El día de hoy,  inicia la discusión en la Suprema Corte del caso Guardería ABC. El proyecto de resolución, elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, a través de una interesante construcción de la responsabilidad de los funcionarios públicos, ha señalado como responsables de la violaciones grave de derechos fundamentales a varios funcionarios de primer nivel . ¿Cuál será, sin embargo, la decisión final de los ministros? ¿De qué manera votaron cada uno de éstos? Para tener un escenario con más certezas que dudas, el periodista Carlos Avilés describe como ha sido la actuación de cada uno de los ministros en este tipo de asuntos.

Conforme al lugar que ocupan en el Pleno, de izquierda derecha:

Juan Silva Meza. Es uno de los ministros más garantistas y más rigurosos a la hora de juzgar a las autoridades. Forma parte de los cinco ministros que quedan en la Corte y que votaron por responsabilizar de violaciones al gobernador Rubén Figueroa en el caso de la matanza de Aguas Blancas.

Como ministro encargado de la investigación de la detención de la periodista Lydia Cacho pidió responsabilizar al gobernador de Puebla, Mario Marín, de violaciones graves de garantías.

En el caso de los enfrentamientos registrados en mayo de 2006 en la comunidad de San Salvador Atenco, votó por responsabilizar a funcionarios del gabinete del gobernador del Estado de México y del presidente Felipe Calderón.

En estos dos asuntos quedó en la minoría.

En los conflictos de Oaxaca, votó por responsabilizar al gobernador Ulises Ruiz de incurrir en omisiones que afectaron a la población. En este asunto sí formó parte de la mayoría.

Olga Sánchez Cordero. Se le ubica como una defensora férrea de los derechos de los niños. Pero a la hora de fincar responsabilidades a funcionarios de alto nivel sus votos se han dividido. Votó por responsabilizar al gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa. No responsabilizó de violaciones graves al gobernador de Puebla, Mario Marín, en el caso de Lydia Cacho. No responsabilizó de violaciones a las autoridades estatales y federales en el caso Atenco. Y, en cambio, sí responsabilizó de violaciones al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz.

Sergio Valls Hernández. Es de los ministros más difíciles de predecir. Se le ubica en el sector conservador, pero ha sorprendido sumándose a fallos a favor de la protección de derechos humanos como en el caso de la despenalización del aborto. Votó por no responsabilizar a las autoridades en los casos de Lydia Cacho, Atenco y Oaxaca. En un tiempo fue el jurídico del IMSS. Pero fue él quien hizo suya la petición de los padres de las víctimas de la guardería para que la Corte atrajera su caso y lo investigara.

Luis María Aguilar Morales. Hasta el momento no existen elementos formales para saber cómo votará en el caso ABC. Ingresó a la Corte en diciembre. Es un juez de carrera que llegó con la promesa de defender los derechos humanos.

José de Jesús Gudiño Pelayo. La tendencia de sus votos ha sido muy clara. En todos los casos de violaciones graves de garantías ha votado por responsabilizar a las más altas autoridades involucradas en los sucesos.

Guillermo Ortiz Mayagoitia. Antes de ser presidente de la Corte se oponía a investigar casos de violaciones de garantías. Pero ya en el cargo ha impulsado la revisión de este tipo de asuntos. En los casos de Aguas Blancas y Oaxaca, votó por responsabilizar a los gobernadores Rubén Figueroa y Ulises Ruiz. Pero en los casos Lydia Cacho y Atenco votó por no responsabilizar al gobernador de Puebla y a las autoridades del Estado de México y federales, respectivamente.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ingreso en la Corte en diciembre de 2009, por lo que no participó en los anteriores casos. Sin duda defenderá su dictamen en el que propone responsabilizar de las violaciones graves de garantías a 14 funcionarios.

Fernando Franco González Salas. Su postura es de las que más dudas despiertan. En la sesión del caso Lydia Cacho no estuvo presente. Estaba fuera del país. En el caso Atenco votó por no responsabilizar ni a las autoridades estatales ni a las federales. Pero en el caso Oaxaca votó por responsabilizar al gobernador Ulises Ruiz por no haber hecho lo correcto para proteger a la población de los conflictos magisteriales. Le tocó por turno el caso ABC, pero en dos ocasiones se excusó. La primera, porque había sido subsecretario del Trabajo y había participado en las reuniones del Consejo General del IMSS. Y la segunda porque una de sus hermanas trabaja en un área administrativa, no operativa, del área de guarderías del IMSS.

Margarita Luna Ramos. Es otro caso que no genera dudas. En todas las investigaciones de violaciones graves de garantías, por diferentes motivos, ha votado por no responsabilizar a ninguna autoridad de primer nivel.

José Ramón Cossío. Es uno de los ministros que genera dudas respecto a su voto. En los casos de Lydia Cacho y Oaxaca votó por responsabilizar de violaciones al gobernador de Puebla y al de Oaxaca. Pero en Atenco, bajo el esquema de deslindar responsabilidades, pidió no señalar a altos funcionarios por lo que hicieron sus subordinados.

Sergio Aguirre Anguiano. Su voto tampoco genera dudas. Salvo en el caso Aguas Blancas, en todos los demás se ha opuesto a que la Corte investigue violaciones graves de garantías. Y en todos se ha negado a responsabilizar de algún hecho a las autoridades señaladas.

Carlos Avilés Allende. Periodista judicial.

Una versión más extensa de este post se publicó en el blog del periódico El Universal, Rostros de la justicia. Se reproduce aquí este fragmento con autorización del autor.