El pasado 4 de noviembre fue publicada la sentencia TC/0256/14 del Tribunal Constitucional de República Dominicana mediante la cual decidió una acción directa en inconstitucionalidad presentada en noviembre de 2005 contra el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y, por la cual, declaró que efectivamente éste era contrario a la Constitución del país.

En efecto, ante su tribunal constitucional se impugnó el instrumento por el cual se aceptó la competencia contenciosa de la CoIDH que fue suscrito por el entonces presidente de República Dominicana y depositado en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en febrero de 1999. De acuerdo al tribunal, ese instrumento «tiene la misma fuerza de las convenciones internacionales», en razón de lo cual se requería la participación del Congreso nacional para obligar al Estado dominicano, dada su competencia constitucional de «aprobar o desaprobar los tratados o convenciones internacionales que celebre el Poder Ejecutivo». Sin embargo, sigue el argumento, toda vez que dicha aprobación legislativa no sucedió, dicho tribunal constitucional encontró el instrumento impugnado como violatorio de la Constitución.

republica-dominicanaLa sentencia referida, sin decirlo, desconoce, prácticamente, la competencia que la Corte Interamericana venía ejerciendo en relación al Estado dominicano desde 2003, año en el que la Comisión Interamericana (CIDH) presentó la primera demanda contra República Dominicana. Es verdad que el tribunal constitucional ni siquiera se ocupó de explicar cuáles son los efectos de su decisión, pero es claro que al determinar la inconstitucionalidad del instrumento impugnado, éste tendría que ser expulsado del ordenamiento jurídico dominicano y sería nulo, de acuerdo a la Constitución del país, así como todos los actos de él derivados, como lo sería el ejercicio de la competencia de la CoIDH. No son palabras menores. De ahí que la sentencia tenga que ser revisada minuciosamente.

Primero, el tribunal dominicano consideró que si bien un Estado no puede invocar disposiciones de derecho interno para incumplir sus obligaciones convencionales, el artículo 46 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969 (CVDT), establece como excepción que dichas obligaciones hayan sido contraídas a partir de una violación manifiesta que afecte una regla de importancia fundamental sobre las competencias para la celebración de los tratados. El tribunal argumentó que la regla fundamental violentada fue la propia Constitución dominicana que exigía la aprobación del Congreso de la aceptación de competencia de la CoIDH, realizada por el presidente de República Dominicana.

Ahora bien, el instrumento de aceptación de competencia no es un tratado internacional, dado que es un acto internacional no autónomo, porque se hace en el marco de un instrumento internacional principal, como lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). La cual ya había sido ratificada por el Estado dominicano en 1978, acto en el que sí participó el Congreso nacional de este país. El hecho de que el ejercicio de la competencia de la CoIDH pueda tener efectos jurídicos diversos, no convierte al instrumento de aceptación en un tratado, pues tales efectos no serían otra cosa que la determinación judicial de las obligaciones derivadas de la propia CADH.

Lo que el tribunal constitucional evita es referirse al numeral 3 del art. 46 de la mencionada Convención de Viena, el cual define los elementos de la violación manifiesta invocable por los Estados. El segundo de ellos es la buena fe. Es decir, será violación manifiesta aquella «objetivamente evidente para cualquier Estado», de buena fe. República Dominicana no puede pretender, de buena fe, que la suscripción del instrumento de aceptación de la competencia de la CoIDH resulte ser una violación manifiesta a su Constitución nacional, cuando durante quince años distintos órganos internos han reconocido la jurisdicción interamericana a través de múltiples actos. Además, el hecho de que la “violación manifiesta” sea declarada tan solo dos semanas después de que la CoIDH notificó a República Dominicana una sentencia por la cual determinó su responsabilidad internacional, no contribuye a sostener la supuesta buena fe.

En relación con lo anterior, es sorprendente el desconocimiento que el tribunal hizo del principio de estoppel, incluso habiendo estado presente en la discusión. Al grado de limitarse a decir que era un argumento sobre el cual era incompetente para pronunciarse, «en tanto conciernen actos y conductas imputables a las autoridades del Estado dominicano inimpugnables mediante el ejercicio de la acción directa de inconstitucionalidad». Es cierto, en derecho internacional, este principio se refiere a la actuación del Estado en su conjunto; sin embargo, esos actos no estaban siendo impugnados ante el tribunal, sino que se solicitaba que los tomara en consideración para formarse un panorama completo relativo a la línea dibujada por las autoridades estatales en el tema.

Para mayor claridad: según la práctica internacional, cuando una parte en un litigio ha adoptado una actitud determinada que redunda en deterioro propio o en beneficio de la contraria, no puede luego, en virtud del principio de estoppel, asumir otra conducta que sea contradictoria con la primera[i]. En esa línea, República Dominicana no puede ahora adoptar una actitud de rechazo a la competencia de la CoIDH, pues ha comparecido, desde 2003, en cuatro ocasiones ante ella y nunca ha opuesto alguna excepción encaminada a cuestionar la validez del instrumento de aceptación incondicional de competencia. Pero no sólo eso: su Suprema Corte de Justicia y su Tribunal Constitucional han reconocido la competencia de la CoIDH en distintas resoluciones[ii].

Asumir ahora una conducta distinta respecto de la validez de la competencia de la CoIDH no es más que un acto irresponsable del tribunal dominicano. Los argumentos que proporciona no son plausibles. Pues está de más exigir la aprobación legislativa de un acto internacional no autónomo, en razón de que el Congreso del país ya había aprobado la CADH 36 años antes, y desde entonces conocía el procedimiento previsto en la Convención para la aceptación de competencia de la Corte Interamericana, frente al cual no manifestó su intención de formular reserva alguna.

Es difícil dejar de notar que esta decisión se da después de la importante condena que hace la CoIDH a República Dominicana en el caso de Personas dominicanas y haitianas expulsadas[iii], en el que se constató un preocupante contexto de discriminación racial en ese país y la existencia de un patrón sistemático de expulsiones, incluso colectivas, de haitianos, dominicanos de ascendencia haitiana o personas de “mero aspecto haitiano”, a partir de un rasero enteramente discriminatorio.De hecho, una de las medidas ordenadas por la CoIDH fue dejar sin efectos una resolución del tribunal constitucional[iv] que establecía que las personas nacidas en territorio dominicano no podían adquirir la nacionalidad dominicana si sus padres se encontraban ahí en situación migratoria irregular.

Tal vez por ello, en la sentencia aquí comentada se estimó que la aceptación de competencia de la CoIDH «transfiere competencias jurisdiccionales que podrían lesionar la soberanía nacional, el principio de separación de poderes, y el de no intervención en los asuntos internos del país».

Esto no demuestra más que la incomprensión de algunos Estados que tachan de injerencia indebida las decisiones de la Corte Interamericana, como si sus actuaciones no estuvieran fundamentadas en la Convención que ellos mismos suscribieron y  como si fueran innecesarias, dados los contextos de violaciones graves a los derechos en los países americanos. Hablar de soberanía y de separación de poderes no tiene sentido si no funcionan como garantías efectivas de los derechos de todas las personas.

Este tipo de interpretaciones no hacen más que minar la solidez de un sistema cuyo único objeto y fin es la protección de los derechos humanos. A su vez, abre un camino peligroso que otros países pueden sentirse tentados a seguir para incumplir sus obligaciones internacionales de garantizar derechos.

Gerardo Mata Quintero. Estudiante de la maestría en derechos humanos por la facultad de jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila.

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[i] Principio reconocido por la propia CoIDH desde, por ejemplo, el caso Neira Alegría y otros vs. Perú. Excepciones preliminares. Sentencia de 11 de diciembre de 1991, §29. También la Corte Internacional de Justicia (CIJ) lo ha abordado, por ejemplo, en el caso de la Delimitación de la plataforma continental del Mar del Norte (República Federal Alemana, Dinamarca y Holanda) de 1969. Igualmente, en los sistemas latino-continentales se reconoce como principio general del Derecho la no contradicción del acto propio (venire contra factum proprium non valet).

[ii] Como ejemplos: en cuanto a la SCJ, la acción en inconstitucionalidad B.J. No. 1137 de agosto de 2005; y al TC, la sentencia TC/0136/13 de agosto de 2013.

[iii] Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas; 28 de agosto de 2014, notificada al Estado el 22 de octubre del mismo año.

[iv] Se trató de la sentencia TC/0168/13, de septiembre de 2013. En ella, el TC también ordenó que se efectuara una “auditoría” de los “libros-registros de nacimientos” desde 1929 para identificar extranjeros.