La noticia ha circulado en diversos medios de comunicación: el Tribunal Fiscal recién emitió una sentencia en la que acaba con el carácter de definitividad de las resoluciones del IFAI y abre la puerta para que los sujetos obligados a entregar información pública presenten demandas en contra de aquéllas. Esto significa una seria amenaza en contra de la trasparencia, toda vez que entorpece el procedimiento de acceso a la información pública. Así, el efecto de esta decisión del Tribunal Fiscal no se hizo esperar: apenas hace algunos días el SAT atacó la resolución del IFAI que lo obligaba a dar a conocer información relacionada con los beneficiarios de la cancelación de créditos fiscales. En el siguiente texto, la Comisionada Presidenta del IFAI ofrece sus argumentos de porque es injustificado el ataque del Tribunal Fiscal.

Actualmente, en ciertos círculos del poder público -que creo todavía son minúsculos- existe un claro intento para que en la natural tensión entre los valores de acceso a la información, la rendición de cuentas a los ciudadanos, la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del Estado de derecho prevalezcan los contravalores.

Uno de estos procesos involutivos en el acceso a la información consiste en el combate jurídico que algunos sujetos obligados han emprendido en contra de resoluciones del IFAI.

Esas impugnaciones se han traducido, concretamente, en la presentación de juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y en la interposición de amparos directos ante el poder judicial de la federación.

La posibilidad de impugnar las resoluciones del IFAI a través del juicio de nulidad está vedada considerando las atribuciones con que cuenta el Tribunal referido.

El fundamento invocado por ciertos sujetos obligados para impugnar las resoluciones del IFAI por esta vía, es la fracción XI y último párrafo  del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el párrafo tercero del artículo 2 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, en los que se establece:

Artículo 14. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de su competencia.”

Artículo 2. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Las autoridades de la Administración Pública federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley.”

La incompetencia del tribunal administrativo referido para conocer de las impugnaciones que se presenten en contra de las resoluciones del IFAI, se sustenta en lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX-H de la Constitución federal, ya que en ese precepto se faculta a los tribunales contenciosos administrativos para conocer conflictos que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, y no así entre dos integrantes del poder ejecutivo.

Esto se refrenda con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el que se otorga competencia a dicho tribunal para conocer, en el juicio contencioso administrativo, de las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos dictados por autoridades administrativas o fiscales, en las materias señaladas en ese artículo y en las diversas fracciones que lo componen, sin que en ninguna de ellas se prevea una competencia para conocer de las resoluciones que emite el IFAI.

Si bien en la fracción XI del artículo 14 de la LOTFJFA se prevé la competencia del tribunal referido para conocer de resoluciones que ponen fin a procedimientos administrativos, lo cierto es que lo condiciona a los términos previstos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y según el artículo 51 de  la LFTAIPG el recurso de revisión que conoce el IFAI sustituye al recurso a que se refiere la LEFEPA.

Respecto al juicio de lesividad previsto en el último párrafo del 14 de la LOTFJFA, y último párrafo del artículo 2 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, según el cual las autoridades pueden demandar la nulidad de sus propios actos cuando favorezcan a un particular y que se estime contrario a la ley, éste resulta improcedente porque cuando un sujeto obligado de la administración pública federal demanda al IFAI, no se configura el supuesto previsto para el juicio de lesividad, porque con este medio de impugnación no están buscando la nulidad de sus actos sino la de una autoridad distinta.

Con relación al número de juicios de nulidad interpuestos por sujetos obligados en contra de resoluciones emitidas por el IFAI, debe destacarse que se han presentado un total de 40, de los cuales 29 han sido desechados; 7 sobreseídos y 4 admitidos.

Jacqueline Peschard. Comisionada Presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).