El pasado 2 de enero de 2015, los ministros de la Suprema Corte de Justicia eligieron a su presidente para el periodo 2015-2018: el ministro Luis María Aguilar Morales. Han sido varias las voces que se han manifestado sobre este tema en los diversos medios de comunicación, aunque ni de lejos en el número y con la intensidad que se esperaría por tratarse de la elección de quien encabezará a uno de los poderes en que se divide el Supremo Poder de la Federación.

Una posible explicación de este poco debate público serio respecto a la sucesión en la Corte se puede encontrar en el carácter meramente jurídico que en el imaginario colectivo se le atribuye a la misma. El destacado académico, Robert A. Dahl, en un texto fundamental para el estudio de la Corte Suprema estadunidense[1], subrayó el carácter eminentemente político de dicha institución en el sentido de que se encarga primordialmente de resolver cuestiones controvertidas de la política nacional.

La Corte mexicana parece seguir cada vez más la pauta descrita por Dahl, pues se ocupa principalmente de casos que implican la resolución de aquellas diferencias surgidas entre la clase política nacional –al menos así lo parecen indicar los datos disponibles sobre la materia.

La gráfica 1, por ejemplo, muestra la evolución del total de asuntos ingresados a la Corte en el periodo 2009-2013, donde destaca una tendencia al alza pues en cinco años se pasó de 7,827 a 11,380[2], lo que significa un incremento del 45%.

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La gráfica 2, por su parte, presenta la distribución porcentual por año de los asuntos ingresados a la Corte en el periodo 2009-2013, de lo que se deduce que el amparo directo en revisión, el incidente de inejecución y el amparo en revisión abarcaron el 70% de los asuntos que conoció la Corte durante este periodo; mientras que las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales representaron menos del 2% de los casos atendidos por la Corte.

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Lo anterior de modo alguno significa que la Corte concentre sus esfuerzos en la resolución de asuntos de orden sustancialmente jurídicos; por el contrario, la instancia máxima de la Corte, el Pleno, dedica la mayor parte de sus esfuerzos en la resolución de cuestiones que por su naturaleza jurídica implican solventar a su vez diferencias surgidas entre la clase política mexicana.

En el Informe de Actividades 2014[3] del anterior presidente de la Corte, se señala que en el periodo diciembre de 2013-noviembre de 2014 se resolvieron 6,826 asuntos. De estos, el Pleno estuvo a cargo de 301 (4.4%), la 1ª sala de 3,019 (44%) y la 2ª sala de los restantes 3,506 (51%). El Pleno de la Corte se encarga entonces de un número limitado de los casos, posiblemente de los más importantes.

La revisión de las versiones taquigráficas[4] del Pleno de la Corte correspondientes al segundo periodo de sesiones del 2014, que abarcó del 1 de agosto al 11 de diciembre de dicho año, ofrece una aproximación más precisa a los asuntos que en específico fueron abordados por dicho órgano judicial (véase gráfico 3):

  1. En el periodo referido tuvieron verificativo 58 sesiones del Pleno de la Corte: 10 solemnes, 47 ordinarias y 1 extraordinaria.
  2. Durante el segundo periodo de sesiones de 2014, fueron puestos a consideración del Pleno 67 asuntos de los que 63 recibieron resolución.
  3. Los asuntos relacionados con la solución de diferencias entre la clase política nacional (acciones de inconstitucionalidad, contradicciones de tesis, controversias constitucionales y consultas populares), representaron el 82% de los asuntos puestos a consideración del Pleno de la Corte (55 de 67) y el 84% de los casos resueltos por éste (53 de 63).
  4. Los casos de corte primordialmente jurídico (incidentes de inejecución de sentencias, consulta a trámite, recurso de inconformidad, amparo en revisión y amparo directo en revisión), significaron respectivamente el 17% y el 15% de los asuntos resueltos por el Pleno de la Corte.
  5. Los temas de los asuntos que le planteó la clase política mexicana y que la Corte resolvió son: la reforma fiscal; la ley de ingresos; la legislación electoral federal; la legislación electoral del Distrito Federal, Colima, Tabasco, Baja California Sur, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Campeche, Guanajuato, Sonora, Morelos, Yucatán, San Luis Potosí, Estado de México, Querétaro, Chiapas, Nuevo León; las consultas populares sobre reforma energética, salario mínimo y legisladores de representación proporcional; controversias por diferencias entre los ayuntamientos y los gobiernos estatales en materia presupuestal.

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La información presentada, aunque solamente abarca el último periodo de sesiones de la Corte, parece confirmar para el caso mexicano la hipótesis de Dahl, pues su órgano máximo, el Pleno, resuelve principalmente cuestiones con un tinte profundamente político que son aquéllos que confrontan a nuestra clase política. Tal vez el reconocimiento de este papel político de la Corte pueda conducir a la sociedad mexicana a conocerla y a analizarla más a profundidad en beneficio de nuestra incipiente democracia.

Mauricio Calcaneo. Estudiante del Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Mail: calcaneomonts@yahoo.com

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[1]Dahl, Robert A. (1957), “Decision-Making in a Democracy: The Supreme Court as a National Policy-Maker”, Journal of Public Law, No. 279, pp. 279-295.

[2] La información presentada en este apartado fue tomada del documento Indicadores de gestión jurisdiccionales que elabora la Secretaría General de Acuerdos de la Corte. Aunque en dicho documento se señala que el total de asuntos ingresados para los años 2009 y 2013 fueron del orden de los 9,191 y 13,032 respectivamente, la suma de las cantidades que presentan asciende a los 7,827 y 11,380 casos que aquí se reportan.

[3] Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Informe Anual de Labores 2014, disponible en www.scjn.gob.mx

[4] Disponibles en www.scjn.gob.mx