El pasado 30 de octubre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo directo en revisión 4865/2018.1 El caso surgió debido a que un hombre fue despedido de su trabajo por exhibir una cruz esvástica tatuada en su cuello. El símbolo causó incomodidad entre sus compañeros de trabajo (quienes eran judíos), por lo que decidieron presentar una queja ante la empresa. Después de escuchar los reclamos, los directivos decidieron pedirle que se cubriera el tatuaje durante las horas laborales; sin embargo, él se negó. Ante esta negativa, la empresa decidió rescindir el contrato laboral.

Éste se ha consolidado como el primer asunto resuelto por la Suprema Corte en donde la principal cuestión a debatir es la manifestación de actos de odio y discriminación racial influenciados por la ideología de la Alemania nazi. El dilema al que se enfrentaron los ministros fue fundamental para definir las bases de las libertades personales frente al rechazo que la comunidad internacional ha expresado en contra de las manifestaciones y actos de odio.

En síntesis, si la Corte otorgaba el amparo al trabajador anunciaría que la libertad de expresión y el libre desarrollo de la personalidad ocupan un lugar preponderante en nuestro sistema constitucional. En cambio, si fallaba en su contra, la Suprema Corte se acercaría a la creación jurisprudencial de una democracia militante, donde los intereses y valores sociales se sobreponen a las libertades individuales.

El proyecto de sentencia quedó a cargo de la ministra Norma Lucía Piña Hernández quien, en un inicio, proponía negar el amparo al trabajador bajo el argumento de que en nuestro sistema constitucional no existe ámbito alguno donde pueda admitirse la protección a manifestaciones de odio y discriminación. Esto incluía, por supuesto, aspectos relacionados con la vida privada de las personas. Bajo ese esquema, el tatuaje de una esvástica no admitiría ningún tipo de protección constitucional al expresar un claro mensaje antisemita. Por lo tanto, la consecuencia inevitable era negarle el amparo.

Ilustración: Víctor Solís

No obstante, días antes de que se discutiera el asunto, la propia ministra ponente decidió modificar sustancialmente su criterio. El nuevo proyecto refrendaba la decisión de negar el amparo, pero con una marcada diferencia: abandonaba la postura que negaba toda protección constitucional a las manifestaciones de odio y discriminación, para ser sustituido por un criterio basado en el análisis de cada caso concreto: “Una eventual consecuencia jurídica de los discursos de odio depende de complejas y múltiples variables constitucionales y contextuales que deben ser examinadas caso por caso”.

En otras palabras, el nuevo proyecto modificó el discurso basado en la idea de “ser intolerantes frente a los intolerantes”, para abrir paso al reconocimiento de un “mercado de las ideas’, donde ninguna forma de manifestación puede ser restringida ni sancionada sin que se demuestre ser relevante para el debate democrático. En definitiva, una decisión ecléctica.

A partir de estos criterios y atendiendo a las circunstancias específicas del caso, la Primera Sala consideró que el hecho de que el quejoso pretendiera exhibir libremente un símbolo con un claro mensaje antisemita, en un contexto laboral en donde los dueños de la empresa y algunos trabajadores eran judíos, justificaba la restricción a su libertad de expresión y su libre desarrollo de la personalidad, por lo que decidieron validar el despido al cual fue sujeto.

Este proyecto de sentencia fue avalado por el voto unánime de los cinco ministros, sin que durante la sesión fueran sometidas a debate las consideraciones hechas en el mismo. A pesar de ello, en concurrencia con el sentido de la sentencia, los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá emitieron votos razonados en los que expusieron estar de acuerdo con la negativa del amparo, pero no con todas las consideraciones de fondo expuestas por la ministra Piña.

Voto concurrente del ministro Ortiz Mena

En una breve pero sustancial opinión,2 Ortiz Mena sostuvo que, para analizar este caso, se debe partir del hecho de que un tatuaje constituye un ejercicio de la libertad de expresión por parte de quien lo porta. Esta libertad, a su vez, admite una doble proyección normativa en tanto que puede ser abordado desde un enfoque público y otro de naturaleza privada. Respecto del primero, el ministro decide no pronunciarse por no ser materia de la litis, así como por considerar que, de manera abstracta, no es posible concluir que las manifestaciones discriminatorias se encuentren fuera del ámbito de protección constitucional.

Es en la proyección privada donde el ministro Ortiz Mena enfoca su opinión. Argumenta que el asunto tuvo origen en un conflicto laboral, es decir, de naturaleza privada, lo cual permite advertir la divergencia entre la libertad de expresión del trabajador (al tatuarse la esvástica) y el derecho de libre asociación de la empresa, quela faculta a establecer libremente “un determinado ambiente o cultura dentro de su espacio laboral, sin que ello pueda calificarse de discriminatorio”.

De esta forma, el ministro argumenta que los directivos tenían plena libertad para decidir si la portación de una cruz esvástica por parte del trabajador los podría colocar en una situación de peligro o amenaza que no pudiera ser tolerada. Por lo que, a su juicio, “la decisión del titular de la organización de no continuar con la relación laboral encuentra una justificación razonable”.

Voto concurrente del ministro González Alcántara

El ministro González Alcántara no fue tan breve como su homólogo; en un voto razonado,3 de más de cuarenta páginas, expuso su postura frente a ciertos tópicos en los que se pronunció en contra del voto de la mayoría. Algunas de las consideraciones respecto de las cuales se apartó el ministro, y que resultan de gran interés, es el relativo al reconocimiento de ciertos derechos fundamentales a favor de la empresa. En ese sentido, criticó que la sentencia reconociera a la empresa como titular de los derechos reconocidos en el corpus iuris interamericano, pues, a su juicio, dicho sistema “se creó para la protección exclusiva de las personas físicas”. Por tanto, los únicos derechos que le podrían haber sido reconocidos eran los previstos en el texto de la constitución federal.

Más aún, sostuvo que el hecho de que la empresa alegara una afectación a sus trabajadores no la legitimaba a reclamar la protección de los derechos contenidos en los tratados internacionales, pues de conformidad con legislación mercantil, las sociedades tienen una personalidad jurídica distinta a la de los socios. Lo cuales, a su vez, ostentan una distinta a la de sus trabajadores. De esta forma, concluyó que aún y cuando el tatuaje del quejoso tuviera una carga expresiva antisemita, lo cierto era que no causaba ninguna afectación a la empresa.

Sostener lo contrario, continúa exponiendo el ministro, “haría suponer que las personas morales tienen como atributo una ideología, religión o costumbres en relación con la adhesión a una etnia, a partir de las creencias de sus socios o la mayoría de sus empleados, lo cual no tiene cabida dentro del orden jurídico mexicano”.

Otro tópico que destaca en el voto es el análisis de la libertad de expresión frente a los discursos y otras manifestaciones de odio. En una aproximación similar a la expuesta por la ministra Norma Piña en su primer proyecto, el ministro Alcántara sostiene que las manifestaciones de odio se encuentran excluidas del espectro de protección del artículo 6º constitucional, por ser contrarias a la dignidad humana y generar sentimientos sociales de hostilidad en contra de ciertos grupos.

No obstante, después de analizar la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de los Estados Unidos y la línea normativa establecida por la Unión Europea, así como la forma ciertamente disidente en que ambos modelos han abordado el tema de las manifestaciones de odio, el ministro parece favorecer la idea de garantizar un libre mercado de las ideas, en donde la colisión de las manifestaciones de odio frente a otros derechos o principios constitucionales, sea valorada y ponderada atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto. Es importante señalar, según este ministro, lo siguiente:

…si un Estado castiga o limita la libertad de expresión, es posible que termine generando un efecto inhibitorio a todas las personas para expresarse. Esto, pues al limitar ciertos puntos de vista o prohibir temas de discusión, se asume cierta infalibilidad estatal; lo cual es sumamente peligroso para un estado democrático.

Sin duda, los votos razonados de los ministros Ortiz Mena y González Alcántara, refuerzan la postura mayoritaria adoptada en la sentencia. Es cierto, por otro lado, que el criterio sostenido por la Primera Sala resulta ser el más respetuoso frente a las libertades individuales y nuestro diseño constitucional; sin embargo, es posible que esta postura pueda conducirnos hacia lo que Karl Popper describe como la paradoja de la democracia,4 esto es, que la tolerancia ilimitada frente a aquellos que son intolerantes puede conducir, si no somos cautos, a la destrucción de los tolerantes y, junto a ellos, a la destrucción de la tolerancia misma. Por ello, para el filósofo austriaco es imprescindible que las sociedades (tolerantes) cuenten con mecanismos que permitan contrarrestar a los intolerantes mediante argumentos racionales y, de esta manera, ponerlos en jaque frente a la esfera pública.

Erik Castro Salas. Abogado por la Escuela Libre de Derecho; maestro en derecho constitucional por el CEPC. Twitter: @erik_cs


1 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo Directo en Revisión 4865/2018, sentencia dictada el día 30 de octubre de 2019.

2 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo Directo en Revisión 4865/2018, voto concurrente del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

3 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo Directo en Revisión 4865/2018, voto concurrente del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

4 Popper, Karl R. La Sociedad Abierta y sus Enemigos, Notas al Capítulo 7, Nota número 4.