En un capítulo más de la saga del asilo político otorgado a Evo Morales, la semana pasada la cancillería boliviana presentó una protesta formal al gobierno federal de México por lo que llamó permitirle realizar actividades conspirativas e incitar a la violencia desde México. Como consecuencia de un video filtrado en redes sociales, Bolivia considera que las actividades de Evo Morales en el país atentan contra “la estabilidad del gobierno constitucional, la paz social y los derechos humanos del pueblo boliviano”.1

Con el asilo de Evo Morales, el gobierno de López Obrado ha obtenido una serie de beneficios: ha reiterado una de las largas tradiciones de política exterior, ha refrendado su compromiso con las causas humanitarias y ha buscado preservar la democracia en las Américas. Pero, ¿cuánto duran estos beneficios y cuál será su costo? Pareciera ser que mientras los días transcurren, los beneficios poco a poco se diluyen. En cambio, tocará el turno de la contraparte boliviana para capitalizar la situación. La protesta presentada por Bolivia a México es claramente una muestra de ello. Ésta pudiera traer costos significativos al país si no se atiende adecuadamente.

En 2009, luego del golpe de Estado en Honduras, el nuevo gobierno de ese país demandó a Brasil ante la Corte Internacional de Justicia por haberle otorgado asilo diplomático al presidente depuesto, Manuel Zelaya.2 A principios de este año, luego de ser nombrado presidente por la Asamblea de Venezuela, Juan Guaidó intentó ser reconocido como el representante del Estado venezolano ante el Comité de Anulación de un arbitraje internacional en contra Venezuela.3 Así como éstos, existen otros ejemplos de cómo los autoproclamados gobiernos latinoamericanos han encontrado en los tribunales internacionales un foro para intentar legitimarse, no hacia la comunidad internacional, sino ante sus propios gobernados. El nuevo gobierno boliviano podría intentar hacer lo mismo.

A diferencia de las cortes nacionales a las que cualquier individuo puede acudir sin límite alguno más que los correspondientes requisitos procesales, para que un Estado pueda demandar a otro es necesario que ambos lo hayan consentido con anterioridad a la disputa. Normalmente esto ocurre a través de tratados internacionales. Dado que esta clase de pactos de tratado suelen escasos, es que no es tan común que ver a un Estado demandar a otro ante tribunales internacionales.

Ilustración: Raquel Moreno

Sin embargo, tanto México como Bolivia son partes al pacto de Bogotá, un tratado que permite a los Estados latinoamericanos que lo hayan firmado y ratificado llevar ante la Corte Internacional de Justicia cualquier disputa que tengan entre ellos. De hecho, gracias a este tratado es que la mayoría de los casos que ha conocido la Corte Internacional de Justicia corresponden a disputas entre Estados latinoamericanos. Bolivia podría utilizar el pacto de Bogotá para demandar a México por el asilo a Evo Morales.

En este escenario hipotético, necesariamente surgirían varias preguntas. La primera sería, sin duda, ¿una demanda de Bolivia en contra de México tendría posibilidades de éxito? La verdad es que existirían argumentos sólidos para así creerlo. La figura de asilo político es controversial porque si bien parte de consideraciones humanitarias y está basada en derecho, al final del día el otorgarlo es una facultad enteramente potestativa de los Estados. La extensión de las actividades permitidas al asilado  en el territorio de un Estado encuentran poca regulación en el derecho internacional y, por lo tanto, un margen importante de argumentación en un sentido u otro.

Irónicamente, además, conforme se están configurando los hechos Bolivia podría argumentar que al permitir que Evo Morales opere políticamente desde el país, México se encuentra en violación del artículo 2(7) de la Carta de las Naciones Unidas, que consagra el principio de no intervención. Justo éste es el mismo principio que el presidente López Obrador ha señalado en múltiples ocasiones como el pilar fundamental de la actual política exterior mexicana.

No obstante, la posibilidad de éxito de una demanda de este tipo dependería de muchos factores. Sin embargo, por la misma razón, surge otra pregunta: ¿más allá del resultado de la misma le serviría a Bolivia demandar a México ante la Corte Internacional de Justicia? La realidad es que sí.

Demandar a un Estado ante la Corte Internacional de Justicia puede llegar a tener un efecto político importante a nivel interno si el proceso es canalizado adecuadamente. La mera interposición de la demanda significa una muestra de soberanía y de ejercicio de poder que puede servir para legitimar al nuevo gobierno. El proceso puede servir también para fomentar la unidad nacional en torno a un objetivo común, englobado en lo que representaría que Evo Morales continúe haciendo política desde México para Bolivia.

Luego, entonces, si este escenario se concretara, ¿qué significaría para México? El gobierno de México tendría que realizar esfuerzos de gran calado con el nuevo gobierno boliviano para desactivar la demanda o atenerse a vivir con la espada de Damocles que significaría defender la estancia Evo Morales en un procedimiento internacional que seguramente duraría algunos años. Cualquiera de las dos opciones traerían consigo costos significativos tanto a nivel externo como con el electorado mexicano. ¿Daríamos algo al nuevo gobierno boliviano para que retire la demanda? ¿Defenderíamos las acciones de Evo Morales en México como legales bajo el derecho internacional? Tal vez ninguno de los dos escenarios sería uno que el gobierno federal mexicano quisiera presentar a la opinión pública. Menos aún querría enfrentarse a ésta si llegase a perder este hipotético caso.

México tuvo razones humanitarias y políticas para darle asilo a Evo Morales y esta decisión estuvo amparada en el derecho internacional. No hay duda en ello. Sin embargo, ya asilado y si sus actividades continúan como hasta ahora, Bolivia también tendrá argumentos sólidos para señalar que México se encuentra violando el derecho internacional por permitir que Evo Morales opere políticamente desde el país.

Recibir a León Trotsky en medio de la Segunda Guerra Mundial fue una decisión política. Asilar a Hortensia Bussi, viuda de Salvador Allende, también lo fue. Hacerlo hoy con Evo Morales, más allá estar fundamentado jurídica e ideológicamente en consideraciones humanitarias, es una decisión política. Tal vez sea necesario, entonces, evaluar ya qué beneficios y costos esa decisión trae consigo.

Mejor aún, tal vez lo mejor será ahora sí escoltar al señor Morales a San Miguel de Allende a tener solo la vida de boomer que le permitiría no ser un riesgo político para el Estado mexicano.

Luis Jardón. Profesor de derecho internacional público en el CIDE. Twitter: @ljardonp


1 Protesta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia al Gobierno de México.

2 Certain Questions concerning Diplomatic Relations (Honduras v. Brazil) I.C.J. (2009)

3 Fábrica de Vidrios Los Andes, CA and Owens-Illinois de Venezuela, CA v BolivarianRepublicof Venezuela (ICSID Case No. ARB/12/21).