La discusión en la opinión pública ha girado en torno al número de ejecutados en Tlatlaya, Estado de México[1], y no en las razones por las que se justificó el uso de elementos militares en labores de seguridad pública. Este asunto no es menor. Parece que hoy existe un consenso que no cuestiona los alcances de los elementos militares en tiempos de paz y de regularidad democrática. Necesitamos replantear las discusiones a la luz del suceso trágico en territorio mexiquense.

La Suprema Corte y las fuerzas armadas

El pasado 5 de marzo de 1996, la Suprema Corte resolvió la acción de inconstitucionalidad 1/96, misma que fue promovida por 167 diputados federales de la LVI Legislatura. El objeto de estudio era la incorporación de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina al Consejo Nacional de Seguridad Pública.

La Corte decidió validar la colaboración de las fuerzas armadas con elementos de seguridad pública (civiles) si éstos estuviesen, en todo momento, al mando de las primeras. Se interpretó que los alcances de la función militar legitiman el auxilio entre las dos instituciones referidas y, además, la decisión sentó un gran precedente que autorizó al gobierno federal a disponer ampliamente de las fuerzas armadas.

La autorización que concedió la Corte fue aprovechada en la integración de una estrategia de seguridad de gran calado. Justo la que estableció el expresidente Felipe Calderón, de tal manera que para la sociedad mexicana dejó de ser extraño la presencia militar en los espacios que anteriormente ocupaba la policía. Las calles podían estar repletas de metralletas y tanques bajo la justificación de mayor seguridad.

Pero, ¿realmente estuvimos más seguros? Según la Organización de las Naciones Unidas, el uso que Calderón le dio a las fuerzas armadas generó espacios para la arbitrariedad y la violación permanente de derechos humanos. La nueva administración heredó esta lógica de seguridad, misma que ha exhibido la necesidad de cambio. Lo sucedido en Tlatlaya, expuesto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), nos obliga a repensar precisamente en andamiaje constitucional del uso de la fuerza militar.

¿Qué sucedió en Tlatlaya?

peña-ejercitoEjecuciones extrajudiciales o, lo que es lo mismo, el abuso del poder en una de sus máximas expresiones. En efecto, el 30 de junio de 2014, se encontraron 22 cuerpos sin vida en una bodega ubicada en Tlatlaya, Estado de México. Intercambio de disparos que terminaron en la alteración de la escena del crimen.[2] Sin juzgar sobre la necesidad de actuación en la zona, dado que eso le corresponde a las autoridades competentes, el uso militar fue un aspecto fundamental en lo sucedido: la CNDH señala al Ejército como responsable de las ejecuciones de 15 civiles en la recomendación 51/2014.

Al respecto, distintos activistas y académicos han expuesto la necesidad de repensar las fuerzas armadas. Esto sin duda generó las condiciones para que el ministro José Ramón Cossío retomara este tema en la Corte durante la discusión de los alcances del fuero militar:

“Creo que lo resuelto en la Acción 1/1996 no tiene ―para mí al menos― la posibilidad de diferenciar entre una situación de paz y de guerra (…)

(…) entiendo que todo el sistema de seguridad pública está construido a partir de servicios de policía, no a partir de servicios de los miembros de las fuerzas armadas”

El ministro lo propone es un nuevo entendimiento de las fuerzas armadas con la definición de límites claros para su actuar:

“(…) creo que no podemos llevar a considerar o nos puede llevar a considerar la lectura de este artículo, que las fuerzas armadas pueden cumplir funciones de seguridad pública a partir de lo dispuesto en el artículo 21 constitucional, porque esto me parece que ni está en la lógica de las policías del artículo 21, ni mucho menos, ni mucho menos se aviene con lo establecido en el artículo 129 constitucional de las condiciones de paz de los miembros de las fuerzas armadas”

Cossío retoma una discusión histórica de nuestra vida política: el artículo 129 constitucional, mismo que fue aprobado por los diputados constituyentes de 1916 con el precedente establecido por el Congreso Constituyente de 1856. Hay que resaltar la función del diputado constituyente Ponciano Arraiga que logró la aprobación de una redacción normativa que redujo la posibilidad de movilización del Ejército al establecer comandancias fijas y permanentes.

Conclusiones

Las fuerzas armadas están sujetas a los controles democráticos como cualquier otro ente público. No obstante, por su carácter bélico, sus límites deben ser estrictamente definidos para evitar el abuso y la violación de derechos humanos. Tlatlaya no sólo debe generar indignación, sino que debe servir como precedente para replantear la discusión sobre la posición constitucional de los elementos militares.

Francisco J. Rubio Díaz. Tesista de la licenciatura en Derecho del CIDE y Coordinador General del Grupo Socialdemocracia. Twitter: @pacorubioo

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[1] Animal Político, ¿Qué pasó realmente en Tlatlaya? Las versiones de la CNDH y PGR no coinciden Fecha de consulta: 24 de noviembre de 2014.

[2] Animal Político, ¿Qué ocurrió en Tlatlaya minuto a minuto, según la CNDH? Fecha de consulta: 24 de noviembre de 2014.