Luis M. Pérez de Acha y José Roldán Xopa publicaron, en este mismo espacio, un análisis crítico de la sentencia del TEPJF mediante la cual se confirmó la negativa de registrar a Manuel Clouthier como candidato independiente a la Presidencia de la República. Aunque

ciertas críticas son atinadas, me parece que algunos de sus planteamientos no se sostienen, sobre todo si consideramos los términos en los que fue planteada la demanda de Clouthier.[1] Específicamente, considero que la demanda presenta ideas contradictorias en dos temas de suma relevancia para el litigio: a) la posibilidad de que el legislador ordinario introduzca restricciones válidas a los derechos humanos y b) si es razonable que los partidos tengan la exclusividad en el registro de candidatos.

En su demanda, Clouthier sostiene, de manera simultánea, dos posturas incompatibles sobre la posibilidad de que el legislador ordinario establezca límites al derecho a ser votado. Por una parte, argumenta que “las únicas restricciones válidas” a los derechos humanos “son las de rango constitucional, no las impuestas por el Congreso de la Unión en disposiciones legales ordinarias” (p. 98). Por tanto, estima que es inconstitucional que los partidos tengan el derecho exclusivo para registrar candidatos, pues semejante restricción está contenida en una norma secundaria (art. 218.1 COFIPE) y no en la Constitución.

Sin embargo, en la demanda de Clouthier también hay un planteamiento completamente opuesto, esto es, que el legislador ordinario sí puede establecer restricciones al ejercicio de los derechos humanos. Paradójicamente, Clouthier argumenta que “[l]os derechos humanos no son absolutos ya que éstos pueden ser limitados, siempre y cuando dichas limitaciones se encuentren consagradas en una norma legal, sean legítimas y resulten necesarias en una sociedad democrática” (p. 42).[2] Tan se admite tal posibilidad, que Clouthier solicita que el artículo 218.1 del COFIPE se analice con base en un test de proporcionalidad, a fin de determinar si el derecho exclusivo de los partidos en el registro de candidatos se justifica o no. Es decir, aquí la inconstitucionalidad de la norma no es ya por su inferior jerarquía, sino por su falta de razonabilidad.

Ahora bien, ¿cuál fue la posición del TEPJF en este tema? El Tribunal consideró que la limitación al ejercicio del voto pasivo sí tiene una base constitucional: el artículo 35 de la Constitución, que establece la prerrogativa del ciudadano a “ser votado para todos los cargos de elección popular […] teniendo las calidades que establezca la ley”. Posteriormente, definió el término calidad como el “requisito, circunstancia o condición necesaria establecida por el legislador ordinario, que debe satisfacerse para ejercer un derecho”. Y, a partir, de lo anterior, analizó la restricción contenida en el artículo 218.1 del COFIPE con base en el test de proporcionalidad.

Según Pérez de Acha y Roldán, el TEPJF optó por la opción interpretativa “que más restringe el derecho a ser votado de los ciudadanos”. Al equiparar “calidades” con “requisitos”, el Tribunal abrió la puerta para que el derecho a ser votado se limitase “más allá de las condiciones de elegibilidad”, lo cual implicó que se llevara el principio pro persona a “su mínima expresión”, a su “reducción máxima”. Sin embargo, lo cierto es la lectura del TEPJF fue mucho menos restrictiva que la postura –defendida a ratos por el propio Clouthier– consistente en que los derechos humanos pueden limitarse, incluso sin una base constitucional explícita, siempre y cuando se cumpla con el test de proporcionalidad.

Ahora bien, un segundo planteamiento de Pérez de Acha y Roldán que vale la pena analizar es su crítica a la forma en que el TEPJF aplicó el referido test. De acuerdo con los autores, en la sentencia se “omitió el análisis del test de proporcionalidad”, mismo que sólo “se menciona, pero se descarta dogmáticamente, sin justificación ni explicación alguna.” Lo anterior es falso. Para justificar la razonabilidad de la restricción contenida en el artículo 218.1 del COFIPE, el TEPJF argumentó que la exclusividad de los partidos en la postulación de candidaturas “era una calidad establecida en la ley”, que además perseguía “una finalidad objetiva y constitucionalmente válida”, esto es, “el fortalecimiento del sistema constitucional de partidos políticos”, así como “el derecho de acceder, en condiciones generales de igualdad, a los cargos públicos” (p. 197-198). Asimismo, argumentó que la medida cumplía con los principios de proporcionalidad y necesidad, toda vez que buscaba asegurar el principio de la equidad en la contienda (p. 222).[3] Una argumentación que –si bien puede o no compartirse– evidencia que el TEPJF a) no omitió el análisis del test de proporcionalidad y b) sí dio razones y explicaciones para justificar la restricción al derecho a ser votado.

Más aún, convendría enfatizar que los planteamientos de Clouthier relacionados con el test de proporcionalidad son poco convincentes. En la demanda se acepta que el derecho exclusivo de los partidos políticos para postular candidatos tiene como finalidad “fortalecer el sistema plural de partidos” y que éste “es un fin legítimo a la luz de la Constitución” (p. 93). Sin embargo, Clouthier cuestiona la idoneidad y necesidad de la restricción con base en dos ideas por demás cuestionables: primero, que la exclusividad de los partidos en la postulación de candidatos “no necesariamente fortalece al sistema plural de partidos” y, segundo, que la introducción de las candidaturas independientes “permitiría el fortalecimiento del sistema plural de partidos” (p. 93).

Dicho de otra manera, Clouthier alega que los sistemas de partidos se fortalecen cuando éstos no tienen una condición monopólica en la postulación de candidatos.[4] Una idea paradójica que, además, no pasa de ser eso: una idea. En efecto, en la demanda de Clouthier no se hace referencia a ningún tipo de evidencia empírica que permita sostener lo anterior. No sorprende, por tanto, que más adelante la propia demanda se contradiga a sí misma en este punto. De acuerdo con lo planteado por Clouthier,

la finalidad de […] otorgar el “derecho exclusivo” a [los partidos políticos] de postular candidatos a puestos de elección popular, obedeció una necesidad histórica a efecto de fortalecer el sistema de partidos (p. 112).

Pérez de Acha y Roldán tienen razón cuando advierten que en la sentencia del TEPJF hay una contradicción manifiesta cuando se afirma, por una parte, que la exclusividad de los partidos políticos abona al “fortalecimiento del sistema constitucional de partidos políticos”, pero que, por la otra, el establecimiento de las candidaturas independientes “podría reforzar y reafirmar el sistema de partidos”. Sólo habría que agregar que, en este tema, la demanda de Clouthier cae en la misma confusión.

Al apuntar dos de los problemas argumentativos de la demanda presentada Clouthier, no pretendo descartar todas las críticas de Pérez y de Acha y Roldán, pues algunas son muy atendibles. Sin embargo, creo que difícilmente se puede sostener la idea de que la sentencia del TEPJF es “un mero discurso, un conjunto de ideas que se construye con argumentos de autoridad”, o bien, que su argumentación “se concibe como un[a] forma de negar derechos”. Si bien la crítica de los autores evidencia algunos de los problemas argumentativos de la sentencia del TEPJF, lo cierto es que la demanda de Clouthier es poco sólida en algunos aspectos claves del litigio.

Y lo anterior permite ver, me parece, que el debate sobre las candidaturas independientes difícilmente encontrará una respuesta satisfactoria en la sede judicial. Dada la enorme cantidad de normas que regulan los procesos electorales en nuestro país, parecería que la arena legislativa es el lugar más adecuado discutir las bondades y problemas de las candidaturas independientes y, en su caso, establecer la regulación correspondiente. Hay preguntas que, por su complejidad y trascendencia para una sociedad democrática, más vale no intentar responder –exclusivamente– a golpe de jurisprudencia.

 

Javier Martín Reyes. Licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE y pasante de la Licenciatura en Derecho de la UNAM. Actualmente labora en la Sala Superior del TEPJF. Twitter: @jmartinreyes. Por supuesto, todo lo aquí expresado sólo refleja la opinión del autor.


[1] Prácticamente toda la demanda de Clouthier se reproduce en la sentencia SUP-JDC-612/2012 y acumulados (pp. 26-119).

[2] Incluso, Clouthier echa mano de jurisprudencias de la SCJN “en las que se dispone que el derecho a ser votado y el interdependiente derecho de asociación pueden ser regulados por el legislador siempre y cuando éste respete los requisitos de proporcionalidad y razonabilidad” (p. 110).

[3] De acuerdo con el TEPJF, la restricción es acorde con el sistema político-electoral de México, en el cual “se busca asegurar condiciones de equidad en el otorgamiento del financiamiento público y el acceso a los medios de comunicación”, en “los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos privados”, así como en los “topes para el gasto de campaña” (p. 222).

[4] Parecería que la postura opuesta es más sensata, es decir, se puede argumentar que el sistema de partidos políticos en México es demasiado fuerte y que, por tanto, las candidaturas independientes son útiles en la medida en que rompen con el monopolio que los partidos ostentan en la postulación de candidatos. Se puede o no compartir la idea de que las democracias modernas necesitan de un sistema de partidos sólido, sin candidatos independientes. Ambas posturas, me parece, tienen argumentos atendibles. Pero ciertamente el debate no se ve favorecido cuando dogmáticamente se sostienen afirmaciones como las planteadas por Clouthier.