Por virtud del contexto político electoral, la exposición de motivos de la Ley de Ingresos para el 2012[1] revela un análisis de la evolución recaudatoria desde 2006, destacando el incremento constante en los ingresos tributarios. Esto, entre otros factores, como resultado de la inmovilización y transferencia de fondos en cuentas bancarias para el cobro de adeudos fiscales. Una medida que ha generado, según cifras publicadas por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, la inmovilización de más de 16,000 cuentas bancarias para asegurar el pago de créditos fiscales, recuperándose poco más de  2,621 millones de pesos. Sin embargo, detrás de dicha efectividad recaudatoria, existe un severo impacto jurídico y económico para los contribuyentes al obstaculizarse e incluso impedirse el funcionamiento ordinario de su actividad económica.

Al respecto la Segunda Sala de la Corte aprobó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 20/2011 (10ª época), aún pendiente de publicación, derivada de la contradicción de tesis 358/2011, donde definió la interpretación legal de la inmovilización y transferencia de fondos derivada de créditos fiscales firmes (artículos 156-Bis y 156-Ter, del Código Fiscal de la Federación). Al respecto se estableció que, según lo establecido por el legislador, este procedimiento sumarísimo y alterno de cobro se rige exclusivamente por sus propias reglas y no así por las del procedimiento administrativo de ejecución en lo general. Por consiguiente, conforme a tales preceptos, es innecesario requerir de pago y trabar embargo antes de inmovilizar cuentas.

Ante este primer acercamiento jurisprudencial, por una parte, debe delimitarse el alcance de la tesis de jurisprudencia para llegar a una adecuada interpretación legal; y por otra parte, es posible proponer un vicio de inconstitucionalidad de los artículos que regulan la inmovilización derivada de créditos fiscales firmes. Cuestiones que, en su caso, podrían generar dos eventuales escenarios por plantearse ante el Poder Judicial de la Federación: uno de legalidad y otro de constitucionalidad.

Escenario de legalidad:

Para definir el alcance de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 20/2011 (10ª época), es fundamental distinguir que el artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación se refiere a dos procedimientos diferentes: la inmovilización derivada de créditos fiscales firmes y la inmovilización que procede como consecuencia de embargo. En la contradicción de tesis resuelta por la Corte se resolvió lo relativo a la inmovilización derivada de créditos fiscales firmes. En consecuencia la tesis aplica, única y exclusivamente, a esta inmovilización mas no así a la que proceda como consecuencia del embargo.

La distinción que hace el legislador entre ambos procedimientos de inmovilización encuentra lógica y sustento en el empleo e introducción del concepto “crédito firme”, cuyo origen corresponde al ámbito judicial y no administrativo. Invariablemente esta noción se relaciona con un proceso que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse en aras de seguridad jurídica. Por ello, al introducirse el término crédito fiscal firme, debe entenderse que el crédito, además de ser exigible, necesariamente ha sido sometido a un proceso judicial que ha concluido en todas sus instancias, reconociéndose su validez.

A diferencia de la inmovilización que deriva de un crédito firme, la inmovilización que procede como consecuencia de embargo tiene como fin garantizar el interés fiscal, por lo que se sobreentiende que aún no existe un crédito firme pues el proceso judicial no ha concluido. Por consiguiente, al no existir un crédito firme y ser la inmovilización consecuencia de un embargo, es lógico concluir que antes de inmovilizar debe trabarse embargo de cuentas, cumpliendo con las reglas del procedimiento administrativo de ejecución en general. Cuestión que, como se definió en la tesis 2a./J. 20/2011 (10ª época), no aplica para el caso de la inmovilización que deriva de créditos fiscales firmes.

En este sentido, al existir dos tipos diferentes de inmovilizaciones, no es válido aceptar que la tesis de jurisprudencia 2a./J. 20/2011 (10ª época) se aplique en ambos. Por ello es posible anticipar un posible escenario de legalidad ante el Poder Judicial de la Federación, que aclare esta situación y defina si es necesario o no que se cumpla con las reglas del procedimiento administrativo de ejecución en lo general cuando se trata de la inmovilización que proceda como consecuencia de embargo.

Escenario de inconstitucionalidad:

Es importante insistir en que la tesis de jurisprudencia 2a./J. 20/2011 (10ª época), derivada de una contradicción, resolvió un estudio de legalidad y no de constitucionalidad. De ahí que, además del tema de legalidad, es factible otro escenario donde se estudie si los artículos que regulan la inmovilización y transferencia violan o no el derecho fundamental de seguridad jurídica, en relación con la garantía de audiencia.

El artículo 14 Constitucional establece que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Un derecho que se tiene no sólo frente a las autoridades administrativas y judiciales, sino también frente a la autoridad legislativa, al existir la obligación de que se consignen en las leyes los procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les de oportunidad de defenderse.

Los artículos que prevén la inmovilización derivada de créditos firmes y transferencia de recursos señalan que, si el interés fiscal no se encuentra garantizado, cuando el crédito fiscal quede firme la autoridad fiscal podrá proceder a la inmovilización de cuentas y la trasferencia de recursos. Ello sin que previamente sea necesario requerir de pago, embargar e incluso notificar al contribuyente.

De esta manera los artículos que prevén este medio alternativo y sumarísimo de cobro permiten una privación de propiedad sin otorgar oportunidad de defensa, cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento. Esto porque sin existir un requerimiento de pago,  embargo o notificación previa, el contribuyente será sujeto a una inmovilización e inmediatamente a una transferencia de recursos al fisco federal. Bajo estas circunstancias, por ejemplo, no se permite al contribuyente optar por un pago voluntario; ni señalar bienes a embargar que no sean cuentas bancarias; ni excusarse de pago en caso de que se exija el pago de un crédito extinto; ni muchos menos se reconoce el derecho de prelación que tienen otros créditos, como los laborales, sobre los fiscales. Situaciones que sin duda deberán ser materia de estudio constitucional por la Corte.

Es cuestión de tiempo para que alguno de los escenarios planteados se presente ante la Corte y así sea posible conocer con certeza el impacto jurídico de la inmovilización de cuentas como medida de cobro de adeudos fiscales. Sin embargo, por su innegable impacto económico, este procedimiento de recaudación ya fue calificado el diez de enero de dos mil doce como un problema sistémico[2] por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Situación que expresa la inconformidad social a este método de cobro. Así, con independencia de lo que la Corte llegare a resolver, es necesario revalorar la conveniencia práctica de conjugar el respeto a los derechos fundamentales con una sana política fiscal, pues la presencia recaudatoria no debe lograrse a costa del derecho fundamental de seguridad jurídica y del entorpecimiento de las actividades económicas de los contribuyentes.

Ramón de la Torre Medina. Estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM. Twitter: @rdelatorrem


[1] Análisis de evolución recaudatoria (2006-2012) en la exposición de motivos de la Ley de Ingresos 2012, consultable en:

http://www.shcp.gob.mx/INGRESOS/Ingresos_ley/2012/iniciativa_lif_2012.pdf

[2] Acuerdo de Calificación (PRODECON) consultable en:

http://prodecon.gob.mx/Documentos/Banner%20Principal/2012/ACUERDO_DE_CALIFICACION_v2.pdf