En medio de quejas y críticas por los casos Ayotzinapa y Tlatlaya, la semana pasada se designó a Luis Raúl González Pérez como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en lugar de Raúl Plascencia, quien buscaba la reelección. Para algunos grupos, la salida de Plascencia es interpretada como un triunfo de la sociedad civil, mientras que otros piden no “personalizar” la situación de la CNDH.

Al acercarse la fecha límite para la designación de este órgano constitucional autónomo, líderes y grupos de la sociedad civil externaron su oposición a la reelección de Plascencia. En este sentido, durante el pasado mes de septiembre, se presentó una demanda de juicio político firmada por 80 organizaciones y líderes, acto que Plascencia calificó como “guerra sucia”. En esta demanda, se le acusaba de omisión, olvido, falta de resultados y poco seguimiento a los casos relacionados con migración, desplazamiento forzado y desaparición y asesinatos ligados con el crimen organizado.

CNDHJorge Israel Hernández, especialista en derechos humanos y uno de los firmantes del desplegado de académicos y periodistas, explicó que el texto se presentó ante la posibilidad de que la Junta de Coordinación Política del Senado decidiese no llevar un proceso de designación serio y se limitase a meramente ratificar a Plascencia en su puesto. Lo cual no era descabellado, ya que el artículo 10 de la ley orgánica de la CNDH está abierto a interpretación ya que si bien habla del proceso de reelección, también abre la posibilidad de una ratificación que implicaría la ausencia de una auscultación de una baraja de candidatos –incluido el presidente de la CNDH que buscase la reelección-.

Evitar una ratificación de este tipo era muy importante para la sociedad civil y fue la razón por la que se publicaron dos desplegados y decenas de columnas de académicos y activistas. En estos desplegados se pidió al Senado que definiera con transparencia el proceso de elección del llamado ombudsman nacional, además de subrayar que Plascencia no contaba con las características necesarias para desempeñarse en dicho puesto.

La posibilidad de ratificar a Plascencia sin que otras personas participaran mantuvo detenido el proceso. Finalmente, se acordó en el Senado que las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia estarían encargadas de llevar a cabo la elección. La senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, apoyó la iniciativa de que Plascencia pudiera reelegirse pero en un proceso abierto a otras candidaturas y frente a una consulta pública.

La sociedad civil presionó al Senado y la opinión pública para evitar que Plascencia continuara en el cargo. Vale subrayar que la coyuntura propia de los asesinatos de civiles en manos de militares en Tlatlaya y la desaparición forzada de los estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa, propiciaron que se abriera el proceso a otras candidaturas y que se diera un tipo de “veto” desde la ciudadanía a la candidatura de Plascencia.

En ese sentido, coincide Iván García Gárate, académico la UNAM y consultor del observatorio Designaciones.org, impulsado por Artículo 19 y FUNDAR, quien señaló que para ellos lo importante es transparentar los procesos de designación de servidores públicos. Desde Designaciones.org se construyó un “perfil ideal” y se determinó que Plascencia no lo cumplía. Afirmó además que gracias a una “buena articulación” de intelectuales y miembros de la sociedad civil se logró que Plascencia no fuese reelegido. Sin embargo, no todo fue triunfo: el proceso mismo a través del cual se eligió finalmente al nuevo presidente de la CNDH, resultó en realidad bastante opaco.

Es decir, si bien la convocatoria es pública y la sociedad civil puede participar, no lo hace de manera decisiva. Las organizaciones pueden presentar preguntas para los candidatos pero estás pueden ser o no tomadas en cuenta por los senadores y no se consulta la decisión a las organizaciones, explica García Gárate. Aunado a esto, los ciudadanos no sabemos por quién vota cada senador ni cuáles son sus razones, lo que en opinión de García Gárate debiese cambiar.

Miguel Moguel, de la organización FUNDAR, coincide en la opacidad del proceso y la falta de legitimidad desde el origen, dado que al darse a conocer el nombre de Luis González, hubo quienes denunciaron que ya se había acordado al ganador previo a la votación, como lo hizo Layda Sansores, senadora del PT. Pero el punto medular, para Moguel, es no dejarse llevar por una política de “perdón y pasado” y creer, “ingenuamente”, que el cambio del presidente de la CNDH significa una mejoría pues eso sería “personalizar” la crisis por la que atraviesa la institución.

El perfil de Luis González ha dejado insatisfechos a varios sectores de la sociedad civil debido a que proviene del sector público —así como el resto de los integrantes de la terna finalista-, apunta Israel Hernández. Pues hay que recordar que antes de ocupar el cargo de abogado general de la UNAM, González trabajó por 12 años en la CNDH.

Pero esa experiencia podría no ser del todo contraproducente, asegura Miguel Moguel, ya que se puede aprovechar ese conocimiento y experiencia para reformar a la CNDH —una idea que ha surgido cada vez con más fuerza-. Lo que es innegable, sin embargo, es que “la condición del país le impondrá al nuevo presidente la dinámica de su gestión”, pues su principal reto no es fortalecer a la institución, sino responder inmediatamente a los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, dice Moguel. Fue justo este contexto lo que permitió que los representantes de la sociedad civil y los académicos, ganaran más peso en este proceso de designación.

En ese sentido, Israel Hernández señaló que si bien las organizaciones pudieron influir para que se abriera el proceso, no tienen el músculo aún para presentar una candidatura viable desde la sociedad civil.

Por otro lado, Moguel apoya la idea de que la CNDH transite hacia un gobierno colegiado que se represente por su pluralidad, como propuso el senador Roberto Gil Zuarth del PAN. Y donde idealmente participarían las organizaciones de la sociedad civil. Un gobierno colegiado permitiría un ojo más fino para analizar la complejidad de las necesidades del país y, de esta manera, se encaminaría a diluir la influencia del presidente de la República en el proceso de designación de esta institución.

Julene Iriarte y Laura Yaniz. Estudiantes de la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE.