El estudio de la crisis ecológica y el cambio climático puede generar una especie de efecto medusa. Ante la descripción de un escenario apocalíptico y las pocas posibilidades de cambio que plantea (incluso en las proyecciones más optimistas), pareciera ser preferible no ver el fondo del problema para no quedar petrificado.

El término antropoceno resulta útil para enmarcar las dimensiones de la crisis ecológica: “nos encontramos en una transición o quiebre dentro de una nueva era de la historia natural, en la que las acciones humanas son una fuerza ecológica y geológica decisiva”.1 Además del carácter científico del concepto, subyace un elemento ético que nos obliga a responsabilizarnos de nuestros actos.

Basta con revisar los diversos informes publicados por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC) para confirmar la gravedad de la catástrofe medioambiental provocada por la actividad humana: descongelamiento de los polos, aumento del nivel del mar, temperaturas cada vez más extremas, incendios forestales, desertificación y crisis alimentaria.

Los efectos adversos del cambio climático se han convertido en una seria amenaza para los derechos humanos y quienes menos contribuyen al problema son quienes sufren sus peores consecuencias. El calentamiento global acentúa las desigualdades existentes y dificulta la satisfacción de las necesidades básicas de la población más vulnerable. El tratamiento de la crisis ecológica se ha convertido en imperativo de carácter moral.

La degradación ambiental ha llevado a cuestionar los supuestos sobre los cuales se edifican las instituciones públicas y el derecho no ha sido la excepción. La crisis ecológica se suma a una serie de amenazas, como el resurgimiento de los movimientos fundamentalistas y xenófobos, la automatización del empleo o la creciente desigualdad, que ponen a prueba la capacidad de las democracias constitucionales para ofrecer soluciones satisfactorias.

A pesar de la relevancia y urgencia del problema, lo cierto es que, al día de hoy, desde el ámbito jurídico no se ha teorizado lo suficiente sobre el papel que tiene el derecho frente a la crisis ecológica. Además, si bien se ha venido desarrollando un marco jurídico a nivel nacional e internacional enfocado en la protección del medio ambiente y el cambio climático, no se cuenta todavía con una estructura institucional lo suficientemente sólida para aplicarlo.

Ilustración: Guillermo Préstegui

Sin duda, una de las vías para comenzar a revertir la crisis medioambiental pasa por el sistema de justicia. El derecho es una herramienta fundamental para ordenar las relaciones del ser humano con su entorno natural y ofrecer vías de solución institucional a los conflictos-socioambientales, así como para imponer límites a la actuación de particulares y autoridades públicas.

En este contexto, el litigio ha surgido como uno de los esfuerzos destacados para exigir al Estado que cumpla con sus obligaciones en materia de cambio climático. Ha sido a través de esta vía, impulsada por las organizaciones de la sociedad civil, que se ha logrado activar el engranaje del sistema jurídico con fines transformadores para plantear ante tribunales constitucionales cuestiones de enorme relevancia para la protección del medio ambiente.

Quizá hace algunos años parecía imposible pensar que pudieran tener éxito en sede judicial argumentos sobre los perjuicios o afectaciones provocados por el cambio climático en situaciones concretas. Sin embargo, la ola de demandas que se ha venido presentando en diversas partes del mundo, están abriendo brecha para la construcción de precedentes y una línea jurisprudencial más robusta en la materia.2

Precisamente, el pasado 15 de enero de 2020 la Segunda Sala de la Suprema Corte abordó el tema al resolver el amparo en revisión 610/2019 en el que consideró inconstitucional la modificación unilateral que realizó la Comisión Regulatoria de Energía (CRE) a la Norma Oficial Mexicana “NOM-016-CRE-2016” para incrementar el porcentaje máximo de etanol como oxigenante en las gasolinas hasta en un 10%.

Para la Corte, al ponerse a debate (entre otras cuestiones) la magnitud del daño que dicho aumento podría generar en la calidad del aire y el derecho humano a un medio ambiente sano, “no puede ser una sola voz, ni una sola valoración, la que determine la posibilidad de quese modifiquen los porcentajes máximos, pues podría tener como consecuencia daños serios e irreversibles al medioambiente”.3

Echando mano del derecho internacional ambiental, la Corte aplica el principio de precaución contemplado en diversos tratados internacionales en la materia, cuya idea esencial consiste en que, ante los efectos potencialmente dañinos para el medio ambiente derivados del aumento del porcentaje de etanol permitido en las gasolinas, no es necesario contar con absoluta certeza científica para adoptar medidas tendientes a proteger el ambiente y evitar daños a la salud de las personas, máxime que una serie de informes elaborados por organizaciones especializadas en la materia señalan dicho riesgo.

Más allá de los diversos aspectos procedimentales y de fondo que plantea la sentencia, como el derecho de participación pública en aspectos medioambientales o el principio rector de desarrollo sustentable, aspectos que sin duda enriquecen la decisión, lo que se echa de menos es la ausencia de razones substantivas y la poca profundidad en los razonamientos morales respecto al rol del Estado, en particular de los tribunales constitucionales, en la protección del medioambiente frente al cambio climático.

No olvidemos que la discusión en torno a la protección del medioambiente como un derecho humano se enmarca dentro de sus implicaciones en un Estado democrático y constitucional. En dicho contexto se reconoce que el derecho incorpora valores morales para cumplir con sus objetivos sociales, “valores que no pertenecen simplemente a la moral social, sino a una moral racionalmente fundamentada”,4 lo que implica realizar un ejercicio argumentativo en el que se justifiquen las decisiones que se toman en la discusión pública.

Si bien la Corte reconoce la importancia que tiene la protección del medioambiente y su relación con los derechos humanos, lo hace desde una noción antropocéntrica y una concepción utilitaria de la relación del ser humano con los recursos naturales. Para el tribunal “el hombre es a la vez obra y artífice del medio ambiente que lo rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse”5 y, apoyándose en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, le atribuye la “responsabilidad moral […] como el principal motor del destino de las demás especies, sus ecosistemas y, en general, del medio ambiente”.6

Desde mi punto de vista, la Corte deja pasar la oportunidad para abordar uno de los retos del constitucionalismo contemporáneo en la protección del medioambiente basándose no sólo en su utilidad material, sino en una visión ecosistémica de la relación del ser humano con su entorno natural. Esto implica no sólo reconocer la importancia de proteger el medio ambiente para que los seres humanos podamos llevar una vida digna, sino también la relación de interdependencia que tenemos con los organismos vivos y ecosistemas que conforman el planeta.

Dicha tarea implica avanzar, como lo ha reconocido la Corte Constitucional de Colombia, en la interpretación del derecho aplicable para incorporar “un nuevo enfoque del derecho internacional denominado derechos bioculturales cuya premisa es la relación, profundidad e interdependencia entre naturaleza y especie humana, y que tiene como consecuencia un nuevo entendimiento socio-jurídico en el que la naturaleza y su entorno deben ser tomados en serio y con plenitud de derechos”.7

Si bien los planteamientos del tribunal colombiano pueden ser ampliamente debatidos, lo que me interesa llamar la atención respecto a la decisión de la Corte mexicana es que, al abordar una cuestión como la relación entre el cambio climático y los derechos humanos, se deben incorporar consideraciones de carácter moral cuya fuerza radica en contribuir a la realización de un fin social valioso, como la protección del medioambiente.

Debemos tomar en cuenta que los desafíos medioambientales han dejado de plantearse solamente como parte de una discusión de carácter científico, para pasar a discutirse en términos de lo que implican para la libertad, la igualdad o la justicia. De ahí la importancia de plantear el debate de la protección del medio ambiente en clave de derechos humanos, en reivindicar una de las herramientas conceptuales más importantes que ha aportado la modernidad jurídica para construir sociedades más justas e igualitarias.

En este proceso, no debemos perder de vista el potencial transformador del derecho para, a partir de ahí, reconocer las dificultades de construir argumentos que sirvan para racionalizar el discurso y adecuarlos a los retos que plantea el cambio climático.

Carlos R. Asúnsolo Morales. Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Twitter: @casunsolom.


1 Mann, Geoff y Mainwright, Joel (2018): Leviatán climático. Una teoría sobre nuestro futuro planetario, Biblioteca Nueva, Madrid.

2 ONU, Medio Ambiente (2017): El Estado del Litigio en Materia de Cambio Climático. Una Revisión Global, Columbia Law School y Sabin Center  for Climate Change Law, Nueva York.

3 Segunda Sala SCJN, amparo en revisión 610/2019, pág. 78.

4 Lifante Vidal, Isabel (2018): Argumentación e interpretación jurídica. Escepticismo, intencionalismo y constructivismo, Tirant lo Blanch, España, pág. 207.

5 Segunda Sala SCJN, amparo en revisión 610/2019, pág. 25.

6 Ibidem, pág. 28.

7 Corte Constitucional, sentencia T-622 de 2016.