo cual, sin duda, sería un gran paso hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho a nivel nacional e internacional.

Aline Cárdenas Solorio. Maestra en derecho internacional por The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University.


1 “Personas perseguidas por sus creencias, opiniones o filiación política o por actos que puedan ser considerados como delitos políticos”.

2 Tesis Aislada con no. de registro 2019744. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 65, Abril de 2019, Tomo III

3 Artículo 63 del Reglamento de la Ley de Migración.

4 Artículo 14 bis de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y artículos 41 y 127 de la Ley de Migración.

5 Secretaría de Relaciones Exteriores. Lineamientos para atender solicitudes de asilo y refugio, pág. 18. Consultado por última vez el 12 de noviembre de 2019.