Después de varias sesiones (cuyas versiones taquigráficas pueden – y vale la pena- consultarse- aquí) la Suprema Corte de Justicia resolvió, en 3 conjuntos de acumuladas, las acciones de inconstitucionalidad presentadas por diversos partidos políticos a un buen número de artículos contenidos en las Leyes Generales en materia electoral; en concreto, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral y, por último, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En términos generales, tal como ya se señalaba en un post anterior, la Suprema Corte se encontraba –se encuentra, ya que aún tiene pendiente la resolución de acciones impuestas a constituciones y leyes electorales locales- ante un reto mayúsculo, aunque no inédito: resolver más de 60 acciones de inconstitucionalidad antes del inicio del proceso electoral federal 2015, cuyo arranque, de acuerdo con la propia reforma política, será la primera semana de octubre. En este contexto, y a reserva de lo que se refleje en las sentencias finales, vale destacar la labor de sistematización y análisis que, de forma expedita, realizaron las ponencias proyectistas para la resolución de estos casos, que, no es baladí mencionar, versaban sobre una materia de la que la Suprema Corte de Justicia no es comúnmente juez.

En contrapartida, no puede dejar de señalarse la calidad argumentativa de los accionantes. Tal como se señaló en alguna de las cuatro sesiones de esta primer etapa de desahogos, las acciones de inconstitucionalidad presentadas tenían falencias argumentativas: carecían de sustento o los preceptos cuya constitucionalidad se ponía en entredicho no estaban contrastados con disposiciones constitucionales, por ejemplo. Por esta razón, no sorprende que, al menos en tres ocasiones, el Pleno hiciera uso de la suplencia de la queja con el fin de sentar precedentes de interpretación y dar mayor claridad a la línea argumentativa de cada una de sus decisiones.

ELECCIONESEn este conjunto de sesiones y acciones, la Suprema Corte resolvió más de 60 conceptos diferentes de inconstitucionalidad. Desde asuntos de forma, como presuntas violaciones al procedimiento legislativo por omisiones en la convocatoria al periodo extraordinario o la supuesta inconsistencia entre los periodos de armonización normativa de las entidades federativas; hasta la determinación de los conceptos “votación total emitida” y “votación nacional emitida”, la constitucionalidad de la regulación de las candidaturas independientes o bien, temas que inciden directamente en la conformación del Congreso, como la determinación del conteo de votos para la asignación de escaños por vía plurinominal para partidos políticos que formen coaliciones. Para hacerlo, en un ejercicio que podría considerarse un laboratorio de argumentación jurídica, la Corte realizó todo tipo de interpretaciones: lisa y llana, interpretación conforme e incluso echó mano del criterio de interpretación del llamado bloque de constitucionalidad, respecto de la prelación que deberán tener las disposiciones constitucionales frente a tratados internacionales cuando existan contradicciones entre ambos cuerpos normativos .

En general, la Suprema Corte ratificó –por unanimidad casi en la totalidad de las votaciones- la constitucionalidad de la mayoría de los artículos y fracciones impugnados. Dentro de este grupo, es decir, de aquellos preceptos que se mantendrán vigentes y fueron declarados constitucionales destacan:

  1. Ratificación del umbral del 3% de la votación total emitida para que un partido político mantenga su registro a nivel nacional toda vez que se consideró que la Ley únicamente transcribe una disposición que ya se encuentra contenida en la propia Constitución. (artículo 15 párrafos 1 y 2, LGIPE).
  2. Derecho de los medios de comunicación nacionales y locales para organizar abiertamente debates con la participación de dos o más candidatos, en función de que, a partir de la interpretación conforme, se asumió que la obligación de invitar a todos los candidatos estaba inferida y por tanto no se violaba el principio de equidad en la contienda, pero que la asistencia de todos no era condición necesaria para celebración de los mismos. Asimismo, la participación de los candidatos en estos debates no podrá considerarse como propaganda encubierta o contratación ilegal salvo que medien pruebas en contrario (art. 218 párrafo 6, inciso b, LGIPE).
  3. En materia de candidaturas independientes, los partidos políticos habían contestado la constitucionalidad de una buena parte del régimen establecido aduciendo que estas reglas, especialmente las referidas a las prerrogativas y obligaciones, atentaban contra el principio de equidad en la contienda por ser, o bien muy rígidas –más que las correlativas a los partidos políticos- o muy laxas. En este contexto, la Corte ratificó la constitucionalidad de todas las disposiciones en la materia: reglas de registro para los candidatos, acceso a radio y televisión y financiamiento de los candidatos independientes. (artículos, 384, 385, 386, entre otros, LGIPE)
  4. Relativo a las reglas mínimas de organización que deberán observar los partidos, la Corte ratificó que las prevenciones contenidas en la Ley General de Partidos Políticos relativas a los mecanismos de resolución de controversias, la existencia de una estructura mínima de organización interna y la aprobación de coaliciones, fusiones y alianzas por medio del órgano nacional de dirección no constituían una violación a la autonomía de la vida interna de los partidos políticos y, eran, por tanto, constitucionales.
  5. Dentro de este conjunto, cabe destacar la decisión de validar la existencia de sanciones fijas, de cancelación de registros por actos anticipados de campaña o por uso indebido de radio y televisión porque, aunque una parte de los ministros se pronunció en contra de estas sanciones, contenidas en el artículo 372 párrafos 1 y 2 de la LGIPE, decidieron declarar su constitucionalidad en atención a que ante la inminencia del arranque del Proceso Electoral Federal y la imposibilidad de modificar por vía legislativa el precepto, no podían quedarse estos conceptos violatorios sin ninguna sanción establecida.

Ahora, aunque fueron pocos los puntos que la Corte consideró fundados y, por tanto, fueron declarados inconstitucionales, algunas de las resoluciones son de alta relevancia. En primer lugar, el punto que se llevó una mayor tajada del debate es el relativo a la inconstitucionalidad del artículo 87, párrafo tercero de la LGIPE que señalaba que cuando un candidato estuviera postulado por medio de una coalición y el elector tachara en la boleta electoral más de partido político, los votos sí le serían computados al candidato pero no a los partidos políticos. En este punto, la Corte dirimió dos temas específicos: en primer lugar –y en previsión a la resolución de las acciones de inconstitucionalidad para leyes locales- resolvió que el Congreso de la Unión sí tenía competencia para legislar de forma específica y crear una base general sobre la materia, gracias a lo establecido en el artículo 73 constitucional y en los términos del artículo segundo transitorio. En segundo lugar, consideró que este sistema de conteo de votos atentaba contra la lógica del sistema electoral, de representación proporcional, mermaba las prerrogativas de los partidos políticos pequeños favoreciendo a las grandes fuerzas políticas en términos de asignación de representación proporcional, financiamiento y acceso a otras prerrogativas y, en últimos términos, distorsionaba la voluntad del elector al eliminar su voto indirecto.

Aunado a esto, también en previsiones relativas a la asignación de diputados por representación proporcional, se optó por la invalidación de la fórmula de asignación de diputados locales de representación proporcional en los Congresos locales, al considerar que esta disposición invadía la esfera competencial de las entidades federativas.

Además, la Corte también invalidó por completo algunas partes del artículo 44 y del 320 de la LGIPE, relativos al método estadístico aleatorio de recuento de votos para la elección de Senadores al considerar que este método no permitía dar certeza al resultado. También estableció que no es constitucional limitar la sanción de la entrega de dádivas para obtener el voto a aquellas que “contengan” propaganda electoral, sino que ésta sanción deberá aplicar a estas entregas, lleven o no visible dicha promoción y la invalidez de la incorporación de los gastos de estructura partidista y estructuras electorales en el rubro presupuestal de actividades ordinarias de los partidos políticos por considerar que efectivamente éstos gastos deberían encontrarse en la partida presupuestal extraordinaria.

Todos estos cambios, algunos de mayor calado que otros, tendrán como repercusión que las reglas del juego del Proceso Electoral Federal 2015, y los procesos electorales concurrentes de las entidades federativas -muchas de los cuáles también verán afectada su normatividad al términos de la resolución de estas acciones de inconstitucionalidad- actúen con áreas grises; es decir, artículos y párrafos que fueron declarados inválidos pero que no tendrán sustituto normativo.

En este contexto, para algunos casos, como el de las coaliciones, la propia Corte señaló en su resolución el camino que deberán tomar las autoridades para subsanar estos vacíos, mientras que en otros, corresponderá al INE y, en caso de ser necesario, al TEPJF, llenar por la vía de la reglamentación secundaria y interpretación, las lagunas existentes. Por ahora, nos toca conformarnos con que, con todo y todo, la resolución de estas acciones abona en fortalecer la indispensable certeza jurídica que debe enmarcar al proceso electoral que está por comenzar. Ya veremos.

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM, especialista en derecho electoral. Twitter: @pauletta_sofia