La llegada del pluralismo político a la sociedad mexicana arrojó, entre otras, una consecuencia de enorme relevancia: buena parte de los conflictos sociales se empezaron a procesar por la vía institucional. A falta de un presidente de la República que fungiese como centro de gravedad indiscutible en el sistema político, que estableciese orden y certeza, fue inevitable que las fuerzas políticas buscaran asirse al piso común propio de una sociedad democrática: la ley.

manual-de-periodismo-judicial

Esto no significa, claro está, que nuestro país haya construido ya un Estado de Derecho pleno y sólido. Las asignaturas pendientes no son pocas e implican acertijos de enorme complejidad. Lo que nos interesa subrayar es que este cambio –gradual y parcial- en la manera de resolver los conflictos y, con ello, la inevitable necesidad de reflexionar y ajustar el diseño de las instituciones encargadas de procesar tales conflictos, ha propiciado que los medios, en su rutina informativa, incluyan cada vez más eventos relacionados con la ley y su aplicación.

Hoy, al abrir un periódico, escuchar la radio, ver la televisión o navegar por  Internet, no podemos dejar de contemplar una nueva serie de protagonistas de la agenda pública, que difícilmente tenían tal relevancia en el pasado: procesos de reformas legislativas y constitucionales de variopintas materias, decisiones de órganos reguladores, juicios en contra de tales decisiones; resoluciones judiciales sobre un amplio abanico de temas, sentencias de tribunales internacionales que condenan al Estado mexicano, conflictos entre poderes zanjados mediante recursos constitucionales, políticas públicas impulsadas por órganos constitucionales autónomos y un largo etcétera.

Nuestra incipiente democracia ha encontrado en la madeja de reglas jurídicas del país un buen registro de su incierto y sinuoso avance hacia su consolidación. No sólo porque buena parte de los conflictos característicos de nuestro escenario pluralista se procesan a través de los cauces jurídicos, sino también porque el diseño de varias figuras jurídicas se ha convertido en objeto de reflexión y debate: de la manera como se ajusten instituciones, como el juicio de amparo, las acciones colectivas, el sistema penal, el control constitucional difuso y varias más, depende en buena medida la viabilidad de nuestra democracia.

Hay que agregar además que, de manera paulatina, y con mucho camino por recorrer, los derechos también se han convertido en un tema recurrente en la discusión pública. El diálogo de la sociedad civil, al impulsar sus múltiples intereses, con el Estado empieza a tener como punto de partida los alcances y límites de los derechos. Actualmente, no es extraño que destaquen en la agenda pública preguntas como las siguientes: ¿La libertad de expresión protege a aquellos que se pitorrean de los símbolos patrios? ¿Es constitucional despenalizar el aborto durante las primeras doce semanas de gestación? ¿Se protege el derecho a la igualdad al abrir la figura del matrimonio y adopción a los homosexuales? ¿Es posible que una reforma constitucional vulnere una libertad? ¿Cuáles son los derechos en juego al regular redes sociales como Twitter y Facebook? Se trata de interrogantes que, ubicando los derechos en el centro del debate, marcan el inicio de una nueva narrativa de la relación entre el Estado y diversos sectores de la sociedad civil.

Ante un escenario como éste, entonces, donde los vaivenes políticos, sociales y económicos tienen siempre un pie en el mundo de las leyes y las tuberías del ordenamiento jurídico son destacados personajes de las discusiones del país, se vuelve indispensable una cobertura periodística oportuna, precisa e inteligente de ese ingrediente legal presente en nuestra vida pública. A esta exigencia busca responder el presente libro.

Conscientes de que el desarrollo del periodismo judicial en nuestros medios informativos es prácticamente nulo, consideramos que urge un material que le facilite a los periodistas las herramientas para que aprendan a traducir la abigarrada jerga legal a un lenguaje claro y sencillo; adquieran la habilidad de explicar complejos procesos jurídicos sin descuidar u olvidar aspectos técnicos clave y, sobre todo, entrenen su olfato para detectar qué aspectos jurisdiccionales son los que tienen mayor impacto social.

La relevancia de impulsar la especialización jurídica en los medios informativos reside en la posibilidad de construir una narrativa más compleja, capaz de explicar de mejor manera el proceso de consolidación democrática de nuestro país. La realidad de una sociedad no se reduce, por supuesto, a sus códigos, sentencias y reglamentos, pero sí son un aspecto que permite introducir matices en ella y, en ese sentido, enriquecerla.

Pero, además, desarrollar el periodismo judicial permite que los medios cuenten con un arma más contundente para cumplir con una de sus funciones básicas: el escrutinio del poder público. No hay que olvidar que uno de los peligros a los que está expuesta la transparencia en las sociedades modernas es el secreto técnico. Esa información que poseen los burócratas especializados y que pueden ocultar a través de la manipulación de las formas legales y de un lenguaje seudocientífico marcado por licenciadismos. Esto lo explicó con lucidez el escritor Maurice Joy, en su obra clásica Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu: sin tener que violar, por ejemplo, el principio de que la administración financiera es, en muchos sentidos, una cuestión de prensa, sin nublar la publicidad como esencia misma del presupuesto de la administración pública, el poderoso en un sistema democrático puede, por medio de un hábil uso del lenguaje, maquillar cifras, alterar información, ocultar datos. (Joly, 1974:188). De ahí que el periodismo judicial sea una herramienta idónea para evitar que los medios se traguen el anzuelo del poder público: ocultar información mediante tecnicismos legales.

Es necesario aclarar, sin embargo, que este libro no busca satisfacer los caprichos y frivolidades del lenguaje de los abogados; su disgusto porque la prensa no utilice puntualmente su jerga legal. La otra cara de la moneda de la falta de un periodismo judicial en nuestros medios informativos es justamente el lenguaje barroco, anacrónico y petulante del gremio de abogados. Basta con leer una sentencia, un texto legislativo o un reglamento para encontrarnos con una prosa impenetrable, plagada de arcaísmos y con serias fallas de las reglas básicas de gramática y sintaxis. Nada más alejado de nuestro propósito preservar este lenguaje. Por el contrario, la idea de este libro es impulsar una nueva prosa legal acorde con las exigencias democráticas. Una que prescinda de formalismos ociosos y favorezca la comprensión de las reglas que definen nuestra convivencia.

Pero, más allá del lenguaje judicial y de la necesaria habilidad periodística para traducirlo, estamos convencidos de que detrás de la madeja legal existe un filón de la realidad que los medios deben hurgar. Esto fue lo que George Steiner, al estudiar la obra del gigante de la literatura Fiódor Dostoieveski, detectó: el escritor ruso acostumbraba acercarse y consultar expedientes judiciales como una de sus fuentes literarias, pues, a su parecer, ahí se encontraban reflejadas en no pocas ocasiones las contradicciones, ambigüedades y dramas más extremos de la condición humana. Y ésta debe ser una lección medular para nuestro periodismo: entre los expedientes y procesos judiciales se encapsulan aspectos de la condición humana y de la disputa por el poder que es necesario recoger para construir un colorido mosaico de nuestra vida social. (Steiner, 2002).

Vale mencionar, por último, que este libro se ubica dentro de un esfuerzo mucho mayor que desde diferentes flancos se está impulsando para elevar el nivel de los contenidos de nuestros medios de comunicación. Ante unos medios que destacan por su falta de periodismo de investigación y especialización, que arrastran vicios como una cobertura reducida a declaraciones y que gozan de la impunidad al manejar cierta información que afecta derechos de personas, es claro que es necesaria una reflexión sobre el papel de los medios en un contexto democrático. Ejercicio de reflexión y redefinición de las prácticas periodísticas que debe incluir a periodistas y reporteros, pero también a editores, jefes de información, conductores, académicos y a las audiencias. Sólo de esta manera podremos acercarnos a ese gran reto que tiene nuestra opinión pública, y al cual en la medida de sus posibilidades este libro se suma: elevar el nivel de discusión de nuestra vida pública.

Aquí el resto del libro.

José Carreño Carlón. Director general del Fondo de Cultura Económica. Twitter: @josecarreno

Saúl López Noriega. Profesor e investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Twitter: @slopeznoriega


Joly, Maurice. 1974. Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, trad. Matilde HorneBarcelona: Muchnik.

Steiner, George. 2002. Tolstói o Dostoievski, trad, Agustí Bartra. Madrid: Siruela.