Rumbo a la equidad contractual

El plan del teléfono celular, la televisión satelital o por cable, el internet en casa, la nota de la tintorería, la inscripción al gimnasio, entre otros servicios que consumimos todos los días, los adquirimos a través de un contrato con las empresas proveedoras. Se trata de un contrato que no se negocia, conocido como contrato de adhesión y que la empresa en cuestión lo ofrece de manera unilateral. ¿Cuántas veces leemos estos contratos? ¿Sabemos las cláusulas que contienen? ¿Hay alguien que revise que estos contratos sean justos y equitativos? ¿Existe algún lineamiento sobre cómo deben ser estos contratos? Y, de manera más elemental, ¿por qué existen?

Para tratar de responder a estas preguntas, partamos desde la empresa y sus restricciones. La libertad empresarial se encuentra reconocida en el artículo 5º de la Constitución, el cual también define las situaciones bajo las cuales puede ésta restringirse: por determinación judicial (cuando se ataquen derechos de terceros) o por resolución gubernativa cuando “se ofendan los derechos de la sociedad” (con base en lo que dispone la ley). Una consecuencia de esta libertad empresarial es el poder celebrar contratos mercantiles.

Por otro lado, el artículo 28 constitucional es que el abre la puerta a la protección de los consumidores, de una manera tímida, pero suficiente: “La Ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de los intereses”. Se entiende que este artículo es una “garantía de los consumidores”[1] que potencia gracias al principio pro persona establecido en el artículo 1º constitucional.

En este sentido, “los derechos de la sociedad”, esos “intereses” de los consumidores, han propiciado que se restrinjan aquellos principios mercantiles donde prevalece la voluntad de las partes, acotando la libertad empresarial a una serie de reglas. Lo anterior se ha justificado en la medida que los derechos de los consumidores son de interés social, públicos, irrenunciables y siguen el mismo principio de los derechos humanos, al ser considerados derechos públicos subjetivos. Por tanto, el Estado es responsable de la adecuada tutela de estos derechos e intereses.

consumidor1A su vez, vale considerar que, en términos económicos, existe una asimetría de información entre consumidores y proveedores. Los primeros tienen menos información sobre los productos de la que tienen las empresas, por ello dentro de esta relación el consumidor es considerado la parte “débil”. Para cerrar esta brecha se ha buscado estandarizar elementos de la información comercial que se ofrece a consumidores, este es el caso de las normas de etiquetado de los productos. Otra vía es la definición de las relaciones contractuales entre ambas partes. Se asume que el consumidor no tiene un conocimiento jurídico amplio para celebrar un contrato para cada producto que compra, por lo que con esta vía se busca estandarizar los contratos que definen esta relación.

En México, la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), establece en su artículo 1º que su objeto es “procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores”, para lo cual define una serie de “principios básicos en las relaciones de consumo”, como la educación sobre el consumo, que garantice la libertad de elección y la equidad en las relaciones contractuales. También establece la protección contra la publicidad engañosa y abusiva y frente a las cláusulas abusivas de los contratos. Finalmente, el artículo 9 de esta ley establece que “los proveedores de bienes o servicios incurren en responsabilidad administrativa por los actos propios que atenten contra los derechos del consumidor”.

Así, llegamos a la definición legal de los contratos de adhesión que se encuentra en la LFPC, éstos son “el documento elaborado unilateralmente por el proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato”[2].

Además, hay algunos casos en los que estos contratos, para que puedan ser válidos se deben registrar previamente ante Profeco. Lo anterior, puede estar establecido en alguna ley o Norma Oficial Mexicana “cuando impliquen o pueden implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o altas probabilidades de incumplimiento”[3]. En estos casos, la Profeco revisa y elimina aquellas cláusulas que contravengan los principios de la LFPC.

De acuerdo al artículo 90 de la LFPC, las cláusulas contractuales serán inválidas o se tendrán por no puestas cuando se presenten los siguientes casos:

1) Permitan al proveedor modificar unilateralmente el contenido del contrato, o sustraerse unilateralmente a sus obligaciones.

2) Liberen al proveedor de su responsabilidad civil, excepto cuando el consumidor incumpla el contrato.

3) Trasladen al consumidor o a un tercero que no sea parte del contrato la responsabilidad civil del proveedor.

La Suprema Corte y el caso del contrato de SKY

Con base en las anteriores disposiciones, la Profeco observó en 2011 que compañías de televisión de paga estaban incurriendo en un patrón semejante de las quejas que los consumidores interponían contra éstas: contratos, cobro indebido, entrega del producto o servicio. El origen de la inconformidad se encontraba justamente en los contratos de adhesión de los proveedores (que en esa época no era obligatorio su registro ante la Profeco, sino hasta finales de 2012, con la entrada en vigor de la NOM-SCFI-184-2012), al contener cláusulas que contravienen lo dispuesto en la LFPC. En este sentido, la Profeco procedió a demandar la validez de varias de las cláusulas de los contratos de las empresas.

Las demandas la interpuso la Profeco por la vía mercantil y se solicitaba al juzgador invalidar aquellas cláusulas que contradecían los principios establecidos en la LFPC. El juez de distrito declaró la invalidez de dichas cláusulas del contrato de SKY por considerarlas desproporcionadas, inequitativas o abusivas. Dicha resolución fue impugnada por la empresa ante un tribunal unitario, el cual consideró válidas algunos de sus reclamos. Por esas razones, la Profeco promovió el amparo directo 16/2014, mismo que fue atraído por la Primera Sala de la SCJN.

Dicha Sala resolvió respecto de las cláusulas demandas lo siguiente:

  • Es abusiva la cláusula en la que el suscriptor autoriza a SKY a usar y compartir con terceros sus datos para fines mercadológicos, pues dicha facultad es un ejercicio exclusivo del consumidor e inhibe su posibilidad de decidir libremente sobre el uso de su información.
  • Violan el principio de equidad de los consumidores, las cláusulas referentes a la prestación de servicios, arrendamiento de equipo y contrato de comodato equipo. Lo anterior aun cuando éstas se refieren al incumplimiento del contrato, contienen derechos y beneficios sólo a favor del proveedor, en virtud de que el incumplimiento de cualquier obligación da lugar a la rescisión de todos los contratos, aun cuando éstos no sean recíprocos con la obligación incumplida.
  • Por desproporcionadas, abusivas e inequitativas, son nulas las cláusulas referentes a la forma de pago, prestación de servicios y contrato de arrendamiento. Lo anterior, ya que dichas cláusulas prevén que la vigencia del contrato sea distinta para las partes, pues mientras que para la empresa es indefinida, para el consumidor es forzosa y obligatoria, sin que justifique dicha conducta.
  • Es inválida la cláusula que señala que el suscriptor deberá pagar una penalización por el cambio de la forma de pago, cuyo monto le será indicado por SKY, pues esto permite a la empresa modificar unilateralmente el monto, situación que viola el derecho de los consumidores a la información de los costos en los contratos de adhesión.

Este caso permite observar la evolución en la interpretación sistemática de los derechos básicos de los consumidores, en particular en el ámbito de la equidad en la celebración de contratos de adhesión. Adicionalmente, se confirma que la Profeco tiene la facultad para representar a consumidores en juicios mercantiles que busquen invalidar cláusulas de contratos de adhesión no considerados como de registro obligatorio. Finalmente, este tipo de casos demuestra cómo la Suprema Corte fortalece la tutela de los derechos de los consumidores, mediante el reconocimiento de la naturaleza de interés público y social de estos, y la aplicación del principio de equidad en las relaciones de consumo.

Bernardo Altamirano Rodríguez. Catedrático del Departamento de Derecho del ITAM. Imparte la materia: “La empresa, la competencia y los consumidores”.

Carlos Martínez Velázquez. Politólogo por el ITAM. Director de Central Ciudadano y Consumidor, A.C.

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[1]Discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la Acción de Inconstitucionalidad 14/2011 promovida por la Procuraduría General de la República en contra de la Asamblea y Jefe de Gobierno del DF por la Norma 29.

[2]Artículo 85 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

[3]Artículo 86 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.