El título de esta nota no es casual ni improvisado. Sé de la importancia de las palabras, de su poder para esculpir realidades y espejismos. Este no es un grito retórico que pretende ver en este gobierno el engendro de todos los males de la tierra. Lo que impulsa este texto es una genuina preocupación por la fisionomía que empieza a tomar el Estado mexicano y el alcance de las herramientas que se configuran en su seno. En nuestras narices emerge la punta de un iceberg autoritario que a todos amenaza.

He residido en los estados de Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas y Durango; y en todos y cada uno de esos lugares el horror se ha normalizado. Recuerdo estar comiendo en mi casa y escuchar tiroteos a plena luz del sol. Tengo en la punta de mi lengua un sinnúmero de historias de conocidos o amigos que fueros “levantados”, torturados, y que no fueron devueltos a sus familias por miembros del crimen organizado. Albergo en el hígado sentimientos de frustración e impotencia por llegar a un lugar público y ver como llegaban sujetos armados a divertirse “robando” novias, a golpear y humillar a mis amigos, a acosar a amigas, con una total impunidad tanto privada y pública. Privada porque uno debía quedarse quieto e intentar escabullirse de ellos, ya que enfrentarlos era una provocación a la violencia más descarnada, o acaso un encuentro con la muerte. Y pública ya que había una total ausencia de la autoridad: no había un policía que actuara, que defendiera, que ayudara, ya sea por el mismo miedo que embargaba a los civiles o porque eran parte de la propia red delictiva.

Estas historias se cuentan por millares en el país desde 2007 a la fecha. Tan sólo el año pasado hubo, en promedio, 100 homicidios diarios. Estoy convencido que no hemos dimensionado el fenómeno y sus efectos. Cien personas asesinadas, cien familias desechas, cien círculos sociales trastocados por la violencia, todos los días. A esto sumemos las otras historias del horror: secuestros, violencia de género, violaciones, extorsiones. Hay ciudades enteras secuestradas por el crimen organizado, donde el Estado ha sido suplantado por ellos.

Que esto haya empezado en el 2007 no es casual: es el año en que Calderón lanzó su inhumana guerra y que empezaron forjarse herramientas autoritarias y a empotrarse en la constitución. Para muestra un botón. La figura del arraigo se encontraba en nuestro sistema penal desde 1983 y la SCJN lo declaró inconstitucional en el 2005. Pero, al compás de la “mano dura”, en la reforma penal del 2008 Calderón eleva al arraigo a rango constitucional para protegerlo de los mecanismos de control. Posteriormente viene la gran reforma de derechos humanos de 2011, se crea el bloque de constitucional y con ello se abre la posibilidad de expulsar el arraigo de la propia constitución por contravenir las normas más elementales de derechos humanos. No pasó. El presidente Peña envió a la Corte a Medina Mora para que fuera el voto decisivo y cerrara esta puerta progresista. Quiero decir que la configuración de un sistema penal autoritario viene de tiempo atrás, ya sea por una convicción de guerra (Calderón), por omisión (Peña), y la semana pasada llegó a un punto culmen con el paquete filtrado de reformas penales que se pretendía presentar.

Ilustración: Patricio Betteo

¿Qué hacer? Por un lado, tenemos a toda esa red de víctimas directas e indirectas que claman por un Estado que haga su trabajo, los proteja, y dejen de ver a los criminales libres. Por el otro, puedo imaginar la desesperación de las autoridades. Puedo imaginar a un presidente del país que, si bien conocía cada resquicio del país, no imaginaba la profundidad y complejidad del problema: los contubernios con la autoridad, las dinámicas locales, los pactos de todo tipo y las limitaciones del propio Estado para combatir esto. No es lo mismo caminar un país que pensarlo. Y no es lo mismo pensarlo que gobernarlo. Se gobierna pensando en las consecuencias, escogiendo —la mayoría de las veces— entre dos males. Pero, sobre todo, se gobierna desde la templanza y no desde la desesperación, a riesgo de generar más problemas. No encuentro otra razón para construir un paquete de reformas en materia penal como el filtrado la semana pasada, más que ese sentimiento. Es un paquete que destila desesperación y que, sin duda, traerá más problemas de lo que pretende resolver.1 En este espacio ya se han analizado los detalles del mismo.

La mayoría de las medidas que se contemplan son autoritarias y, además, no servirán a su propósito de disminuir la inseguridad y la impunidad. La seguridad pública mejorará en tanto se le dé un giro a la estrategia militarista. La impunidad se combatirá en la medida que se fortalezcan los eslabones de los procesos judiciales: mejor investigación, mejores fiscales, mejores defensorías, mejores jueces. La rehabilitación del sistema de procuración e impartición de justicia pasa por el fortalecimiento de las capacidades institucionales. Es un tema de presupuesto, administración y voluntad política. El paquete filtrado no repara en nada de esto y, en cambio, crea una serie de herramientas autoritarias que ponen en riesgo a todos los mexicanos y, más aún, a nuestro sistema democrático. En esto me quiero detener.

En los último días, se ha utilizado el concepto “autoritario” para calificar el paquete filtrado, sin aclarar qué es lo que se quiere decir. En una nuez: lo “autoritario” es lo contrario a lo “democrático”. La democracia es el régimen político donde las decisiones colectivas, “las normas vinculantes para todos […] son fruto de un proceso decisional que viene desde abajo y en el que todos tienen derecho a participar de manera igual y libre”.2 La democracia es, pues, el régimen de la igualdad y de la libertad política. Un régimen autoritario será lo contrario: un régimen en donde existe una pretensión y una imposición de la obediencia que “prescinde en gran parte del consenso de los subordinados y restringe la libertad”.3

Y este paquete de reformas ataca la médula del sistema democrático en dos vías. Primero lo obvio: atenta contra los derechos más básicos de libertad. En todo sistema político el ciudadano está sometido al poder político. Esto hace que el Estado adquiera una naturaleza paradójica: es medicina y veneno a la vez.4 Es la máxima concentración de fuerza que se conoce ya que con ella protege al ciudadano, pero también lo amenaza. Ante esta amenaza la legitimidad del Estado se debe anclar en títulos que le permitan al ciudadano defenderse de la fuerza estatal. Esos títulos no son otros que los derechos fundamentales del debido proceso y de libertad. Medidas del paquete como la “presunción de responsabilidad” y el fortalecimiento del arraigo, violan flagrantemente estos derechos.

Pero hay un segundo frente de ataque, uno que ha pasado desapercibido en la discusión pública. Si se empiezan a atacar las libertades, a mermarse, el sistema democrático pavimenta su camino hacia su propia destrucción. La base de la igualdad política reside en  la asignación igualitaria de las libertades, para que todos podamos participar en los procesos de decisión colectiva. El problema es que si las cadenas del poder empiezan a romperse y éste viola las libertades más básicas, el valor de la libertad —la manera en que ésta se ejerce— cambia completamente, porque no hay libertad política posible sin libertad personal. Si se vive bajo amenaza constante, bajo el manto de la arbitrariedad policiaca, se deterioran las cadenas de confianza más básica de la convivencia democrática. Lo que hay es una transmisión de poder enorme de los ciudadanos —para contemporizar con el léxico de moda, llamémosle “pueblo”— hacia la autoridad. Es la autoridad quien dispondría de nuestras libertades y no nosotros, de ahí la denominación “autoritarismo”. Y en un país tan desigual los más afectados serían las personas más pobres, los más desaventajados. Son ellos quienes no tendrían acceso a los amparos que se requerirían para combatir la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad de muchas de las medidas que se pretendían presentar. Son los primeros quienes serían confinados a los reclusorios y quienes primero resentirían esa merma de libertades. Para un gobierno que se dice de izquierda, es el mundo al revés.

Lo peor es que los que redactaron las más de mil páginas de las iniciativas pasaron por alto uno de los principios más básicos de la legislación: el de universalidad. No están legislando sólo para el aquí y el ahora, sino para el futuro y para todos aquellos que puedan caer en las hipótesis normativas. Para decirlo rápido, están legislando como si ellos siempre fueran a detentar el poder y nunca podrían caer en el otro lado de la cancha: actúan como si ellos nunca fueran a ser víctimas de ese Leviatán que están alimentando. Un repaso al velo de la ignorancia de Rawls no les caería nada mal.

Muchos han dicho que el debate es ocioso porque no han presentado formalmente ninguna iniciativa. No lo creo. No estamos debatiendo la “nada” porque ya hay indicios de esta desesperación autoritaria. Ya se aprobaron tanto la ampliación de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, como las modificaciones legales que equiparan la defraudación fiscal con  delincuencia organizada —que, por cierto, merecerían tanto arraigo como prisión preventiva oficiosa, ambas medidas regresivas.

Quizá lo más alarmante es que si se hubiera presentado el paquete, éste hubiera pasado. Parecería haber un consenso soterrado de toda la clase política en que la “mano dura” es la solución a nuestros problemas. Como me dijo el editor de este espacio: esto va más allá de AMLO y de Morena, simplemente porque son herramientas autoritarias que cualquier político sin escrúpulos sueña con tener y, por tanto, no se ve que en el horizonte próximo alguien pudiera hacer una contrarreforma de la misma. Es algo muy grave que llegaría a nuestra Constitución para quedarse.

Puede ser que estemos debatiendo aire, que estemos atascados en la nada parlamentaria. Pero qué denso aire y vaya qué entidad cobra la nada cuando es tan alarmante. Este paquete no se debe presentar, no debe pasar.

Martín Vivanco Lira. Abogado por la Escuela Libre de Derecho. Maestro en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante. Maestro en teoría política por la London School of Economics and PoliticalScience. Cuenta con estudios de doctorado en Derecho por la Universidad de Chile. Panelista en el programa “Punto y Contrapunto” de Foro TV. Twitter: @MartinVivanco.


1 Las razones son conocidas: se amplían los supuestos para el arraigo, figura que empata con casos brutales de tortura; se debilita la presunción de inocencia, desaparecen los jueces de control que, precisamente, controlaban la legalidad del proceso; se amplía el margen de discrecionalidad de los fiscales; se atenta contra la independencia del Poder Judicial Federal (PJF) al establecer jueces —controlados por el Senado— que juzguen a los jueces del PJF; se flexibilizan los criterios para aceptar pruebas dentro del procedimiento, al grado que serían admisibles aquellas obtenidas de manera ilícita, digamos por “tehuacanazos”; se tipifica “la ofensa” a las instituciones, y un gran etcétera.

2 Bovero, Michelangelo, “¿Crepúsculo de la democracia?”, en Bovero, Michelangelo y Pazé, Valentina, La democracia en nueve lecciones, Madrid, Trotta, p. 17.

3 Bobbio, Norberto, Mateucci, Nicola y Pasquino, Diccionario de política, segunda edición 1991, Madrid, Siglo XXI, p. 125.

4 Peña, Carlos, “Los derechos humanos en días feroces” , El Mercurio.