Contrario a lo que suele creerse en la jerga legal “inmueble” no es lo mismo que “vivienda”. Se trata, más bien, de una distinción trascendental para cuestionarnos lo que entendemos por debido proceso, considerando que las personas que habitan una vivienda ajena suelen no ser consideradas como parte en las decisiones que afectan directamente su esfera jurídica.

En efecto, todavía en muchos sectores suele entenderse que el derecho a la vivienda es únicamente una advocación del derecho a la propiedad: se es titular del derecho a la vivienda en tanto se tiene propiedad sobre una. Bajo esta lógica, no es extraño que la vivienda sea entendida como un objeto de especulación, inversión y acumulación y, en algunos casos, también para vivir. Pero como ya he indicado, las prerrogativas de este derecho no se limitan a la existencia física de un inmueble, mucho menos a la propiedad de uno.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), estancia de la Organización de las Naciones Unidas encargada de velar por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha señalado que no puede reducirse el derecho a la vivienda al simple hecho de tener un techo sobre la cabeza.1 Y es con esta concepción con la que desarrolla los famosos siete principios básicos de lo que constituye una vivienda adecuada: i) seguridad jurídica de la tenencia; ii) disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; iii) gastos soportables; iv) habitabilidad; v) asequibilidad; vi) ubicarse en un lugar accesible a fuentes de empleo y servicios; y vii) adecuación cultural.2

Ilustración: Patricio Betteo

No es mi intención hacer aquí un inventario de todos los estándares del Comité DESC en materia de vivienda, pero sí considero relevante señalar que esa misma instancia ha reconocido el derecho de las personas habitando casas ajenas a no ser víctimas de desalojos forzosos, así como los estándares por los cuales deben realizarse los desalojos cuando se dan por causas legales y legítimas. Así, en el Caso Ben Djazia, el Comité DESC reconoció que para que un desalojo sea una medida compatible con el derecho a la vivienda, debe cumplir con los siguientes requisitos: i) que esté prevista en la ley; ii) que se realice como último recurso; iii) que permita a las personas afectadas el acceso a un recurso judicial efectivo; iv) que en dicho recurso judicial pueda determinarse que la medida está justificada; v) que previamente al desalojo se garantice una “consulta genuina y efectiva” entre las autoridades y las partes; vi) que las autoridades acrediten que no existen medios alternativos o medidas menos gravosas que el desalojo; y vii) que se garantice que las personas desalojadas no queden en una situación que constituya una violación de otros derechos humanos.3

El anterior listado de estándares nos confirma que no hace falta ser propietario de un inmueble para ejercer nuestro derecho a la vivienda, el cual incluye el derecho a no ser expuesto a una situación de calle. De ahí que, tal y como ya he señalado en este espacio, políticas como los refugios para mujeres víctimas de violencia de género son una forma, así sea temporal y transitoria, de garantizar el derecho a la vivienda.4

Bajo esta óptica, resulta claro que los procesos de desalojo provenientes de embargos o juicios de arrendamiento o similares deben garantizar un piso mínimo de protección para las personas involucradas. Lo anterior atendiendo a que la Constitución federal prohíbe la privación de los derechos de una persona si no es sino mediante juicio ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.5

En la actualidad no son pocos los casos en los que un juicio de orden civil, mercantil o de cualquier otro carácter lleva al desalojo de personas que habitan una vivienda pero que no fueron formalmente parte en el juicio. Pensemos, por ejemplo, cuando una deuda adquirida por una persona lleva al embargo de la casa donde viven también sus dependientes económicos (ya sean hijos, personas adultas mayores o cualquier otro). Se trata de personas que se verían privadas de su derecho a la vivienda sin haber sido consideradas en el proceso, ni siquiera para ejercer su garantía de audiencia.

Por supuesto, la imposibilidad de contar con una garantía de audiencia es apenas uno de los muchos obstáculos contra el debido proceso en casos que repercuten en el derecho a la vivienda. A éste se suma el andamiaje jurídico de muchas entidades del país que permite y facilita agravios de todo tipo. El artículo 966 del Código de Procedimientos Civiles vigente en Ciudad de México es un claro testimonio de ello: contempla que en los juicios de arrendamiento el recurso de apelación únicamente tendrá un carácter devolutivo.6 Es decir, es posible que se ejecute un desalojo, con todas las repercusiones que genera en la vida familiar, sin que haya sido posible acudir de manera efectiva a una segunda instancia. Incluso en caso de tener una resolución favorable en apelación, las personas afectadas ya habrán tenido que buscar algún otro espacio para sobrevivir, además de los daños ya consumados durante todo el tiempo de espera para tener una resolución definitiva (como, por ejemplo, la ruptura de los vínculos vecinales).

La falta de adecuación del artículo 966 del Código de Procedimientos Civiles en Ciudad de México es particularmente grave si se tiene en cuenta el contexto de desalojos forzosos que desde hace años se vive en la capital federal. Ese contexto ha sido constatado desde el 2003 por Millon Kothari, entonces Relator Especial sobre una vivienda adecuada de la Organización de las Naciones Unidas,7 así como por las distintas organizaciones que en 2017 presentaron al Comité DESC su “Informe Alternativo sobre DESCA” en el cual advirtieron la situación crítica de desalojos en Ciudad de México.8

Si bien es una tarea compleja conciliar la celeridad que debiera caracterizar la administración de justicia con la necesidad de robustecer la protección de las personas antes, durante y después de un desalojo, esto no es motivo para no realizar las adecuaciones legislativas aún pendientes o, incluso, considerar opciones como procedimientos sumarios para determinar si, por ejemplo, el embargo de una casa es una medida idónea, necesaria y proporcional. O plantear la posibilidad de instancias especializadas atendiendo a la experiencia de las housing courts, utilizadas en algunas jurisdicciones del common law. Rutas para plantear el debate existen y hay para elegir, pero debemos partir del reconocimiento de que el derecho a la vivienda implica no entender como una mera propiedad inmueble el espacio en el cual habitan las personas y desarrollan sus proyectos de vida.

Carlos Luis Escoffié Duarte. Abogado litigante en derechos humanos y miembro del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán. Twitter: @kalycho.


1 Comité DESC. Observación general Nº 4, El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto), párr. 7.

2 Comité DESC. Observación general Nº 4, El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto), párr. 8.

3 Comité DESC. Caso Ben Djazia, Comunicación Número 5/2015, E/C.12/61/D/5/2015, 20 de junio de 2017, párr. 15.1.

4 Escoffié, Carlos. “Los refugios de mujeres como parte del derecho a la vivienda”, nexos, El juego de la Suprema Corte, 13 de marzo de 2019. Disponible en formato digital a través del enlace: https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=9646.

5 “Artículo 14. […] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. […].” Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

6 “Artículo 966.- En los procedimientos de arrendamiento las apelaciones sólo serán admitidas en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, tratándose de las resoluciones dictadas antes de la sentencia definitiva y se substanciarán en los términos previstos por el artículo 692 Quáter.
La apelación que se interponga en contra de la sentencia definitiva procederá en efecto devolutivo de tramitación inmediata.
Tratándose de resoluciones dictadas con posterioridad a la sentencia definitiva procede la apelación en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, salvo los casos de excepción previstos en la parte general de juicio ordinario civil”. Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

7 ONU. Relator Especial sobre una vivienda adecuada como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, y sobre el derecho a la no discriminación, Informe visita a México, E/CN.4/2003/5/Add.3, 27 de marzo de 2003, párr. 13. Disponible en formato digital a través del enlace: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G03/124/16/PDF/G0312416.pdf?OpenElement.

8 Informe alternativo conjunto de sociedad civil a los Informes V y VI Periódicos del Estado Mexicano sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México 2017, Ciudad de México 2017, pág. 162, 168 y 169. Disponible en formato digital a través del enlace: http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh_informe_desca_2017.pdf