Pocos principios jurídicos son tan fáciles de formular y tan difíciles de llevar a la práctica como el principio constitucional a la presunción de inocencia”

Francisco Muñoz Conde, El País, 28 de septiembre de 2003

 

En los últimos días, los jóvenes han puesto en la agenda pública un tema fundamental: la democratización de los medios de comunicación. Aprovecho la coyuntura para hacer una aportación.

Como todo proceso, la democratización involucra múltiples actores y pluralidad de instituciones en interacción. Me interesa un tema en particular. En las siguientes líneas reflexiono sobre la relación entre los medios de comunicación como actores de la democracia y los derechos constitucionales como institución básica de una sociedad democrática.

En particular, me refiero al rol de los medios frente al principio constitucional de inocencia.

Este principio parece sencillo de explicar: todos somos inocentes frente al Estado en tanto éste no pruebe, más allá de toda duda razonable, lo contrario, es decir, que somos culpables de un delito o de una conducta ilegal.

Detrás de la aparente sencillez se esconde una realidad compleja. Diariamente, los jueces nacionales tienen graves problemas para aterrizar el principio de inocencia en sus sentencias. Sea porque no lo entienden, porque no quieren entenderlo o porque no se les exige aplicarlo, el principio está lejos de ser un pilar de la justicia mexicana.

Impera entonces una suerte de principio de culpabilidad en nuestro sistema de justicia, que también opera en la opinión pública nacional.

En los últimos años la presunción de inocencia ha sido objeto de revisión.[1] En 2011, Patricia Williams escribió en The Nation sobre medios, presunción de inocencia y debido proceso.  Unos meses después, The Guardian publicó una nota en el mismo sentido.

En México, el principio fue introducido expresamente en la Constitución apenas en 2008, a pesar de constituir una victoria jurídica que se remonta al s. XVIII. [2]

La actualidad del principio es que no se agota en los tribunales.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su Observación General No. 32 ha dicho:

La presunción de inocencia…fundamental para la protección de los derechos humanos, impone la carga de la prueba a la acusación, garantiza que no se presuma la culpabilidad a menos que se haya demostrado la acusación fuera de toda duda razonable, asegura que el acusado tenga el beneficio de la duda, y exige que las personas acusadas de un delito sean tratadas de conformidad con este principio. Todas las autoridades públicas tienen el deber de abstenerse de prejuzgar los resultados de un juicio, por ejemplo, absteniéndose de hacer comentarios públicos en que se declare la culpabilidad del acusado.

Los medios de comunicación deberán evitar expresar opiniones perjudiciales a la presunción de inocencia.[3]

En todo el mundo, las tecnologías de la información han empatado exponencialmente a los medios con el principio de inocencia. Hoy la información se difunde de inmediato. Como diría Baudrillard, “la interactividad nos amenaza por todas partes”.

Hay un problema cuando los medios de comunicación informan sobre la (probable) culpabilidad de un individuo como autor de un hecho ilegal. La presunción de inocencia puede ser fácilmente violada.

En 1897, Emile Zolá defendió al famoso capitán Dreyfus de una acusación que se tornó mediática. Para el escritor, el capitán dejó ser persona a los ojos de la opinión francesa, pasó a ser un símbolo de un malestar social, de traición personificada, de patriotismo de contraste.

Cuando Dominique Strauss Khan fue detenido en Nueva York y acusado con cargos de sexuales, bastaron minutos para que la prensa global difundiera la noticia y quedara sellado el fin de la carrera política del francés.

Cuando el profesor Henry Louis Gates, catedrático de Harvard, fue arrestado afuera de su casa y acusado por faltas al orden público y “allanamiento” en su propio hogar, el escándalo tardó unas horas antes de dominar los medios de comunicación norteamericanos.[4]

Cada vez que la Secretaría de Marina nos presenta personas como “capos” o nos exhibe la detención de un supuesto líder del crimen organizado, pocos dudan que “El Chilango” sea culpable de las conductas que se le imputan. ¿Qué importa si está golpeado o torturado? Es culpable.

Quienes vieron la exhibición del señor Cantoral Benavides, usando un traje “infamante” de reo, quedaron convencidos que los militares peruanos detuvieron al culpable de un delito.[5]

Después de ser retenida, exhibida, interrogada y acusada en televisión nacional como parte de una ‘banda de secuestradores’, ya no fue razonable llamarle Florence Cassez a la mujer acusada, sino “la secuestradora francesa”.

Todos estos casos tienen un común denominador: la presunción de inocencia entró en pugna directa con la información difundida por los medios de comunicación. Las personas involucradas no habían sido procesadas ni condenadas y sin embargo, fueron sometidas al juicio público.

Para algunos, los ejemplos no son graves: “son parte de la libertad de expresión”, “son reparables”.

La libertad de expresión no puede estar sujeta a censura previa, cierto. Sin embargo, su ejercicio encuentra límites en la vulneración de otros derechos constitucionales. El principio de inocencia es un fin constitucionalmente protegido. Como tal, tiene varias dimensiones y formas de aplicación.[6]

La presunción de inocencia es exigible tanto en situaciones procesales (en juicio) como en extraprocesales (fuera de juicio).[7] Obliga a todas las autoridades a dar un trato de no culpables a toda persona acusada por el Estado.

Los medios de comunicación violan el principio cuando difunden una versión incompleta, anticipada o inacabada de la realidad.

El impacto mediático de señalar a alguien como culpable públicamente se antoja difícil de revertir. Los errores judicial y policial, en contraste, son comunes.

Es perverso sostener que un juicio mediático no constituye un juicio previo que lo imbuye todo, que contamina la opinión y las condiciones de cualquier proceso.

¿Cómo abordamos el problema?

Con mecanismos institucionales de prevención y con garantías exigibles de reparación.

El 16 de abril de 2012, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal publicó el Acuerdo A/003/2012, que contiene el “Protocolo para la Presentación Ante los Medios de Comunicación, de Personas Puestas a Disposición del Ministerio Público”.

La emisión del acuerdo es de celebrarse, sin embargo, resuelve pocos problemas. No establece parámetros claros para determinar cuándo será presentada una persona y no resuelve el problema de las detenciones arbitrarias y de las presentaciones que se hacen “antes” de poner a disposición a una persona. Con todo, es un acuerdo novedoso y relevante.

Antes, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal publicó la recomendación 3/2012, sobre la exhibición de personas y la publicación de su información personal en averiguaciones previas a cargo de la PGJDF. Se concluyeron irregularidades en 27 casos que agraviaron a 50 personas.

Ambos instrumentos abonan al problema, pero son insuficientes. Es imperativo vincular a los estudiantes de comunicación con sus obligaciones y responsabilidades constitucionales. Es crucial exigir a nuestros jueces la aplicación real del principio de inocencia y dar peso a sus violaciones.

Reflexiones finales

La violación a la presunción de inocencia está estrechamente vinculada a la violación de otros derechos, como la imagen, la honra y la dignidad. Estos correlativos están protegidos por los tratados internacionales que México reconoce.

En un escenario democrático, sin censura previa, la ética profesional de los informadores juega un papel central y deberá estar construida a partir del complemento cruzado de las disciplinas de la información y del derecho. Personalmente, conozco un solo trabajo profesional que cruza las disciplinas del derecho y del periodismo con miras a la solución práctica de problemas de este tipo.[8]

Además, hace falta ingeniería institucional que haga posible la reparación de daño, a favor de personas que hayan sufrido violaciones graves al principio de inocencia. La noción de indemnización por daño debería ser rediseñada, por ejemplo, para permitir que la reparación obligue incluso a medios de comunicación a reivindicar la imagen de una persona a través de una difusión proporcional a la que provocó la violación.

No hay duda alguna: los derechos constitucionales tampoco debiesen ser violados por los poderes privados, tal es el caso de los medios de comunicación. Pues hay que tener bien presente que los juicios previos, sean impulsados por un poder público o por uno privado como los medios, son contrarios a la presunción de inocencia.

En la medida en que a todos nos quedé más claro que nuestros derechos están en constante pugna con los mecanismos de información, más contundente podrá ser nuestra exigencia de obtener medios de comunicación más democráticos.

 

Aldo González Melo. Licenciado en Derecho por el ITAM, litigante en materia constitucional y penal. Twitter: @aldomelo


[1] Ver por ejemplo: Brandon L. Garrett, Judging Innocence, Columbia Law Review, Vol. 100:2, 15 de noviembre de 2007, páginas 101-190; Steve Sheppard, The Methamorphoses on Reasonable Doubt: How Changes in the Burden of Proof Have Weakeaned the Presumption of Innocence, Notre Damme Law Review, Vol. 78, mayo de 2003.

[2]Cfr. Francois Quintard-Morenas, The Presumption of Innocence in the French and Anglo-American Legal Traditions, The American Journal of Comparative Law, Vol.58.1, 2010, páginas 107-149.

[3] Periodo de sesiones Ginebra, 9 a 27 de julio de 2007, CCPR/C/GC/3223 de agosto de 2007, página 9, párrafo 30.

[4]Cfr. Charles Ogletree, The Presumption of Guilt: The Arrest of Henry Louis Gates Jr., and Race, Class, and Crime in America, Palgrave Macmillan, Nueva York, 2010.

[5] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Cantoral Benavides v. Perú, sentencia de fondo de 18 agosto de 2000, párrafo 119.

[6] Para los tribunales, el principio de presunción de inocencia tiene 3 dimensiones: a) es una regla de trato (de no culpables) a favor de las personas; b) es una estándar para analizar la evidencia en un caso concreto; y c) es un estándar de interpretación al momento de dictar una sentencia.

[7] Ver jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ‘PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL’, S.J.F. y su Gaceta; XXV, Mayo de 2007.

[8] Ver: Esteban Illades, “La Cobertura Periodística de los Tribunales: Una Introducción al Periodismo Judicial”, Tesis profesional para obtener el grado de Licenciado en Derecho, ITAM, 2011.