El pasado miércoles 25 de septiembre de 2019, el Congreso del estado de Oaxaca aprobó en sesión ordinaria el dictamen con proyecto de decreto1 por el que se reformará el código penal para el estado de Oaxaca, para despenalizar el aborto antes de la décimo segunda semana de gestación.

La noticia es de gran importancia y, como era de esperarse, reanudó viejos debates sobre los alcances de la protección del derecho a la vida, de los derechos sexuales y reproductivos, así como de la irracional criminalización de mujeres que realizan la interrupción de su embarazo. El clamor del tema no es para menos, la despenalización del aborto en todo el país es urgente y convencionalmente obligatoria para el Estado mexicano.

Los opositores han anunciado que impugnarán la constitucionalidad de dicha reforma, y si bien están en todo su derecho de hacerlo, lo cierto también es que es prácticamente imposible que los medios de impugnación que interpongan prosperen, pues hay elementos suficientes para presumir que la despenalización del aborto en Oaxaca es constitucional.

Ilustración: Víctor Solís

Nadie está a favor ni promueve el aborto de manera imprudente y, el presente texto no tratará de exponer o resumir los argumentos a favor y en contra de la interrupción del embarazo. Simplemente, intentaremos dejar muy claro, sin pretender limitar el derecho humano a la libertad de expresión de quienes alegan por la vida del embrión, que defender la penalización del aborto bajo el sistema de protección de derechos humanos que rige actualmente, en palabras de Cipolla, es bastante “estúpido”.2 Es decir, la penalización del aborto no beneficia jurídicamente a los autodenominados pro vida y mucho menos a las mujeres embarazadas que desean abortar.

Debemos distinguir entre legalizar y despenalizar el aborto. El primer concepto se refiere al reconocimiento del derecho humano a abortar, mientras que el segundo a no criminalizarlo/castigarlo. Es decir, para reconocer plenamente el derecho de las mujeres al aborto seguro y gratuito, primero se debe despenalizar.  En este sentido, Oaxaca apenas ha dado el primer paso para la protección de la vida de las niñas y mujeres que simplemente no desean parir, independientemente de sus circunstancias personales y, con ello, evitar la muerte de cientos de mujeres al año.3

Ahora bien, retomando el por qué es absurdo defender la penalización del aborto, vale la pena recordar que el pleno de la Suprema Corte ya se pronunció sobre la constitucionalidad de la despenalización del aborto antes de las doce semanas de gestación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007,4 promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, respecto del mismo caso en Ciudad de México.5

Además, la reforma constitucional de junio del año 2011 representó un cambio de paradigma en materia de derechos humanos, que abona argumentos constitucionales y convencionales en favor de la protección a los derechos a la vida, de salud, sexuales, reproductivos y de autonomía de las mujeres embarazadas, reconocidos en los artículos 4º de la Constitución mexicana, 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 16 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, entre otros.

En este sentido, acotando el debate al ámbito jurídico (no moral ni religioso), tomando en consideración que ningún derecho es absoluto y que existen precedentes a nivel nacional e internacional, es claro que la despenalización del aborto dentro de las primeras doce semanas es constitucional e, incluso, obligatoria para el Estado mexicano.

Tal y como afirma María Fernanda Téllez Girón, “el Estado mexicano tiene la innegable obligación de derogar o eliminar toda ley, política y práctica que busque limitar o desconocer derechos sexuales y reproductivos y que únicamente perpetúan un sistema hetero-normado y patriarcal del derecho”.6 En este sentido, consideramos que el Congreso del estado de Oaxaca cumplió con su obligación constitucional y convencional de despenalizar el aborto pero aún hay un camino por delante para cumplir cabalmente con sus obligaciones constitucionales y convencionales en materia de aborto.

En conclusión, en Oaxaca se ha dado un primer paso con el fin de proteger la vida de las mujeres y cumplir obligaciones internacionales, pero aún hace falta un segundo esfuerzo legislativo para regular el aborto de manera segura y gratuita, así como implementar desde el poder ejecutivo, las políticas públicas que lo hagan efectivo.7 Esperemos que sirva de punta de lanza y junto con Ciudad de México, sean ejemplo para el resto de los estados de la República y pronto se deje de criminalizar en todo el país a las mujeres que por alguna razón toman la decisión de abortar. “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.8

Rafael Castellanos. Miembro del área de Investigación y litigio estratégico en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Twitter: @faycastel


1 LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Oaxaca, Comisión Permanente de Administración y procuración de Justicia, Dictamen con proyecto de Reforman (sic) los artículos 312, 313, 315, y las fracciones II, III, IV, y se adiciona la fracción V al artículo 316 del Código Penal para el Estado libre y Soberano, disponible en: https://bit.ly/2Xd5pXE, consultado el 30 de septiembre de 2019 a las 00:45 horas.

2 Cfr. CIPOLLA Carlo M., trad. María Pons, Las leyes fundamentales de la estupidez humana, editorial Crítica, s.l., 2013.

3 Cfr. Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C., (GIRE), La Pieza Faltante, Justicia Reproductiva, Informe, s.e., México, 2018, pp. 112-115, consultado el 30 de septiembre de 2019 a las 11:00 horas.

4 Disponible en: https://bit.ly/32GBqIU, consultado el 30 de septiembre de 2019 a las 04:00 horas.

5 Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, de fecha 26 de abril de 2007, por el que se reforman los artículos 144, 144, 145, 146 y 147 del Código Penal para el entonces Distrito Federal, así como la adición de los artículos 16 Bis 6, tercer párrafo, y 16 Bis 8, último párrafo, de la Ley de Salud para el Distrito Federal, expedido por la Asamblea Legislativa y promulgado por el Jefe de Gobierno, ambos del Distrito Federal, ahora Ciudad de México.

6 TÉLLEZ GIRÓN García, María Fernanda, Los Derechos Sexuales y Reproductivos, una visión desde los deberes y obligaciones del Estado mexicano, Tesis, Seminario de Derecho Constitucional y Amparo, Facultad de Derecho, UNAM, P. 249.

7 Cfr. MODIFICACIÓN de los puntos 6.4.2.7, 6.4.2.8, 6.6.1 y 6.7.2.9 de la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar, para quedar como NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, publicada el 16 de abril de 2009; publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 de marzo de 2016, consultado el 30 de septiembre de 2019 a las 11:25 horas.

8 Lema del movimiento feminista “La marea verde”.