Estamos por cumplir cien años con nuestra Constitución. Nuestra relación con ella nunca ha sido sencilla. Podemos hablar de una historia problemática, llena de paradojas, estancada a ratos, llena de fervor en otros. Nuestra Constitución ha sido todo: víctima de revanchas ideológicas, culpable del desastre nacional en turno, responsable de la violencia, promotora del desarrollo, promesa de un futuro feliz.

Hace ya más de cien años, Emilio Rabasa, sin duda el constitucionalista más agudo de nuestra historia, advertía nuestra actitud frente a la Constitución (en referencia a la Constitución de 1857): “Se le amaba como símbolo, pero como ley era desconocida por todos”. Venerábamos al texto constitucional como símbolo de la unidad nacional y de nuestra soberanía; la venerábamos como elemento condensador de los deseos de la nación. En esas páginas no veíamos normas, sino un proyecto de país; no encontrábamos reglas e instituciones, sino una utopía política; nunca hallamos en esos párrafos un complejo entramado de instancias y procedimientos que organizaban y limitaban al poder, más bien lo que veíamos era la esperanza de aglutinarnos como nación alrededor de ellas. Por ello, su cumplimiento era prescindible; lo indispensable era su existencia.

Nuestra actitud frente a la Constitución de 1916-1917 no ha sido muy distinta. Al contrario, la distancia entre el poder político y la Constitución se acrecentó. En el discurso oficial ya existía un nuevo suceso histórico que explicaba la unidad nacional: la revolución mexicana. La Constitución podía ser el recipiente en el que se vertieron los reclamos de la revolución, pero no la explicaba. Ésta había estallado por las enormes desigualdades que se acrecentaron durante el porfiriato y la falta de libertades políticas. Durante los gobiernos de Obregón y Calles se creó una nueva narrativa gubernamental: la revolución nos explicaba como mexicanos, a la revolución nos debíamos como país. De esta manera, en el discurso del gobierno, la Constitución pasó a un plano detrás de la revolución.

Pero su importancia como elemento legitimador del régimen no había desaparecido. Conforme las referencias a la revolución comenzaron a desgastarse, a la Constitución se le vio como un documento presente, fresco, de avanzada. Lo que no cambio, sin embargo, fue que su relevancia se mantuvo en términos esencialmente política.

La tradición del régimen autoritario fue siempre respetar la Constitución. Jamás desobedecerla en público, nunca desacatarla en nombre de alguna idea superior. Impensable mandarla al diablo. La revolución y la Constitución justificaban un régimen, un discurso y la existencia misma de un partido político. La Constitución nunca se hacía a un lado de manera pública.

fantasia2Las facultades del poder ejecutivo, por ejemplo, se encontraban en ese documento histórico. Pero, ¿quién diría que durante nuestro régimen de partido hegemónico el poder ejecutivo se limitaba a ejecutar las facultades ahí establecidas?, ¿quién afirmaría que el presidente se asomaba a lo que Kelsen denominó la Norma Fundante Básica para corroborar si una de sus acciones estaba prevista como constitucional?, ¿quién aseveraría que el presidente y su partido se veían limitados en su actuar por lo dispuesto en dicho texto?, ¿quién sostendría que en México se vivía lo que establecía el texto constitucional: división de poderes, federalismo, mecanismos de control político? El presidente no requería de la Constitución porque simplemente no la necesitaba y tampoco le incomodaba. Los cambios sociales se daban a través de otros medios y otras acciones. El presidente no necesitaba a la Constitución porque –fácticamente- estaba por encima de ella y de cualquier institución. Quizás, como escribió hace ya algunos años Jesús Silva-Herzog Márquez, el único componente institucional del sexenio era el sexenio mismo.

La transición a la democracia cambió nuestra lectura de la Constitución. Dejó de ser la vasija donde juntábamos nuestras expectativas y aspiraciones para pasar a ser el documento que poseía una dimensión normativa. Las reformas al poder judicial de 1994 fueron fundamentales para cambiar esa lectura y comenzar a tomar, al menos seriamente, la dimensión normativa de la Constitución. Dicha reforma conceptualizó a la Constitución como norma, otorgándole a la–nueva Corte más facultades de control constitucional (acciones y controversias constitucionales). La reforma era clara: si concebimos al texto constitucional como una norma, entonces debemos tener jueces que revisen si las normas inferiores son acordes a lo establecido en la superior.

Los gobiernos emanados de la transición democrática vieron en la Constitución la palanca idónea para realizar cambios (y la naciente democracia electoral los posibilitó). Si el presidente de la República no podía ya por sí mismo modificar la realidad, entonces había que ir a reformar el texto constitucional. Ya no sería éste la piscina de buenos deseos y grandes proyectos nacionales, sino un texto donde se diseñaban nuevas instituciones y se protegían nuevos derechos. Comenzábamos a despertar de nuestra larga “siesta constitucional”[1].

Ello no implica que comenzáramos a observar y a utilizar a la Constitución como la norma que permea al resto del sistema jurídico interno, otorgando validez formal y material a todas las normas inferiores. Sería un absurdo aseverar que estos gobiernos gobernaron acatando todas las disposiciones constitucionales y procurando cumplir con lo ahí establecido. No. Más bien, se creyó que la única legitimación para actuar era la que otorgaba el propio texto constitucional. Su dimensión normativa era ésa: permitía que se ejecutaran las competencias que ahí se otorgaban.

Un ejemplo reciente, pero no el único: el actual gobierno y el llamado pacto por México inauguraron la era de la fantasía constitucional. Bajo la creencia que basta una reforma, un cambio a la Constitución, para modificar la realidad. Lo que dice la Constitución, será. Hoy los mexicanos tenemos mejor educación porque así lo dispone el texto constitucional. Entraremos en una etapa de crecimiento económico porque ya fue aprobada la reforma energética. México es un país más libre por la aprobación de la última reforma político-electoral. La patria es más próspera porque se aprobó la reforma financiera. Constitución: conjunto de palabras mágicas que, al modificarse, transforman la realidad.

Noventa y ocho años después de la promulgación de la Constitución, aún no podemos decir que vivimos bajo un régimen constitucional. La democracia mexicana tiene una larga lista de pendientes. Posiblemente, el más apremiante es el de establecer un verdadero régimen constitucional. Si la democratización mexicana implicó una mayor distribución del poder y medios de acceso más efectivos, el reto de nuestro constitucionalismo sigue siendo el de hace casi cien años: organizar mejor al poder y limitarlo y, al mismo tiempo, promover los derechos y las garantías que ahí se han establecido.

Terminar con la impunidad, crear un verdadero régimen federal, activar los mecanismos congresionales cuando haya excesos o abusos por parte del ejecutivo, limitar la intervención del gobierno en la vida privada de los ciudadanos, hacer del nuevo sistema de justicia penal una realidad, evitar la arbitrariedad por parte de los poderes públicos… son sólo algunas de las cuestiones que requieren a una Constitución viva y despierta; en pocas palabras, una Constitución que se cumple.

Aunque no falten las fricciones, constitucionalismo y democracia deben caminar de la mano. La distribución del poder es inseparable de su organización. Hemos pasado ya más de quince años imaginando formas de distribuir y ampliar el acceso el poder. Es ya hora de empezar a tomar en serio su limitación. Es la mejor manera de honrar a la Constitución.

Juan I. ZavalaEstudiante de la licenciatura en Derecho en el ITAM. Twitter: @jzavalagt

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[1] Silva Herzo Márquez, Jesús. “El antiguo régimen y la transición en México”. Editorial Planeta/Joaquín Mortiz. México, 1999. P. 37