isiEstados Unidos regresa a Irak. Una fuerza multinacional liderada por Estados Unidos combate al Estado Islámico de Irak y el Levante (o simplemente Estado Islámico) en el espacio que este grupo armado tiene bajo su control sobre partes importantes del territorio de dos Estados soberanos, Irak y Siria. El combate internacional contra el terrorismo se ha visto transformado con el surgimiento del EI, pero continúa y no se vislumbra su fin. La guerra que desató el 11 de septiembre de 2001 perdura y el estado de excepción en el mundo se convierte en la normalidad. Ante ello, se habla de que Obama está atrapado en el legado de su antecesor, que con Obama ha cambiado el discurso pero no los hechos; y que, una vez más, Estados Unidos lidera una guerra en aras de su seguridad nacional, que en los ojos de terceros no se ve directamente (mucho menos inminentemente) afectada. Incluso, se ha hablado de que la doctrina Bush, consistente en la legítima defensa preventiva, sigue vigente con Obama a pesar de su rechazo por la mayoría de la comunidad internacional.

Por supuesto, muchas de estas proposiciones son puntos de vista, interpretaciones, tanto jurídicas como políticas. Y, como tal, yo también solo puedo ofrecer mi interpretación de los hechos y documentos de los últimos días. Pero me parece importante hacer un esfuerzo por mantener la argumentación dentro de un discurso diferenciado, aunque ello dificulte las conclusiones unívocas y arroje un panorama complejo: a Obama lo acompaña el legado de los Bush, padre e hijo, y al mismo tiempo impulsa otras narrativas en el discurso sobre la guerra y paz mundiales, basadas en un pragmatismo que puede resultar contraproducente a largo plazo.

Con Obama, Estados Unidos ha continuado el combate global, constante e intenso, contra el terrorismo. Ciertas operaciones contrarias al derecho internacional, como los asesinatos dirigidos fuera de zonas de guerra (sobre todo con drones), han incluso rebasado en número a los cometidos durante el gobierno de su antecesor. En ese sentido, comparto la opinión de quienes ven una brecha entre las palabras y los hechos del presidente Obama en esta materia. Pero en cuanto al EI y a la coalición que Estados Unidos lidera en su contra, veo importantes diferencias con respecto a Irak 2003.

Primero, no se está montando una farsa. El peligro del EI es real y grave para Irak, Siria y toda la región. Segundo, la coalición liderada por Estados Unidos cuenta con un respaldo fuerte de la comunidad internacional y, de manera muy importante, de varios Estados árabes, lo cual coloca el esfuerzo multilateral de Obama más cerca de la coalición contra Saddam Hussein liderada por Bush padre, en 1991, que a la del hijo, en 2003. Y no solo en cuanto a la composición, a nivel discursivo también veo mayores similitudes con George H.W. Bush. Independientemente de los intereses económicos en juego, ayer y hoy, tanto Bush Sr. como Obama han proclamado sus coaliciones dentro de un marco conceptual incluyente: en el primer caso como una acción guiada por el afán de construir un nuevo orden mundial (liberal), donde actos de agresión (como el de Saddam Hussein contra Kuwait) no tenían cabida y; en el segundo, obligado por las circumstancias, como un esfuerzo transcultural por demostrar que no hay un choque de civilizaciones. Claro está, ni en 1991, ni en 2014, ha sido atacado Estados Unidos en su territorio y eso explica mucho.

En cuanto a la legalidad de los ataques contra el EI y otros grupos terroristas que operan en Irak y Siria, hay que tener algo muy claro: las acciones de la coalición de Obama en Irak son conformes al derecho internacional por el simple hecho de que ese Estado solicitó la ayuda a Estados Unidos y sus aliados, dando así su consentimiento soberano. Se trata de una “intervención por invitación” y los requisitos que la acompañan están dados. Además, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la avaló. En Siria, la situación es totalmente distinta. Sin consentimiento del régimen de Assad, los golpes militares al EI y otros grupos terroristas en territorio sirio requieren de la autorización del Consejo de Seguridad. Estados Unidos optó por no buscar dicha autorización. Ello podría sugerir que, a diferencia de Bush Jr. quien al menos lo intentó, Obama decidió irse totalmente por la libre. ¿Decidió Obama evadir al Consejo de Seguridad a sabiendas de que Rusia se iba a oponer? Probablemente ello jugó un papel importante. Pero parece que la apuesta de Obama desde el inicio incluyó a Assad y con ello a Rusia. Desde un principio se dijo que el gobierno en Damasco tuvo previo aviso de los ataques de la coalición sobre su territorio, y no solo no protestó, sino que declaró a unas horas de los primeros bombardeos que Siria apoya todo esfuerzo internacional contra el terrorismo. Ello equivale a un consentimiento tácito, que si bien no convierte las acciones en legales, le quita mucho peso a cualquier protesta jurídica que pudiere venir a la postre. Damasco y Washington tienen en el EI un enemigo en común, y ello ha forjado una alianza de facto, incómoda pero necesaria. Hay elementos en el discurso de Obama ante la Asamblea General que apuntan en esa dirección: “But the only lasting solution to Syria’s civil war is political”.

La justificación legal de Estados Unidos por las acciones militares en Siria, comunicada al Consejo de Seguridad el mismo día del discurso de Obama en la Asamblea General, es cuestionable. Pero, una vez más, el énfasis en el derecho a la legítima defensa colectiva de Irak (Artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas), se asemeja más a lo que ocurrió con Bush padre que a lo sucedido con su hijo. Por otro lado, también se hace referencia al derecho de legítima defensa de Estados Unidos contra Khorasan, un grupo afiliado a Al-Qaida y; recordemos, Estados Unidos, según su propia versión, continúa en guerra contra Al-Qaida. Si Khorasan no representa una amenaza inminente contra Estados Unidos en este momento, entonces Obama estaría actuando preventivamente, es decir, bajo la doctrina Bush. De ahí que, desde mi punto de vista, Obama sí está atrapado en el legado Bush, tanto del padre como del hijo.

Pero hay un elemento adicional en esta justificación, que si bien no es invento de Obama, su administración lo ha utilizado reiteradamente para justificar el uso de la fuerza y ahora le da un gran impulso, que me parece preocupante: se trata de la doctrina de los Estados “indispuestos o incapaces” (“unwilling or unable”). A muy resumidas cuentas, dicha doctrina justifica intervenciones no autorizadas por el Consejo de Seguridad y sin el consentimiento del Estado respectivo, cuando dicho Estado se haya mostrado indispuesto o incapaz de contener a los actores no-estatales ubicados en su territorio que representan una amenaza a la paz e integridad territorial de otro Estado. Esta doctrina no es nueva,  Estados Unidos la utilizó, por ejemplo, para justificar incursiones contra Pancho Villa en territorio mexicano. Pero con el surgimiento de Al-Qaida, cobró nuevo auge y ha sido adaptada a las necesidades de combatir redes globales de terrorismo, aunque se dirige a actores no-estatales más allá de terroristas, como lo podrían ser, bajo determinadas circumstancias, bandas criminales.

No quiero negar que el riesgo terrorista en un mundo globalizado obliga a repensar categorías legales que datan de la posguerra, pero dudo que la doctrina de los indispuestos o incapaces sea la solución. Está basada en un discurso de exclusión que, viéndola bien, no cuadra con la retórica de inclusión de Obama. Sobre todo, se presta a interpretaciones sumamente flexibles que facilitan su uso estratégico por parte de quienes tienen el poder para imponer sus estándares de lo que significa, caso por caso, que un Estado sea incapaz o que no tenga voluntad. La doctrina jurídica internacional la ha criticado fuertemente, aunque tiene sus seguidores, sobre todo en Estados Unidos. Definitivamente, no goza de suficiente reconocimiento entre los Estados: no es derecho internacional positivo. Pero con lo sucedido este 24 de septiembre de 2014, la administración Obama empujó hacia la aceptación de un estándar para el uso de la fuerza que le acomoda muy bien a su pragmatismo, y en este caso quizá haya ofrecido una salida necesaria ante la urgencia de combatir al EI, pero que dejará a la comunidad internacional con grandes incertidumbres sobre el régimen jurídico del uso de la fuerza, y que al igual que en su momento la doctrina Bush, debilita el sistema de seguridad colectiva de las Naciones Unidas.

Post data: El mismo 24 de septiembre, el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 2178, tras una reunión encabezada por el propio Obama. Rafael Fernández de Castro llamó, con mucha razón, la atención sobre dicha resolución, que impone un régimen internacional de prohibición de viajes para los “combatientes terroristas extranjeros”, es decir, aquellas personas que, persuadidas por la propaganda del EI, deciden dejar sus países de origen – generalmente de Occidente – para incorporarse a las filas de este sanguinario grupo. El problema es grave, nadie lo puede dudar. Pero ello no debe hacernos olvidar justamente los mismos abusos que cometió el Consejo de Seguridad tras el 11 de septiembre. En aquella ocasión y literalmente bajo el humo de las derribadas torres gemelas, el Consejo adoptó la resolución 1373, un acto que muchos han calificado de ultra vires, al legislar directamente en materia de combate al terrorismo – no olvidemos que la “legislación internacional” le compete a la Asamblea General. Pero lo que es más importante, ello desató toda una maquinaria del Consejo y de la ONU en su conjunto contra el terrorismo, que en muchos sentidos ha vulnerado derechos humanos. Costó mucho trabajo adoptar ciertas medidas para corregir algunos de esos abusos, y la diplomacia mexicana ha jugado un papel destacado al respecto. Los retos allí siguen, y ahora se agudizan con la nueva resolución que, además de legislar nuevamente, lo hace de una manera que deja margen a los Estados dispuestos a abusar de lo establecido por el Consejo, para imponer medidas que podrían ser violatorias de libertades fundamentales y de la no discriminación. La resolución no viene aislada sino que se integra a una serie de medidas recientes del Consejo que vuelven a endurecer el régimen global contra el terrorismo. Esperemos que el legado de Bush Jr. no rebase a Obama y el “líder del mundo libre” y sus aliados no vuelvan a comprometer sus libertades más fundamentales en aras del combate al enemigo. Y esperemos que México y otros Estados que así lo han hecho, continúen con sus esfuerzos para que se respete el derecho internacional en esta renovada, pero eterna guerra contra el terrorismo.

Alejandro Rodiles. Investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Humboldt de Berlín.