El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación [TEPJF] decidió por votación mayoritaria de 4 a 2, negar a Manuel J. Clouthier el derecho a ser candidato a ocupar cargos de elección sin que la postulación provenga de un partido político. La sentencia y el voto emitido por la minoría son dos extraordinarias muestras de cómo ese Tribunal aborda un derecho ciudadano, qué lugar le da al ciudadano en el proceso electoral y cómo concibe el proceso democrático.

No es nuestro propósito descalificar la sentencia por el hecho de ser desfavorable a los intereses de Clouthier y contraria a la expectativas políticas y legales generadas en torno a ella. Sin embargo, en tanto que la instancia ante el TEPJF es única –no admite revisión ante otro órgano jurisdiccional–, sí es válido cuestionar los aspectos metodológicos de la misma en relación con algunos principios procesales y sustantivos que de haberse atendido, habrían enriquecido el debate jurídico y, eventualmente, habrían trascendido al sentido de la misma.

¿Y la exhaustividad y congruencia de la sentencia?

En términos procesales, la sentencia viola dos principios sacramentales de perfil constitucional, que afectaron la debida defensa de Clouthier: el de exhaustividad y el de congruencia. Esos principios exigen el estudio de la totalidad de los argumentos jurídicos expuesto en la demanda, cuidando que los razonamientos de la sentencia sean compatibles y coherentes entre sí.

La lectura de la sentencia da la impresión de que fue elaborada en grupo, en el que cada uno de sus integrantes aportó ideas aisladas, que nunca fueron integradas entre sí de manera armónica y que descuidaron que cada una de esas partes resolviera la litis en su integridad. Esa irregularidad se manifiesta en diversos aspectos, los más destacados los siguientes:

  • No se atendió el argumento de que la esencia del derecho humano previsto en el artículo 35, fracción II de la Constitución, se encuadra en la libertad de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos del país, de la manera que a ellos les parezca mejor y no obligadamente a través de los partidos políticos, como si fueran la única alternativa viable en términos constitucionales.
  • Se ignoró por completo el argumento de que el Congreso Federal ha omitido regular las candidaturas independientes, presentado por Clouthier en el sentido de que esa omisión no sólo es inconstitucional, sino que no es idóneo para vaciar de contenido su derecho humano de participación política. Este argumento es toral, sobre todo si se tiene en cuenta que el TEPJD acepta que el artículo 35, fracción II de la Constitución sí reconoce ese derecho, pero el mismo es de “configuración legal.”
  • Se omitió el análisis del test de proporcionalidad, mediante el cual Clouthier acreditó que la exclusividad de los partidos políticos es irracional, desmedida, inapropiada y absurda para efectos de la actual realidad constitucional, política y social de México. Es cierto que se menciona, pero se descarta dogmáticamente, sin justificación ni explicación alguna.

En el mismo aspecto relacionado con los principios procesales, la sentencia incurre en contradicciones flagrantes, inaceptables para un tribunal constitucional. Así, por ejemplo, al referirse a las calidades de ley a que alude el artículo 35, fracción II de la Constitución, considera que la exclusividad de los partidos políticos

[…] es una calidad establecida en la ley que no viola ni afecta el contenido esencial del derecho fundamental a ser votado, toda vez que no es un requisito arbitrario, ni irrazonable sino que tiene una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, como lo es, por un lado, el fortalecimiento del sistema constitucional de partidos políticos.[1]

Sin embargo, al aludir los candidatos independientes la sentencia establece:

Lo anterior daría pie a que se superara la actual crisis que se vive en los sistemas de partidos políticos, relativa al acceso al poder público y a la participación ciudadana, motivo por el cual la participación y la representación política, por parte de los ciudadanos sin intervención de los partidos políticos, podría reforzar y reafirmar el sistema de partidos, aportando una dinámica social diversa, lo cual podría ser benéfico para fortalecer la del sistema democrático nacional.[2]

¿Por fin? La contradicción es manifiesta.

La reducción del principio pro persona

En la parte sustantiva, es decir, en lo relacionado con el núcleo esencial de la prerrogativa ciudadana de poder ser votado para todos los cargos de elección popular, la sentencia se reduce a un mero discurso, un conjunto de ideas que se construye con argumentos de autoridad –por ejemplo, los precedentes del propio tribunal, de la SCJN y de la Corte Interamericana–, agregando los propios. Transcribe casi toda la demanda que presentamos por Clouthier, sin que con ello se atienda con exhaustividad a sus planteamientos, como lo hemos mencionado.

De este modo, la argumentación se concibe como un forma de negar derechos. Lo que pareciera claro en la Constitución: el derecho a ser votado (35-II), se va diluyendo a lo largo de la sentencia y se convierte en el derecho de los partidos a postular candidatos. En este proceso de transmutación del derecho, el tribunal parte de la idea de que se está ante un “[…] derecho fundamental de base constitucional y configuración legal”[3], y de que el monopolio de los partidos se justifica por el “[…] régimen de fortalecimiento de partidos”.[4]

Es un derecho de configuración legal, dice la mayoría, porque la propia fracción II condiciona el derecho a las “calidades” que establezca la ley, que la sentencia desprende que una de ellas es la de ser postulado por un partido. Hay una definición interpretativa y de entre varias posibles se elije la que más restringe el derecho a ser votado de los ciudadanos, contrariando así el mandato constitucional que ordena la interpretación que más los amplíe: el principio pro persona en su mínima expresión.

En “calidad” el voto mayoritario va más allá de las condiciones de elegibilidad e introduce, por vía de la voluntad, más que de la razón, un elemento que no corresponde a la persona (como lo sería su edad, su nacionalidad, su residencia) sino circunstancias y condiciones que la exceden.  La restricción de ese derecho no se hace en función de la condiciones impuestas en el texto constitucional, sino contra la voluntad misma del Constituyente Permanente que en el año de 2007 –y de manera intencional– eliminó la exclusividad de los partidos políticos para postular candidatos del artículo 41 de la Constitución Federal. El principio pro persona en su reducción máxim

El discurso, por supuesto, puede decir lo contrario, pero para ello tiene que afirmar que el derecho depende, es decir, está subordinado, a la decisión de un sujeto distinto al ciudadano: un partido, que a su vez sólo tiene sentido como creación de la libertad de asociación. Dicho de manera clara, el tribunal hace depender el derecho a ser votado de la obligatoriedad de ejercicio de otro derecho: la libertad de asociación. La mayoría en apariencia resuelve ese problema señalando que no se vulnera la libertad de asociación debido a que no se requiere la afiliación para ser candidato al existir la posibilidad de candidatos externos. El argumento es falso: la asociación se da afiliándose y también como candidato externo. Cuando el candidato es postulado, asume la plataforma, la declaración de principios. Hay una asociación de hecho.

Para llegar a su conclusión, el voto mayoritario desconoce el núcleo esencial de la libertad de asociación (asociarse o no asociarse) y al convertir su ejercicio obligatorio en un requisito para ser votado, lo que realmente hace es privilegiar a la asociación, es decir al partido, subordinando a su decisión, tanto la libertad de asociación como el derecho del ciudadano a ser votado.

La “necesaria configuración legal” del derecho como forma de evasión

El TEPJF acepta que el artículo 41 de la Constitución no establece el derecho exclusivo de los partidos políticos para postular candidatos y que “[..] no proscribe las candidaturas ciudadanas pero tampoco las establece”[5]; y agrega que “[…] tampoco estableció entre sus bases, en forma expresa o implícita, una sola norma constitucional con relación a los candidatos ciudadanos o independientes[…].[6] De ahí que no resulte jurídicamente admisible interpretar el artículo 35, fracción II “[…] en el sentido de que contempla el derecho constitucional o fundamental de los ciudadanos a ser candidatos ciudadanos, y por tanto, que el legislador ordinario necesariamente debe contemplarlas al regular las calidades, circunstancia, requisitos y condiciones.”[7]

No bastaría, pues, el derecho a ser votado para que exista el derecho. El silencio constitucional es asumido en la sentencia como una autorización para favorecer al partido, no al ciudadano. De nueva cuenta, el principio pro persona en su mínima expresión. Además, se representa a un legislador necesitado de tutela y hace un innecesario llamado al Constituyente para colmar el silencio. El voto mayoritario renuncia a las capacidades de un tribunal constitucional –el TEPJF– para establecer la forma de garantizar un derecho.

Además, la sentencia agrega que se requiere regulación legislativa en esta materia debido a que la instrumentación de candidaturas ciudadanas requiere de previsiones no existentes actualmente, como, por ejemplo, lo referente a los recursos económicos, tiempos oficiales para propaganda, representación ante las instancias electorales, etc. Sin embargo, no justificó plenamente por qué eran obstáculos insalvables y por qué la actual regulación era insuficiente para colmarlas. Tampoco hizo alguna manifestación sobre los términos en que la propia demanda planteaba el reclamo y la solución a alguno de los pretendidos inconvenientes, sobre todo considerando que ese tipo de temas instrumentales u operativos no pueden restringir o anular un derecho humano.

El derecho a ser candidato: el ciudadano, de soberano a “villano”

Clouthier hizo manifestación expresa que en su reclamo no demandaba recursos públicos ni tiempos oficiales para propaganda. Este planteamiento es la clave de una discusión central, pero que pasó desapercibida: los derechos y los recursos públicos. No reclamar recursos públicos es una posición política. El reclamo de ser candidato y deslindarlo del financiamiento público es parte de un planteamiento serio de una posición política e ideológica. ¿Si un candidato o un partido asume como parte de su programa prescindir de recursos públicos, puede obligársele a recibirlos? Si por el contrario, plantea que tales recursos deben emplearse para mejores propósitos (educación, salud) y que su campaña u organización se sostendrá con las aportaciones de sus ciudadanos simpatizantes o militantes hasta por un máximo que permita la ley, ¿es contrario a la equidad?

La ausencia del análisis de tal argumento en la demanda muestra lo insatisfactorio en la argumentación. En la sentencia no se planteó tal discusión y, por tanto, en este caso, la posibilidad de salvar un obstáculo (el financiamiento público), que a los magistrados les pareció infranqueable.

Pero para el TEPJF no bastó conducir su argumentación para configurar un ciudadano sin derechos, sino que lo demonizó: “[L]a presencia de candidatos independientes en esas circunstancias, se podría traducir en una situación de inequidad respecto de los partidos políticos, al exigir a éstos muchos más requisitos que la postulación de un ciudadano sin estar sujeta ésta a regulación alguna y, a su vez, se podría propiciar el debilitamiento de los partidos políticos.”[8]

Bajo este enfoque, las candidaturas independientes, de aceptarse, se constituirían en villanos de los partidos políticos. La inequidad no se da en tiempo presente por el hecho de que éstos tengan monopolizada la vía de acceso al ejercicio del derecho humano de libre participación en los asuntos públicos del país, sino porque potencialmente, de inaplicarse el artículo 218 del Cofipe, los ciudadanos se pondrían en una situación desigual de ventaja respecto de los partidos políticos.

Así visto, el criterio del TEPJF implica que las prerrogativas draconianas que éstos tienen en materia de financiamiento público y tiempos en medios de comunicación, languidecerían al lado de los ciudadanos que pretendiesen ser votados sin la postulación partidaria.

El principio pro partidos prevaleció sobre el principio pro persona. Gran paradoja, sin duda. Gran contradicción.

 

Luis M. Pérez de Acha. Abogado de @Justicia_Justa. Doctor en Derecho por la UNAM. Twitter: @LuisPerezdeAcha José Roldán Xopa. Abogado de @Justicia_Justa. Doctor en Derecho por la UNAM. Twitter: @JRXopa.



[1] Sentencia del TEPJF SUP-JDC 612/2012 y acumulados. Página 197

[2] Ibídem página 226.

[3] Ibídem página 270.

[4] Ídem página 197.

[5] Ibídem página 136.

[6] Ibídem página 137.

[7] Ibídem página 167.

[8] Ibídem página 189.