La Suprema Corte en diversas sentencias ha fijado el criterio consistente en que para hacer efectivo el derecho a una adecuada defensa, las personas que estén sujetas a un procedimiento penal deben ser asistidas por un abogado, ya sea de oficio o particular, desde el momento en que sean presentadas a un Ministerio Público y durante el desarrollo de todo el juicio –que comprende, incluso, el recurso de segunda instancia y la etapa de ejecución de sentencia.

No obstante, al resolver diversos amparos el mes pasado[1], la Corte aclaró que si bien debe amparase a una persona cuando le haya sido transgredido este derecho. Esto no se debe traducir en la libertad inmediata del inculpado, ni la reposición total del procedimiento. Sino, simplemente, en la anulación de todas aquellas diligencias en las que no haya sido asesorada por un defensor, de ahí que éstas no deban ser consideradas para la emisión de la sentencia final.

El derecho a contar con la asesoría de un abogado es esencial para que podamos hacerle frente a la actuación punitiva del Estado. Primero, porque nos permite gozar y ejercer los derechos que nos corresponden durante un juicio penal, como el de no ser sometido a una detención arbitraria, a no ser incomunicado, a ser informado de las razones de la detención, a no ser torturado, a guardar silencio, etcétera. Y, segundo, porque nos da la oportunidad de oponer los recursos, diligencias y promociones necesarias para nuestra defensa.

Al abogado corresponde, en último término, hacer valer nuestros derechos o, en su caso, que sus transgresiones tengan consecuencias jurídicas para el desarrollo y resultado de su juicio, a través de la promoción de los recursos legales correspondientes. Por el contrario, si las personas no cuentan con un abogado que las defienda durante un procedimiento difícilmente tendrán la posibilidad de señalar alguna violación a sus derechos, empezando justo por el de contar con asistencia legal debida.

Además, este derecho garantiza que la sanción más severa que puede imponer un Estado, como la privación de la libertad, sea el resultado de un debido proceso. Es decir, del respeto a las formalidades esenciales del procedimiento. Y materializa el principio de igualdad de armas[2] que implica que las partes involucradas de un juicio actúen con las mismas oportunidades procesales para su defensa. Es cierto, en un juicio penal no es posible una equiparación absoluta entre la actuación del Ministerio Público como órgano representante del Estado (y de los ofendidos) y el acusado. Sin embargo, la búsqueda de cierto equilibrio procesal entre las partes reconoce la posición privilegiada del Estado como detentador del poder punitivo y la fuerza pública, ante el cual los acusados se encuentran en desventaja.

Pero la posición de la Corte en esta materia no ha sido fruto de una discusión sencilla. En particular, porque este tema se ubicó en el centro del debate sobre la vigencia del nuevo sistema penal acusatorio instituido por la reforma constitucional de 2008. La discusión giro en torno a que para algunos ministros debía aplicarse la normatividad vigente al momento de la comisión de los actos reclamados, mientras que para otros debía emplearse las nuevas reglas establecidos por dicha reforma.

galimatíasAl final, la mayoría de los ministros reconocieron que resulta más favorecedor a los individuos (principio pro homine) ser defendidos por un abogado, que ser asistidos exclusivamente por una persona de su confianza. Tal como lo permitía el artículo 20 constitucional antes de ser reformado, para lo cual aplicaron el artículo 8, inciso e) de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece “el derecho irrenunciable de toda persona inculpada de un delito a ser asistida por un defensor proporcionado por el Estado”, cuando ésta no se defienda por sí misma o nombre un defensor particular. Aquí la Corte resolvió en consonancia con la reforma de derechos humanos de 2011, que obliga a las autoridades del Estado a buscar la protección más amplia de derechos de las personas, que además de los reconocidos por la Constitución federal incluye los derechos de fuente internacional[3].

No obstante, los ministros también reiteraron que el nuevo sistema penal acusatorio no tiene aplicación inmediata en las entidades federativas. Para que las reglas de ese sistema estén vigentes en el ámbito de sus territorios, las legislaturas deben hacer las adecuaciones legales necesarias y emitir una declaratoria de validez (para lo cual tienen hasta 2016).

Lo que significa que, actualmente, en relación al nuevo sistema acusatorio penal, los mexicanos tenemos derechos y beneficios diferenciados. Mientras en algunas entidades federativas[4] los individuos gozan del derecho a seguir su procedimiento en libertad, a tener una defensa técnica adecuada, a que les sean aplicadas medidas de seguridad sólo mediante una sentencia firme, etc. en el resto de las entidades (veinte en total, incluyendo al Distrito Federal) no podemos beneficiarnos de dichas prerrogativas.

Basta un ejemplo para ilustrar esta situación. De acuerdo a un criterio similar emitido por la Corte a principios de este año, mientras las legislaturas locales no armonicen sus legislaciones al nuevo esquema penal, no todos podremos gozar del derecho a defendernos durante un proceso penal fuera de la cárcel, cuando se nos acusa de realizar un delito calificado como grave. Esto significa que mientras no se realice este ajuste la prisión preventiva, a pesar de ser considerada como medida cautelar excepcional por la reforma penal de 2008, seguirá siendo la regla.[5] Situación que se agrava si consideramos que, hoy en día, casi todos los delitos tienen el carácter de grave en las legislaciones penales locales.  

Lamentablemente, ha bastado una interpretación gramatical y un estudio de constitucionalidad en bloque (y, de pasada, el principio del federalismo) para condicionar la vigencia del cúmulo de derechos que trae consigo el nuevo sistema penal acusatorio. A pesar de que no era (ni es) necesaria ninguna instrumentación reglamentaria e institucional para hacerlos efectivos, como bien señalaron los ministros Valls y Sánchez Cordero.

Quizá, asumirnos como potenciales sujetos de un juicio penal y, consecuentemente, como titulares del derecho a contar con un abogado para defendernos, sea el primer paso para recordar que los derechos en esta materia también nos pertenecen a todos. Su reconocimiento no es una disputa entre las víctimas y acusados, ni una ponderación entre los intereses de la sociedad y los interesados directamente en el juicio. Sin embargo, esto no parece ser del todo claro para aquellos ministros que se preguntaban si siempre debían aplicar el principio pro homine. La respuesta a esa interrogante es “sí, a todos debería aplicarnos ese mismo rasero”. Siéntanse con la confianza de hacerlo, así lo exige una democracia constitucional.

 

Guadalupe Salmorán. Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.


[1] Los amparos directos en revisión 2809, 207, 449, 2886 y 2990, todos de este año.

[2] Sobre este tema consúltese la sentencia 536/08 emitida por la Corte Constitucional de Colombia el 28 de mayo de 2008.

[3] Cfr. Varios 912/2010 y la acción de inconstitucionalidad 155/2007.

[4] Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Zacatecas. De acuerdo a la información ofrecida por el Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio A. C. http://www.ineppa.org.mx/

[5] Contradicción de Tesis 36/2012 resuelta el 21 de enero de 2013.