La reciente sentencia del amparo en revisión 159/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, sobre el caso Ricardo Adair, es un buen motivo para reflexionar en torno a los estándares de derechos humanos en materia de capacidad jurídica que están contenidos en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Convención) y que están siendo aclarados por el Comité encargado de su monitoreo.

Lo que se encuentra en el fondo de la discusión sobre capacidad jurídica entraña la puesta en cuestión de nuestras ideas más profundas de lo que significa ser una persona en el sentido jurídico y filosófico. Los contenidos del artículo 12 de la Convención vinieron a poner en cuestión nuestras nociones más enraizadas sobre lo que es la igualdad y sobre el significado de la universalidad de los derechos humanos.

Cuando se pregunta al público, incluso a personas bien informadas, si consideran que una persona con discapacidad intelectual puede contraer matrimonio, decidir tener relaciones íntimas, entrar en interacciones económicas o votar, sobre todo si se trata de personas que necesitan un grado intenso de apoyo para realizar sus actividades cotidianas, generalmente la respuesta está matizada. Muy pocos estarían dispuestos a reconocer que en una sociedad democrática, respetuosa de los derechos humanos, estos derechos pueden disfrutarse y ejercitarse por todos, que es justamente lo que la palabra universal quiere decir.

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Cuando se trata de personas con discapacidades intelectuales y psicosociales, la mayoría de las personas no está dispuesta a aceptar sin ambages y sin condiciones la posibilidad de reconocer un principio tan básico como el de la igualdad entre todos los seres humanos. Existe una idea dominante en nuestra cultura que consiste en reconocer el derecho de las personas con discapacidad a decidir lo que quieren hacer con sus vidas, siempre que tengan la suficiente competencia mental para poder tomar con conciencia sus elecciones. La justificación de esta idea es que los derechos deben adscribirse de acuerdo a las destrezas y competencias, lo cual implica que hay diferencias entre las personas con discapacidad. Aquellas personas con discapacidad que, después de la realización de ciertos exámenes médicos, sean declaradas judicialmente incompetentes para realizar ciertos actos de su vida, no pueden ejercer ciertos derechos.

El problema con esta diferenciación y estos matices para el disfrute de los derechos entre personas con diversos tipos de discapacidades es que no está justificada por el orden jurídico internacional y nacional. Desde que el Comité empezó a revisar los informes de los Estados parte para evaluar el grado de avance en la implementación de la Convención, sistemáticamente ha venido sosteniendo que dicho instrumento internacional no admite colocar peros al ejercicio de la capacidad jurídica y condicionarla a ciertos requerimientos.

La cuestión está tan mal comprendida en los países que han ratificado la Convención que el Comité decidió formar un grupo de trabajo encargado de hacer una Observación General sobre los contenidos normativos del artículo 12 y los alcances que tiene el derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Después de tres años de labor, en septiembre pasado, el pleno del Comité adoptó el primer borrador de la observación General. Quisiera destacar algunos de sus puntos más relevantes.

La primera cuestión es el reconocimiento que hace el Comité de que la capacidad jurídica en muchos sentidos es una precondición para el ejercicio de otros muchos derechos que definen de manera fundamental lo que somos, por ejemplo, el derecho a formar una familia, el derecho a decidir dónde y con quién vivir, el derecho a participar en eventos políticos. El ejercicio de todos estos derechos ellos depende de que se reconozca la capacidad jurídica de las personas para entrar en diversas relaciones de carácter legal.

Enseguida, el Comité plantea que para reconocer en serio la universalidad de los derechos, es necesario predicarlos de todas las personas, con independencia del grado de discapacidad tengan. Para que la noción de universalidad se haya abierto camino en la historia de los derechos humanos tuvo que transcurrir un buen número de debates y agrios sinsabores. Todavía en los siglos XVIII y XIX los derechos políticos se condicionaban al grado de educación de las personas, por ejemplo, lo que obviamente constituía una forma abierta de discriminación. Actualmente, en pleno siglo XXI, persiste la idea de que el ejercicio de ciertos derechos que implican la posibilidad de hacer, es decir, de contratar, de ejercitar la propia autonomía, entre otros, requiere la competencia mental, por lo que se considera lícito condicionar el ejercicio de la capacidad jurídica o incluso la posibilidad de retirarla por completo y de sustituir las decisiones de ciertas personas con discapacidad mediante el nombramiento de un tutor.

En el borrador de Observación General al artículo 12 adoptado por el Comité se cuestiona de raíz el condicionamiento de la capacidad jurídica a la competencia mental. Es claro que los seres humanos somos diversos y que tenemos destrezas y competencias diferentes, sin embargo, no sería legítimo que sobre la base de esas diferencias, se decidiera impedir que ciertos individuos no puedan decidir las cuestiones fundamentales de su vida por el hecho de tener una discapacidad. La restricción de esta posibilidad constituye un acto de discriminación.

La manera en que en nuestras vidas cotidianas tomamos decisiones, con frecuencia implica recurrir a distintos tipos de apoyos y soportes, de consultas, y otras formas de interacción con los otros. Muchas veces también decidimos a ciegas, nos equivocamos y las cosas salen mal. Tal es la condición humana. La vieja imagen del hombre racional, libre, que sale de su culposa minoría de edad, para utilizar la famosa frase kantiana,* y que se auto determina en su existencia para ejercer su autonomía obedeciendo sólo a su propia conciencia, es palmariamente contraria a la realidad de la existencia humana. Si para tomar decisiones nos hicieran a todos un examen mental, con mucha probabilidad saldríamos malparados, sin embargo, eso no puede ser pretexto para que nos priven del derecho a ser, del derecho a equivocarnos, del derecho a vivir una vida contingente y ciertamente falible. Sería un escándalo vivir en una sociedad en la que se nos exigiera someternos a exámenes de competencia mental para determinar si podemos decidir o no. Sin embargo, justamente eso es lo que les ocurre a las personas con discapacidad.

Al cumplir la mayoría de edad, a ciertas personas con discapacidad se les declara interdictas, es decir, incapaces. ¿Por qué ese examen no se hace a todos cuando cumplimos los 18 años? ¿Es que no todos somos iguales?

El Comité ha sostenido que llevar a cabo procedimientos para despojar a las personas con discapacidad de su capacidad jurídica es una forma de discriminación sobre la base de discapacidad. La Convención en su artículo 12, sin hacer ningún tipo de distinción entre personas con discapacidad, reconoce el derecho a la capacidad jurídica y la posibilidad de optar por apoyos para su ejercicio, previendo al efecto salvaguardas que pudiesen editar los abusos. Tendremos que esperar a un nuevo caso para que en México se avancen los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.

Carlos Ríos Espinosa. Miembro del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.


* Immanuel Kant, ¿Qué es la ilustración?, Prometeo libros.