La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla ha planteado una pregunta no menor para nuestra Suprema Corte de Justicia: ¿Qué aspectos de las resoluciones de esta corte internacional obligan a nuestro máximo tribunal? En este momento, la Corte prepara una discusión autorreflexiva donde tendrán que determinar si esa obligación se limita a la decisión que arroja la sentencia o también a sus argumentos o, inclusive, a la jurisprudencia generada por las diversas sentencias de la CIDH. El siguiente texto ofrece de una guía de las coordenadas de este debate que, más allá de los intereses académicos del tema, urge que se inserte en nuestra corte constitucional en aras de una mejor protección de los derechos fundamentales.

El desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos ha establecido un nuevo paradigma en cuanto a la vigencia, incorporación, aplicación y jerarquía de dichas normas dentro de los órdenes jurídicos nacionales. No hay que olvidar que si algo ha permeado del derecho internacional a los sistemas nacionales es, sin duda, la protección de los derechos humanos. De ahí que instituciones como nuestra Suprema Corte de Justicia sean fundamentales en el proceso de incorporación y aplicación de dichas normas, pues en la protección de los derechos humanos de raíz internacional, los jueces internos cumplen un papel protagónico.

Ahora bien, con tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Castañeda, Caso Radilla y Campo Algodonero), más otros casos en la puerta de dicho tribunal, y una discusión en la Cámara de Diputados sobre la jerarquía constitucional de los tratados sobre derechos humanos, es tiempo de que la Suprema Corte de México discuta y tome una postura más creativa sobre el derecho internacional de los derechos humanos y su incorporación y aplicación como norma interna.

El universo de referentes para un juez en el momento de resolver asuntos donde se vean implicados derechos de las personas se ha multiplicado; ya no se trata de un asunto exclusivo y soberano de los Estados: el derecho internacional tiene mucho que decir al respecto y esto no puede ser ignorado por el juzgador interno. La pregunta obligada, por tanto, frente a esta situación es: ¿cómo es que puede o debe usar un juez nacional dichos referentes internacionales?

Si nos referimos a los tratados, la respuesta en una primera lectura pareciese relativamente fácil: los tratados, al ser ratificados por el Estado, se incorporan a los sistemas nacionales como normas propias de dichos sistemas, una vez que han cumplido con los requerimientos internos de cada ordenamiento nacional. La solución pareciese sencilla, ya que generalmente los Estados se limitan a lo anterior y no realizan una incorporación escalonada de dichos tratados (leyes, reglamentos, nivel local, etc.). Sin embargo, si partimos de que en la actualidad, en la mayoría de los sistemas nacionales, los tratados se encuentran dentro de los primeros escaños de la pirámide normativa, nos encontramos con algunos aspectos que pueden complicar la manera cómo puede o debe usar un juez nacionales los referentes internacionales.

En primer lugar, es necesario un conocimiento de la existencia de los tratados, su inicio de vigencia, las reservas o declaraciones interpretativas formuladas a los mismos; en breve, el juez tendrá que tener acceso a dicha información. Una vez que conoce el instrumento, deberá aplicar las reglas de interpretación de los tratados establecidas por la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, tomando especial atención al contexto del que habla el artículo 31 (2) y (3) y 32 de la citada convención.

Si dicho instrumento crea uno o varios órganos de interpretación del mismo, el juez deberá buscar si tal órgano ha interpretado la disposición a la que se hace referencia en el caso concreto que se le presenta, y considerar a su vez que la interpretación hecha por el intérprete internacional puede tener una naturaleza diversa. Por ejemplo: puede ser una Observación General (Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos); una Recomendación (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), Jurisprudencia de un tribunal internacional del cual el Estado no es parte, que en caso americano sería jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos o de Tribunales Penales Especiales para la Ex-Yugoslavia y Ruanda.[1] Por último, tenemos la jurisprudencia de un tribunal internacional cuya competencia ha sido reconocida por dicho Estado; para el caso de México estaríamos hablando de la Corte Internacional de Justicia, Corte Penal Internacional y, en particular respecto la materia de derechos humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual se integra de la siguiente forma:

A) Opiniones consultivas: la Corte ha expresado que sus opiniones consultivas, no tienen por si mismas, efectos vinculantes para los Estados americanos. Corte IDH, Otros tratados objeto de la función consultiva de la Corte (artículo 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos) OC-1/82 del 24 de septiembre de 1982, párr. 51.

B) Sentencias en casos contenciosos (excepciones preliminares, fondo y reparaciones) la Convención Americana fija el carácter vinculante de los fallos, el fallo de la Corte es “definitivo e inapelable” (artículo 67). Los Estados “se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes” (artículo 68.1). La Corte Suprema Argentina, en el caso Expósito ha determinado que las sentencias de la Corte Interamericana constituyen un “destino ineludible”

C) Sentencias de la Corte para efectos de interpretación: los Estados le han otorgado, a través de la Convención americana, la facultad de ser el intérprete de los instrumentos del sistema.[2]Algunos tribunales internos han considerado, que los fallos que emite la Corte Interamericana, en cuanto a la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, son definitivos e inapelables.[3]Algunos otros Estados, como Chile, consideran que la jurisprudencia de la Corte debe de servir de guía para sus tribunales, la aplicación de la jurisprudencia internacional por parte de las cortes internas puede darle “valor agregado” a la interpretación.

Como vemos, aquello que “debe” o “puede” considerar el juez al momento de resolver un asunto, cuya materia sea considerada por el derecho internacional se ha multiplicado. Pareciese que en un caso concreto, un tribunal interno debe de tener a la vista todos los estándares internacionales aplicables e intentar armonizarlos. Si bien es cierto que actualmente en los fallos internos de algunos estados latinoamericanos abundan las menciones al derecho internacional de los derechos humanos, el carácter de las citas no es homogéneo, sino más bien desordenado y, en no pocas ocasiones, no queda clara cuál es la utilidad de la referencia internacional o, en su caso, en qué sentido se utiliza.

Esto demuestra que la incorporación de reglas, estándares, tratados e interpretaciones internacionales, por parte de los tribunales internos no es coherente ni sistematizada. No es claro el valor que los jueces le atribuyen a las diferentes fuentes de interpretación internacional e, inclusive, hay veces que parece hasta forzada la utilización de fuentes internacionales.

Sin duda alguna, estamos frente a un proceso de ajuste, de articulación de las fuentes internacionales en materia de derechos humanos (tratados, jurisprudencia, estándares) y su incorporación a los sistemas internos a través de su interpretación y aplicación por parte de la judicatura. Sin embargo, es deseable transitar de la aplicación de los instrumentos internacionales y la jurisprudencia internacional, como guía para la labor interpretativa del juez, a una recepción más automática de lo decidido en el ámbito internacional. Esto con el objetivo de lograr una relación más armónica entre ambos sistemas y que el juez interno cumpla su papel de principal garante de este orden público común que se ha creado a través de los sistemas de protección de los derechos humanos.

Lo cierto es que, independientemente de la posición que tomemos, más internacionalista o no, es indispensable que nuestra Suprema Corte discuta estos asuntos y asuma una posición frente a dos situaciones ineludibles: por un lado, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos falladas contra México ya están aquí y el Estado mexicano tiene la responsabilidad internacional de cumplirlas y, por el otro,  parece que la reforma constitucional que eleva a rango constitucional los tratados sobre derechos humanos es casi un hecho inminente.

Gabriela Rodríguez Huerta. Profesora de tiempo completo del Departamento de Derecho del ITAM.

Gran parte del presente artículo forma parte de un artículo anterior: “Derechos Humanos: jurisprudencia internacional y jueces internos” publicado en Recepción Nacional del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Admisión de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana, coordinado por Sergio garcía Ramírez y Mireya Castañeda Hernández, UNAM, SRE y Corte Interamericana de Derechos Humanos, México, 2009.


[1] En estos casos, pueden presentarse dos supuestos, primero, el Estado no es parte del instrumento internacional interpretado por dicho órgano, como es el caso de la Convención Europea de Derechos Humanos, sin embargo, existe interpretación de la Corte Europea de un derecho consagrado de igual manera en un instrumento del cual, dicho Estado si es parte. Segundo, un tribunal que no posee competencia respecto del Estado en cuestión, como es la Corte Penal Especial para el Ex-Yugoslavia interpreta un instrumento internacional del cual, el Estado que nos ocupa si es parte.

[2] El Tribunal Constitucional  del Perú, al calificar a la Corte Interamericana, como “guardián último de los derechos en la Región”, estableció que no era suficiente acudir a las normas internacionales, sino que era preciso tomar en consideración la interpretación que sobre tales normas había realizado la Corte. Sentencia del expediente 218-02-HC/TC, publicada el 3 de agosto de 2002.

[3] Corte Suprema de Justicia de Guatemala, acuerdo n° 96-2006 de 23 de enero del 2006.