El pasado viernes 17 de julio se celebró el día de la justicia internacional, una oportunidad para reconocer el establecimiento y desarrollo de los numerosos esfuerzos para brindar justicia y reparación a las víctimas de los crímenes más graves de trascendencia internacional. La fecha fue elegida por ser el aniversario de la adopción del Estatuto de Roma, el tratado que creó a la Corte Penal Internacional (CPI) en 1998.

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La CPI es un tribunal relativamente nuevo, único en su especie, el cual, si bien de cierta forma afirmó los objetivos de sus importantes predecesores, carece de los mismos alcances y, sobre todo, retos de aquéllos. A pesar de que la Corte es una institución con personalidad y capacidad jurídica propia, no es un tribunal omnipotente, pues requiere de la cooperación de los Estados para lograr sus objetivos. Si persiste la impunidad respecto a atrocidades de carácter internacional, no es debido a un fracaso atribuible a la CPI como institución, sino a un fracaso de la comunidad internacional.

Hoy por hoy, podemos ver cómo la labor de los tribunales ad hoc (para Ruanda y la ex Yugoslavia), importantes antecesores de la CPI, llega a su fin de forma exitosa: el Tribunal para la Antigua Yugoslavia, por ejemplo, logró llevar a la justicia a todos sus acusados y desarrolló importantes criterios jurisprudenciales en la rama del derecho penal internacional. La CPI aún tiene un largo y arduo camino por recorrer, pues apenas ha concluido tres casos; es evidente que esta institución enfrenta un nuevo y complejo contexto internacional que la sitúa en un ámbito en donde, la última palabra respecto a su operación, inherentemente tiene un tinte político.

Por más que las actuaciones de la Corte se basen en un marco legal claro y ex ante facto, su carácter permanente ha causado en parte su politización, sobre todo porque su jurisdicción no se limita a crímenes de una situación específica (como en Ruanda o la Ex Yugoslavia), sino que puede llevar a la justicia a los responsables de crímenes perpetrados en cualquier lugar del mundo, aún tratándose de jefes de Estado y actores no estatales, aunque no sin limitaciones, ya que su jurisdicción no es absoluta. Esto, naturalmente, supone un poder político de gran envergadura, pues el hecho de que la CPI abra una investigación sobre un país implica que sus autoridades nacionales no tuvieron voluntad o capacidad de investigar y enjuiciar a los responsables.

En principio, la CPI únicamente tiene competencia para conocer de crímenes materializados en el territorio o por un nacional de los Estados que hayan ratificado o se hayan adherido al Estatuto de Roma. De forma excepcional, la CPI puede investigar la presunta comisión de crímenes internacionales cuando no se cumplen estos requisitos, esto es, cuando el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le remite estos casos. Por ello, cuando se dice que la CPI tiene un “enfoque selectivo” que prioriza la apertura de sus investigaciones en África, hay que tomar en cuenta que, por más que la fiscal de la CPI quiera investigar lo ocurrido en Siria, Iraq y Corea del Norte, o los posibles crímenes cometidos por el Estado Islámico de Iraq y el Levante (ISIS, por sus siglas en inglés), por nombrar algunos ejemplos actuales, simple y sencillamente no tiene competencia para hacerlo; la tendría si el Consejo de Seguridad le remitiera los casos o, en un mejor escenario, si los Estados involucrados se adhirieran al Estatuto de Roma. Mientras esto no suceda, la responsabilidad de prevenir la impunidad en estos lugares y muchos más, a nivel internacional, únicamente descansa en el Consejo de Seguridad, situación que no cambiará hasta que no se logre la universalidad del Estatuto de Roma.

Otro de los grandes retos de la CPI es la ardua ejecución de las órdenes de arresto emitidas por la fiscalía. Hasta ahora, 11 de estas órdenes continúan sin ejecución, incluida la emitida en contra del presidente de Sudán, Omar Al-Bashir. El mes pasado, en el marco de la celebración de la Cumbre de la Unión Africana, Al-Bashir -fugitivo de la justicia internacional- abandonó el territorio sudafricano aun cuando Sudáfrica es parte del sistema de la CPI y, por ende, se encuentra obligado a cooperar con la Corte. Este incidente dio pie a fuertes críticas en contra del Tribunal. Nuevamente, se trata de críticas que pierden de vista el panorama completo: si las órdenes de arresto no han sido ejecutadas, es debido al incumplimiento de algunos Estados con sus compromisos internacionales. Esto no es un fracaso atribuible a la CPI como institución.

Lo anterior denota un hecho alarmante: la continua falta de cooperación con la Corte, la cual no se limita únicamente a la falta de ejecución de sus órdenes de arresto, sino a la adopción de medidas concretas por parte de los gobiernos y, en algunos casos, incluso falta de cooperación en las investigaciones (este es el caso del gobierno de Sudán, por nombrar uno). El pasado 29 de junio, la propia fiscal del tribunal lamentó, frente al Consejo de Seguridad, que las investigaciones de su oficina en Darfur no hayan podido tener el ritmo que le hubiera gustado, debido a la falta de cooperación del gobierno Sudanés, aun cuando la indagatoria sobre ese país se abrió desde 2005 tras una remisión del propio Consejo (S/RES/1593).

Entonces, ¿qué le debemos a la CPI? El empoderamiento y apoyo que nunca tuvo. La CPI se instituyó “teniendo presente que en este siglo, millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad”1 y “reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad”.2 Por ello, la conmemoración de la justicia internacional debe ser un pretexto para: i) reflexionar sobre el principal motivo detrás del establecimiento de la Corte: el de dar alivio a miles de personas que han sufrido graves abusos contra la dignidad humana y así dejar de ser indiferentes a lo que sucede a nuestro alrededor, además de tener presente que estos crímenes se siguen cometiendo y que debemos actuar hoy para prevenir su futura materialización; y ii) asumir nuestras obligaciones internacionales de lleno y tomar las riendas sobre el futuro de esta institución que, aunque hasta ahora ha tenido efectos disuasivos positivos, requiere de nuestra ayuda, más que nunca, para vencer los ataques políticos a los que se enfrenta.

Aline Cárdenas Solorio. Maestra en Derecho Internacional por The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University.


1 Preámbulo del Estatuto de Roma.

2 Idem.