La semana pasada, el ministro José Ramón Cossío publicó en El Universal una invitación a las comisiones de derechos humanos para que hagan uso de su facultad para promover acciones de inconstitucionalidad, pues en su opinión, se trata de una buena y poderosa solución institucional para que los órganos de protección de derechos humanos actúen. Así, para Cossío el uso escaso de esta competencia es desafortunado, pues las comisiones no han planteado a la Suprema Corte la posible invalidez de muchas de las normas legales que se han expedido a partir de 2006, lo que ha impedido el desarrollo de los derechos por el más alto tribunal de la República.

La pugna por otorgar legitimación a las comisiones de derechos humanos para interponer acciones de inconstitucionalidad en México es una cuestión no reciente. Ya en 1995 Jorge Carpizo se pronunció por su regulación y en 2005 Joaquín Brage reiteró este deseo. Así, llego el año 2006 en el que el constituyente permanente dio paso a su regulación, justificándose en síntesis, por las siguientes razones: a) los nobles propósitos de la acción de inconstitucionalidad no están al alcance de todos, porque no cualquiera está legitimado para presentar una demanda de este tipo, y b) la legitimación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fortalecería la indispensable labor que desarrolla el Ombudsman y, serviría como protección de la ciudadanía ante la entrada en vigor de normas inconstitucionales que violentaran sus derechos fundamentales, sin la necesidad de promover un juicio de garantías. Reforma que a su vez fue bienvenida por la doctrina mexicana (véase Las comisiones de derechos humanos y la acción de inconstitucionalidad, César Astudillo y Miguel Carbonell (Coord.), IIJ UNAM, México, 2007)

Ahora bien, en otras latitudes la competencia de las comisiones de derechos humanos (o Defensor del Pueblo) para promover acciones de inconstitucionalidad (o recurso de inconstitucionalidad) no ha sido tan bien recibida. Así, se le ha calificado como una competencia inusual, anómala y contradictoria (Torres Muro, 2007). En efecto, para el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, deberíamos preguntarnos si las comisiones de derechos humanos no pierden más de lo que ganan al interponer una acción de inconstitucionalidad, pues muchas veces les resulta imposible salir airosas de ese proceso, sujetándolas a un desgaste considerable. Esto es así, pues a través de las acciones de inconstitucionalidad se prolonga en sede jurisdiccional un debate parlamentario entre mayorías y minorías, o fuerzas políticas antagónicas.

Pues bien, más allá de la discusión sobre la conveniencia y/o posibilidad de mantener o no al margen de la política a las comisiones de derechos humanos, es un hecho que su legitimación para promover acciones de inconstitucionalidad ya está prevista en la Constitución y que la pregunta que nos plantea el ministro Cossío Díaz es de gran trascendencia. Es decir, ¿es o no afortunado que las comisiones hagan poco uso de su competencia para promover acciones de inconstitucionalidad? Este es el punto en el que quiero enfocarme.

En mi opinión, el activismo de las comisiones de derechos humanos no debe verse sólo como una vía para que los jueces puedan dar contenido a nuestros derechos. Esto es, si partimos del hecho de que a través de una acción de inconstitucionalidad se pone en cuestión una ley, es decir, el medio por el cual se manifiesta la interpretación constitucional de los legisladores sobre derechos constitucionales que son ambiguos y sobre cuyo significado existe un desacuerdo razonable, creo que el incentivo de la interposición de acciones por parte de las comisiones debe ser matizada. Y creo debe ser atemperado con la siguiente perspectiva: el activismo de las comisiones de derechos humanos será beneficioso si sirven como vehículos útiles de transmisión de inquietudes ciudadanas, de manera que aumente la presencia de la sociedad civil en los litigios constitucionales (Carbonell,2007), y no sólo para que los jueces constitucionales expandan su visión constitucional, sin ningún plus en términos de participación y deliberación. Es decir, deben servir como un medio para erigir una ciudadanía trascendente y movilizada que pueda participar en los debates constitucionales que se dan en sede jurisdiccional, convirtiéndola en un sujeto determinante de la agenda de la Corte. Para lo cual será necesario imaginar formas en que la ciudadanía pueda exponer sus inquietudes y visiones al Ombudsman nacional.

Y es que como dice Pisarello, sólo un amplio proceso deliberativo impulsado desde abajo, con la presencia de los propios colectivos interesados, podría propiciar un esquema de derechos fundamentales no sólo para los ‘sin derechos’ sino con los ‘sin derechos’. Es decir no meras concesiones tecnocráticas, paternalistas y por lo tanto revocables, que conciban a los destinatarios de los derechos antes como objetos que como sujetos de las políticas públicas, sino apropiaciones plurales y auto-conscientes de la defensa e interpretación de los derechos fundamentales.

Roberto Niembro. Investigador horario de la Escuela Libre de Derecho.