MARIHUANAEn el régimen jurídico mexicano, la política de drogas tiene dos fundamentos: la protección a la salud y el cumplimiento de obligaciones internacionales. Sin embargo, en años recientes, con la llamada “guerra contra las drogas”, el fundamento parece haberse vuelto uno de disminución de violencia o combate a la delincuencia organizada, olvidando que el bien tutelado que se pretende proteger es justo el del nombre que llevan las conductas penadas: “delitos contra la salud”. La iniciativa para regular la marihuana presentada ante la ALDF, el pasado viernes 14 de febrero, busca iniciar un cambio en la política de drogas hacía un régimen de protección del valor constitucional en juego: el derecho a la salud.

En el 2009, se buscó uno de los mayores cambios en materia de política de drogas a través de la “Ley de Narcomenudeo”[1], otorgando competencia a las entidades federales en materia de persecución de delitos contra la salud, y abriendo las puertas para que asumieran parte de la carga en materia de política de drogas. Era la primera ocasión en que el Congreso de la Unión hacía uso de sus facultades para fijar las condiciones en que las entidades federativas participarán en la persecución de delitos en materias concurrentes (facultad otorgada por una reforma constitucional que data del año 2005). El decreto estableció que en materia de delitos contra la salud, la federación es quien debe decidir qué y quién se persigue y qué tanto se sanciona pero responsabilizó a las entidades federativas cómo, cuándo y de qué formas perseguirlos.[2] Adicionalmente, hacía un llamado para incluir medidas de reducción de daños y riesgos y para incluir a la prevención y educación en las agendas locales. Con la iniciativa recién presentada, el Distrito Federal podría convertirse en la primera entidad federativa en cumplir de manera integral con la responsabilidad otorgada en este decreto.

El enfoque de la política de drogas debería de cambiar en esta dirección para el beneficio de la salud pública. Esto implica proteger tanto a los usuarios o posibles usuarios como al resto de la sociedad. En el caso de los usuarios, implica medidas para procurar un acceso a los sistemas de salud cuando lo necesiten, para mejorar el acceso a la información y a un seguro abastecimiento de substancias y para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y la autonomía de los adultos que deciden sobre sí mismo, siempre cuando no afecten a otros. También, la política de drogas debe contribuir a la eficiencia y mayor eficacia de la acción policiaca y procuración de justicia, permitiendo se les de prioridad a las conductas que son más dañinas a terceros.

La iniciativa busca llevar a cabo estos dos cambios: optimizar el acceso seguro a la marihuana para los consumidores y volver más eficiente el sistema de procuración y administración de justicia actual. Se puede argumentar que la política de drogas actual vulnera derechos fundamentales como la libertad de conciencia, la autonomía personal, la libertad religiosa, el derecho a la información, y el libre desarrollo de la personalidad por nombrar algunos. Pero dejando éstos a un lado, parece haber otro derecho que se está viendo vulnerado y es el es el mismo que la política de drogas pretende proteger: la salud. Existe evidencia empírica que indica que la política de drogas genera más daños a la salud de los que previene, tanto de los usuarios, como la de aquellos involucrados en la cadena de producción, la de potenciales consumidores y la de terceros.

Distintas fuentes han hablado de más de 50,000 mil muertos directamente relacionados a la “lucha contra el narcotráfico” en el sexenio de Felipe Calderón (según bases de datos de la Presidencia de la República llevaban 47,338 muertes relacionadas con el combate al narcotráfico hasta septiembre del 2011). Sin embargo, en cuanto al daño y riesgo a la salud por el consumo, no existe evidencia empírica para afirmar que es este daño sea igual de grave. Lo que se observa a continuación es que la mayoría de los consumidores de drogas en el mundo no son consumidores problemáticos y que los riesgos a la salud no son tan altos como se podría llegar a pensar.

Según la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, para la población total de 12-65 años, la prevalencia de consumo de cualquier droga en el último año es del 1.8%. En el Distrito Federal, según el Estudio sobre el consumo de sustancias psicoactivas en adultos mayores de la Ciudad de México 2012, realizado por el IAPA, sólo 1% de la población estudiada (de 18 años para arriba) reportó haber consumido cualquier droga en los últimos 12 meses. De esos consumidores, la mayoría no son consumidores problemáticos. En este mismo estudio, se observó que sólo el 0.7% de la población encuestada presentó problemas relacionados al consumo de drogas. Adicionalmente, en relación a la marihuana, sólo hubo 40 muertes atribuibles directamente a la mariahuana en los últimos seis años a nivel federal. Niveles tan bajos de uso problemático ponen en duda que el consumo de drogas ilícitas en nuestro país, y específicamente de marihuana, sea un problema de salud que requiere de un combate tan agresivo y criminalizador.

Los problemas que si se enfrentan los consumidores incluyen tener que acceder a un mercado negro donde no se promueve la seguridad y la salud, poniendo a los sujetos en una posición vulnerable. Otro costo de la criminalización muy alto es el costo de estar en la cárcel. Nuestro sistema penitenciario, con las limitaciones presupuestales y la saturación crónica que padece tiene dificultades serias para cumplir con su función de readaptación social. Entre los muchos problemas que le aquejan –un sin número de los cuales exponen la salud física y psicológica de quienes en él se encuentran— destaca el uso u abuso de drogas en las cárceles. Lejos de proteger la salud de los consumidores, las penas privativas de la libertad exponen al sujeto al riesgo del que pretenden protegerle: el consumo problemático de drogas, por constituir condiciones riesgosas para su salud. Y lo más aterrante de todo es que los que están en la cárcel no son los narcotraficantes y los capos, sino estos pequeños consumidores.

En el sexenio pasado, existió un incremento considerable en el número de los detenidos, procesados y sentenciados por delitos contra la salud principalmente por la modalidad de posesión. En el combate al narcomenudeo, por ejemplo, lo que acabó ocurriendo fue la criminalización de los consumidores. En el 2010, el 42% del total de detenidos por la PGR fueron por delitos contra la salud y dentro de estos delitos, la posesión y el consumo constituyeron el 71%. De acuerdo con el INEGI, en 2010 hubo en México 20,989 sentencias condenatorias por delitos contra la salud; la abrumadora mayoría de estas sentencias son por delitos de posesión en pequeñas cantidades de marihuana o cocaína; consumidores equiparados a narcomenudistas.[3]  Otros datos muestran que se han castigado a los más débiles y no a los más peligrosos. En la Encuesta a población en reclusión en el Distrito Federal y el Estado de México, CIDE-PESED (2002-2009), se encontró que de los detenidos contra la salud, los detenidos por marihuana nunca fueron menores al 35%. Meter a tantos consumidores y poseedores de marihuana a las cárceles implica saturar nuestro sistema penitenciario y dejar impunes otros delitos de mayor importancia.

Por último, aplicar la política actual de criminalización implica la renuncia a una regulación integral que en este caso podría incluir mayor prevención, educación y tratamiento y que si sirven para proteger la salud. En los casos que el bien jurídicamente tutelado sea exclusivamente la salud del consumidor, la pena que más protege es la pena que mejor informa acerca de los riesgos a su salud que implica el consumo y que menos le exponga a circunstancias de riesgo.

La iniciativa presentada a la ALDF pretende ser un primer acercamiento para cambiar esta problemática a través de sus dos ejes principales. Por un lado, a través de un sistema eficaz de reducción de riesgos y daños, se crea un mecanismo de separación de mercados para asegurar que los usuarios de marihuana no estén expuestos a otras substancias ilícitas de mayor peligro ni a los riesgos secundarios del mercado negro y los problemas que conlleva la delincuencia organizada. Asegura que los consumidores sepan a donde pueden acceder a un abastecimiento seguro y que se cumplan con ciertos requisitos. Por el otro, crea un sistema de priorización de los delitos, basado en el principio de oportunidad consagrado en el artículo 21 constitucional, para asegurar que quienes sean los detenidos sean quienes realmente ocasionan un daño grave a la sociedad. Los consumidores y narcomenudistas de marihuana no podrán ser perseguidos si cumplen con ciertas medidas de reducción de riesgos y daños que garanticen los niveles más altos de salud.

Todavía es un primer paso, habría muchas cosas que reglamentar y tomar en cuenta para poder poner en práctica las propuestas en juego si esta iniciativa se aprueba. Pero lo fundamental de este primer paso es el cambio de dirección que presenta, la posibilidad dedarle el enfoque a la protección de la salud y a los valores constitucionales que se deben.

Fernanda Alonso Aranda. Abogada por el ITAM, candidata a maestra en Derecho y Salud de la Universidad de Georgetown, miembro del equipo de redacción de la iniciativa presentada ante la ALDF. Twitter: @alonsitof


[1] Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2009.

[2] Madrazo, Alejandro, “La ley”, en Aguilar Camín, Héctor, et al. “Informe Jalisco: más allá de la guerra de las drogas”, México DF, Nexos Sociedad Ciencia y Literatura, S.A. de C.V., 2012, p. 207-244.

[3] Pérez Correa, Catalina, “Delitos contra la salud y (des)proporcionalidad en la legislación mexicana”, Justicia desmedida: Proporcionalidad y delitos de drogas en América Latina, Editorial Fontamara y Colectivo de Estudios Drogas y Derecho, 2012, pp. 167-200, p. 169.