obstaculosCanta Dante en su Divina Comedia que a la entrada del Infierno un letrero prologa el pesar eterno: “abandonad toda esperanza”; anuncio del peor castigo, ese que consiste en saberse sin salidas. Tras cinco años de litigio en la Junta de Conciliación y Arbitraje y casi dos de espera entre la interposición del juicio de amparo y la decisión de la Corte, Yssel Reyes (cuyos antecedentes del caso pueden leerse aquí y aquí) se ha topado con lo que todos aquellos que estemos en su caso –es decir, que nuestro patrón viole alguno de nuestros derechos humanos como el de la no discriminación, el respeto a nuestros datos personales, la integridad psicológica, el acoso laboral, etc.- podemos padecer: la imposibilidad de hacer efectivos nuestros derechos establecidos en nuestra Constitución. 

 

Luego de tres sesiones en donde no se alcanzó consenso, 3 de los 5 ministros que integran la Segunda Sala de nuestra Corte determinaron negar el amparo solicitado. En primer término, reconocieron tácitamente que un patrón como ente particular sí puede violar derechos humanos. Esto representa un avance en relación a nuestra tradición jurídica siempre reacia a considerar que ello fuera posible, pero a la vez constituye una cuestión ya zanjada por la Primera Sala en una jurisprudencia dictada durante el trámite del juicio[1]. Importantísimo primer paso, aunque insuficiente para llevarnos a la eficacia de manera aislada.

 

En segundo lugar, la opinión mayoritaria optó por una interpretación restrictiva en el punto neurálgico a discutir, estableciendo que una Junta de Conciliación y Arbitraje no es competente para conocer de aquellos casos en que un patrón lesione los derechos humanos de sus empleados. Las Juntas son los tribunales (aunque dependientes del presidente de la República y los gobernadores, según sea federal o local) con competencia para resolver los conflictos “entre el capital y el trabajo”, según lo prevé el artículo 123 constitucional. Nada se dice en ningún ordenamiento sobre si esa facultad comprende temas de derechos, así que la definición de este punto debe ser necesariamente jurisdiccional. ¿Qué implica esta decisión? Que cuando un trabajador sufre una serie de lesiones a manos de su empleador, su defensa se fragmenta en múltiples y difusas instancias. El siguiente esquema puede dar una mejor idea de la multiplicidad de los vericuetos legales existentes hoy en día: 

 

Cuadro Yssel En resumen, y sin que existan definiciones precisas o antecedentes, podrían surgir 4 o 5 procesos no judiciales (IFAI, CONAPRED, COPRED, CNDH y el derivado de la Ley General de Víctimas), 2 juicios civiles, varias denuncias penales y 2 procedimientos laborales además de los juicios de amparo derivados de todo ello.

 

¿Confuso? Imaginemos a un trabajador que desde luego no es experto en temas jurídicos (como se supone lo son algunos de nuestros exquisitos ministros) tratar de enfrentar este panorama. Primer obstáculo: conocerlo y entenderlo. Segundo: pagar abogados. ¿Los procuradores de la defensa del trabajo? Ni soñarlo: a duras penas pueden procesar todos los procedimientos laborales. Tercero: pagar peritos; en materia laboral son gratuitos pero en materia civil, por ejemplo, no lo son. Cuarto: el tiempo. Si un proceso judicial suele ser tortuoso, varios al unísono potencializan el calvario. A ese viacrucis habría que sumar un problema técnico jurídico mayúsculo: ¿y si esas instancias emiten entre ellas resoluciones contradictorias? Los hechos son o pueden estar ligados de tal manera que es muy complicado escindirlos para ubicarlos de manera precisa en la vía legal adecuada. ¿El resultado? Un “acceso” a la justicia que existe únicamente en el papel.

 

El amparo negado a Yssel aspiraba a encontrar, como uno de sus puntos de partida, el reconocimiento judicial de que las Juntas pueden conocer todo aquello que se suscite en la relación laboral que afecte los derechos de los trabajadores. Esto es ya común en países como España o Chile que cuentan con procedimientos laborales o sociales concentrados para evitar lo que en la península ibérica denominaban “peregrinaje jurisdiccional”.

 

La Corte, en respuesta, ha determinado que esto no es posible. Pero aun con la ley laboral reformada el problema está lejos de resolverse: la ley prohíbe discriminar, acosar u hostigar a los empleados; no obstante, ningún procedimiento especial provee solución a tales escenarios. Algunas multas destinadas al erario podrían ser (teóricamente) impuestas en tal sentido pero, ¿y la reparación del daño? A juzgar por el criterio de la opinión mayoritaria (no compartido por los ministros Sergio Valls y Luis María Aguilar, quienes en sus votos particulares consideraban que la Junta sí debía analizar esta clase de temas aunque sin especificar las consecuencias de ello o si podía analizarse en forma autónoma desligada de un despido), como una reparación del daño con motivo de lesiones a los derechos humanos no puede ser juzgada por las Juntas, hoy en día nos encontraríamos con una norma laboral que prohíbe al patrón discriminar (artículo 2), que le impone multas no destinadas al actor (y que por ello no benefician a la víctima) pero que le obligaría a defender sus derechos en vía civil en conjunción con otras instancias. Por un lado, las normas son poco claras e incompletas; por el otro, nuestro Corte no expande la protección sino que la divide. ¿Quién vence en este sistema?

 

A principios de este año, la publicidad de la Corte se ufanaba del premio concedido por la ONU: “se le ha concedido a luchadores de derechos humanos como Martin Luther King o Nelson Mandela”, se decía. Con decisiones como la que aquí comentamos, que respalda un sistema jurídico plagado de escollos insalvables para el afectado el acceso a la justicia, la Corte no honra del todo a sus históricos “pares” y sí en cambio arroja otra carga a los justiciables: la piedra de Sísifo que hace del camino institucional una vía extenuante y hostil. Vale subrayar que nuestra arquitectura normativa goza de unos cimientos constitucionales adecuados en materia de derechos fundamentales. El resto del edificio, sin embargo, posee una estructura débil y resquebrajada que amenaza y desprotege, arrojándonos a la intemperie. Queda ahora acudir al sistema interamericano de protección de derechos humanos. No es hora aún de abandonar la esperanza.

 

José Luis Rostro y Erick López Serrano. Abogados del quejoso.


[1] Tesis con registro 159936 de rubro: DERECHOS FUNDAMENTALES. SU VIGENCIA EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES.