En sentencia del 25 de marzo de 2014, el Tribunal Constitucional español se pronunció, a instancia del Abogado del Estado en representación del Gobierno, sobre la constitucionalidad de la resolución 5/x del Parlamento de Cataluña, de 23 de enero de 2013, por la que se aprobaba la «Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña».

Se trata, como estima el Tribunal, de una declaración con un marcado carácter político. Pero no es sólo un acto político. Es también una resolución dotada de efectos jurídicos en relación con los poderes públicos, instituciones y ciudadanos, por lo que sería admitida a trámite y objeto de un juicio de constitucionalidad.

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En la sentencia 42/2014, el máximo intérprete de la Constitución española declaró inconstitucional y nulo el denominado principio primero de la resolución del Parlamento catalán, titulado «Soberanía». Por otro lado, respecto a las referencias al «derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña» contenidas en la declaración estima que no son inconstitucionales si se interpretan en el sentido que se expone en la sentencia. Esto es, en este punto, el Tribunal Constitucional utiliza la técnica de la interpretación conforme para salvar la constitucionalidad del texto aprobado por el parlamento catalán. ¿Cuáles fueron los argumentos utilizados por el Tribunal Constitucional de España?

La primera cuestión objeto de examen de constitucionalidad recae sobre la declaración del Parlamento catalán expresada en los términos siguientes: “El pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano”. El juicio del Tribunal Constitucional sobre el denominado principio de “soberanía” es claro e inequívoco: “la identificación de un sujeto dotado de la condición de sujeto soberano resultaría contraria a las previsiones de los arts. 1.2 y 2 CE”.

Como recuerda el Tribunal Constitucional, el art 1.2 constitucional establece que “[l]a soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Luego, agrega lo siguiente:

Si en el actual ordenamiento constitucional solo el pueblo español es soberano, y lo es de manera exclusiva e indivisible, a ningún otro sujeto u órgano del Estado o a ninguna fracción de ese pueblo puede un poder público atribuirle la cualidad de soberano. Un acto de este poder que afirme la condición de «sujeto jurídico» de soberanía como atributo del pueblo de una Comunidad Autónoma no puede dejar de suponer la simultánea negación de la soberanía nacional que, conforme a la Constitución, reside únicamente en el conjunto del pueblo español. Por ello, no cabe atribuir su titularidad a ninguna fracción o parte del mismo (FJ 3).

A este argumento sólido e incuestionable, se añade un segundo argumento igualmente indubitable, apoyado en el artículo 2º constitucional, para declarar la inconstitucionalidad de la declaración catalana. Según este precepto la unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, es el fundamento de la Constitución. El Tribunal recuerda principios y presupuestos esenciales que han permitido la construcción del Estado autonómico en España basados en la unidad del Estado y en el reconocimiento de la soberanía nacional al pueblo español, resumidos en la ya clásica afirmación de que la “autonomía no es soberanía”. Por eso, como manifiesta el Tribunal:

El reconocimiento al pueblo de Cataluña de la cualidad de soberano, no contemplada en nuestra Constitución para las nacionalidades y regiones que integran el Estado, resulta incompatible con el art. 2 CE, pues supone conferir al sujeto parcial del que se predica dicha cualidad el poder de quebrar, por su sola voluntad, lo que la Constitución declara como su propio fundamento en el citado precepto constitucional: «la indisoluble unidad de la Nación española (FJ 3).

Pero también, la inconstitucionalidad del reconocimiento del pueblo de Cataluña como «sujeto político y jurídico soberano» es contrario al propio Estatuto de Autonomía de Cataluña (arts. 1 y 2.4 EAC) y, como identifica la sentencia, y en relación con éste, a los arts. 9.1 y 168 CE, “en la medida en que, respectivamente, consagran los principios de primacía de la Constitución y someten la reforma del título preliminar de esta, entre otros preceptos, a un procedimiento y a unos requisitos determinados”.

La segunda cuestión abordada en la sentencia se refiere a las referencias al “derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña” recogido en la declaración. Para el Tribunal cabe una interpretación constitucional al respecto pues afirma lo siguiente:

el «derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña» no aparece proclamado como una manifestación de un derecho a la autodeterminación no reconocido en la Constitución, o como una atribución de soberanía no reconocida en ella, sino como una aspiración política a la que solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional con respeto a los principios de «legitimidad democrática», «pluralismo», y «legalidad», expresamente proclamados en la Declaración en estrecha relación con el «derecho a decidir» (FJ 3b).

La sentencia abunda en esta argumentación al estimar que esta interpretación es avalada por aquellas cláusulas de la declaración (segunda a novena), que guardan estrecha relación con las referencias al «derecho a decidir», en particular los principios de «legitimidad democrática», en relación con los de «transparencia», «cohesión social», «europeísmo», «papel principal del Parlamento» y «participación»; el del «diálogo» y el principio de «legalidad».

Para construir su argumentación, y tras recordar que el principio democrático es “uno de los principios fundamentales consagrados en nuestra Constitución”, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional destaca algunas manifestaciones evidentes y constitucionalmente relevantes de este principio. Como también recuerda que “la Constitución no aborda ni puede abordar expresamente todos los problemas que se pueden suscitar en el orden constitucional” y que, por tanto, son los poderes públicos y, especialmente los territoriales, los que deben resolver los problemas que se desenvuelvan en este ámbito. Y lo deben hacer mediante la cooperación y el diálogo, entendido el diálogo como un concepto amplio que “no excluye a sistema o institución legítima alguna capaz de aportar su iniciativa a las decisiones políticas, ni ningún procedimiento que respete el marco constitucional”. El diálogo político es plenamente legítimo, incluida la defensa “de concepciones que pretendan modificar el fundamento mismo del orden constitucional”, siempre que se respeten los principios y valores constitucionales, y se planteen conforme a los procedimientos y requisitos establecidos por la Constitución.

Esta argumentación conduce al Tribunal a concluir que el denominado «derecho a decidir» “expresa una aspiración política susceptible de ser defendida en el marco de la Constitución” y que interpretado conforme a los principios examinados, no resulta contrario a la Constitución.

A la vista de estos argumentos, la sentencia aprobada por la unanimidad de los miembros del Tribunal Constitucional, precisa claramente el marco dentro del cual es posible la propuesta política expresada en la declaración del Parlamento catalán. Ahora, esos planteamientos políticos han sido examinados conforme a los parámetros constitucionales y reconducidos al marco constitucional. El carácter político del objeto examinado por el Tribunal Constitucional es evidente, tal y como es recordado en la sentencia, tanto en el juicio formal sobre su admisibilidad como en el juicio de constitucionalidad sobre el fondo del asunto. Pero también es evidente y claro el eje vertebrador de la argumentación del Tribunal: el estricto cumplimiento y respeto a la Constitución, de tal modo que toda decisión del poder público resulta, “sin excepción, sujeta a la Constitución, sin que existan, para el poder público, espacios libres de la Constitución o ámbitos de inmunidad frente a ella”.

La cuestión política planteada desde Cataluña viene ya de lejos, y los planteamientos de las distintas fuerzas políticas en España sobre la propuesta de la consulta catalana sobre su continuidad o no en el Estado español, han sido claras. Las posiciones políticas de la gran mayoría de los partidos políticos ha quedado expresada en el Congreso tras la votación de 8 de abril, que rechaza la proposición de delegación de la competencia estatal para formular un referéndum sobre el futuro político de Cataluña, con un resultado absolutamente inequívoco: 299 votos en contra, frente a 47 a favor y una abstención.

Y es que, como recuerda el Tribunal Constitucional, la eventual apertura de un proceso de tales características deberá formularse, dentro del marco constitucional, mediante el ejercicio de la iniciativa de reforma constitucional y presupone un deber de recíproco apoyo, lealtad mutua y fidelidad a la Constitución por parte de todos los poderes públicos.

Adoración Galera Victoria. Profesora de derecho constitucional en la Universidad de Granada, España.