La política tributaria del Gobierno del Distrito Federal, basada en un principio de eficiencia en la recaudación, le ha permitido incrementar su nivel de ingresos al grado de que la mitad de su gasto se obtiene sin depender de las participaciones del Gobierno Federal. El aumento de percepciones por impuesto sobre nóminas, predial y derecho por el uso y suministro de agua es considerable pero específicamente en el rubro de aprovechamientos, donde se incluyen las multas de tránsito, tan sólo del ejercicio fiscal 2010 al 2011, el Distrito Federal consiguió una recaudación mayor a un 63.8 %[1]. Una situación a la cual ninguna entidad federativa ni siquiera aspira.

Sin el ánimo de restar mérito a lo anterior, también debe exponerse la reticencia del Gobierno del Distrito Federal para respetar las tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte cuando se trata de sus finanzas.  Un ejemplo actual, que incumbe a todos los propietarios de vehículos de la capital, es la inconstitucionalidad de la verificación vehicular obligatoria.

En términos de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 193/2009, lel hecho de que la verificación de los vehículos esté sujeta al pago de adeudos fiscales viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en el artículo 16 de la Constitución. Ello porque al condicionar la obtención de la verificación vehicular al pago de impuesto sobre tenencia, se rebasa la finalidad perseguida por el Programa, consistente en prevenir, controlar y reducir las emisiones de contaminantes provenientes de vehículos en circulación. No se advierte razón objetiva que justifique los requisitos fiscales para asegurar una calidad de aire satisfactoria para la salud y el bienestar de la población.

Desde el 4 de noviembre de 2009, la Segunda Sala de la Corte aprobó esta tesis de jurisprudencia, estableciendo que los Programas de Verificación relativos al segundo semestre de los años 2006 y 2007, son inconstitucionales. No obstante ello, el Gobierno del Distrito Federal ha venido repitiendo hasta la fecha el mismo vicio de inconstitucionalidad.

En el apartado 8.1, del actual Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre del Año 2012, se establece como obligación presentar el vehículo sin adeudos por infracciones al Reglamento de Tránsito Metropolitano, así como sin adeudos del Impuesto Sobre Tenencia y Uso Vehicular de los años 2005 y posteriores. Asimismo establece que no se prestará el servicio de verificación cuando se presenten estos adeudos. Situaciones que muestran que subsiste el vicio de inconstitucionalidad y que resulta aplicable por analogía la tesis de jurisprudencia 2a./J. 193/2009.

Ciertamente el pago de adeudos fiscales en nada contribuye a la conservación y mejoramiento de la calidad del aire del Distrito Federal, ni tampoco a la protección de la salud humana o al aumento del nivel de vida de la población. Sin embargo, es innegable que este requisito de verificación constituye un mecanismo de recaudación muy efectivo. Esto porque permite percibir cantidades millonarias sin el costo administrativo de la fiscalización y el cobro coactivo de adeudos.

Por esta razón financiera el Distrito Federal ha decidido ser reticente a una tesis de jurisprudencia de la Corte. Aprovechándose de las inconsistencias del juicio de amparo, cada semestre se ha repetido impunemente el mismo vicio de inconstitucionalidad en los Programas de Verificación. Esto al no existir una declaratoria general de inconstitucionalidad que beneficiara a todos los interesados.

Actualmente si a un particular se le concedió el amparo, éste no puede alegar una repetición del acto reclamado cada semestre pues se trata de Programas de Verificación formalmente distintos que expide la Secretaría de Medio Ambiente cada seis meses.

Por su parte, aquéllos pocos que acudan al juicio de amparo no obtendrán con certeza una suspensión que les permita verificar sin el condicionamiento fiscal con base en una apariencia de buen derecho y por el peligro que implica la demora. Al no existir un criterio definido, muchos jueces consideran que una suspensión de este tipo tendría efectos restitutorios, propios de la sentencia de fondo. De tal modo el particular deberá esperar más de un mes, hasta que se dicte la sentencia definitiva, para que se le dejen de aplicar los requisitos fiscales del Programa de Verificación. Cuestión que no resulta práctica pues si no se verifica dentro del periodo correspondiente el particular deberá pagar una multa por extemporaneidad.

De este modo se aprecia un auténtico mecanismo de recaudación del Gobierno del Distrito Federal, inconstitucional en principio, pero que por su efectividad recaudatoria y por las inconsistencias del control constitucional, sigue aplicándose en violación al derecho fundamental de seguridad jurídica después de tres años.

No es la primera vez que el Gobierno Capitalino es reticente a una tesis de jurisprudencia. Basta recordar los 293 incidentes de inejecución, sesionados en el Pleno, provenientes en su mayoría de la tesis de jurisprudencia número P./J. 23/2004, que declaró inconstitucional el impuesto predial con base en contraprestaciones. Un impuesto que pese haber sido declarado inconstitucional, permaneció vigente y continuó recaudándose respecto de los contribuyentes que no acudieron al juicio de amparo y respecto de los que sí lo hicieron el Gobierno del Distrito Federal alegó insuficiencia presupuestal para devolver las cantidades que pagaron indebidamente.

Tomando en consideración el irrespeto a la jurisprudencia de la Corte, se advierte que el fortalecimiento de la hacienda pública del Distrito Federal se ha alcanzado no solamente con modernización tributaria, acciones de fiscalización y fomento a la cultura fiscal, sino que además se han empleado mecanismos astutos que en el fondo violan derechos fundamentales. Sin demeritar los logros positivos de la política fiscal, desde un punto de vista crítico, lo cierto es que el Gobierno del Distrito Federal, con el objeto de favorecer la recaudación, ha olvidado que una mayor presencia recaudatoria no debe lograrse violando derechos reconocidos tanto en el texto constitucional como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.

 

Ramón de la Torre Medina. Estudiante de la facultad de Derecho de la UNAM. Twitter: @RdelaTorreM


[1] Iniciativa de la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2012, consultable en:

http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/Proy_2012/iniciativaLeyIngresosdelDF_ejercicioFiscal2012.pdf