Hace unas horas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia aprobó, en votación de cuatro votos a favor y uno en contra,1 el proyecto de sentencia del ministro Arturo Zaldívar que resuelve el amparo en revisión 237/2014. El cual fue interpuesto por un grupo de quejosos –agrupados bajo la sociedad civil sin fines de lucro, SMART- en contra de una sentencia de amparo resuelta por un tribunal colegiado que confirmaba la negativa de la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), a otorgar una autorización administrativa a los quejosos para que éstos pudieran consumir personalmente y con fines lúdicos o recreativos el estupefaciente mejor conocido como marihuana.

El proyecto del ministro Zaldívar ha sido comentado en numerosas notas y columnas de opinión en las últimas semanas.2 Incluso, algunos periódicos digitales promovieron debates al respecto.3 Funcionarios públicos federales, como Manuel Mondragón y Kalb y Arturo Escobar, entre otros, se manifestaron públicamente en contra del proyecto y de la legalización de la marihuana. Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática se pronunció en favor del sentido del proyecto, mientras que la dirigencia nacional del PAN reconoció la importancia del debate y propuso llevar el asunto a una consulta pública. El proyecto, sin duda alguna, provocó reacciones de distintos actores y el interés de una parte considerable de la sociedad.

mariguana

Se trata de un proyecto bien estructurado y con una argumentación clara, lógica y detallada. El cual, desde un principio, busca blindarse frente a las críticas que se anticipaban: que la marihuana es adictiva, que provoca el consumo de otras drogas con efectos más graves en la salud, que aumenta los índices de violencia, entre otros. La sentencia es contundente y precisa al contradecir varios de estos prejuicios.

El proyecto también buscó incorporar una buena cantidad de documentos científicos y médicos que describen las propiedades de la marihuana y su efecto en los seres humanos. Sin embargo, como lo señaló Alejandro Hope en su artículo de El Universal, lo característico del debate mediático y político sobre la mariguana ha sido la falta de información sobre el contexto mexicano, pues “no existe una línea base que sirva de parámetro para evaluar la eficacia de las medidas que se aplican o proponen”.

Ahora bien, la sentencia otorgó el amparo a los quejosos; es decir, les permitirá el autoconsumo de marihuana con fines recreativos o lúdicos, una vez que obtengan la licencia administrativa por parte de la COFEPRIS (al respecto, José Roldán Xopa escribió una profunda crítica sobre la necesidad de contar con una licencia administrativa para ejercer un derecho, en este caso el de “libre desarrollo de la personalidad”).

Así, el amparo que recién otorgó la Suprema Corte en este caso tiene unos efectos muy limitados: sólo los quejosos podrán consumir marihuana con fines recreativos. Es decir, no se despenaliza el consumo de la marihuana, ni se permite para usos medicinales y tampoco permite actos de comercio ligados a este estupefaciente. Esto no es en sí mismo un defecto de la sentencia, sino del diseño mismo de nuestro juicio de amparo; en concreto, de que esta figura esté atada al llamado principio de relatividad: en el juicio de amparo únicamente puede resolver aquello que fue solicitado y únicamente para las partes que así lo pidieron.

Pero, a pesar de que el proyecto fue votado a favor por una mayoría contundente de los integrantes de la Primera Sala, algunos ministros realizaron objeciones. El ministro Jorge Pardo se pronunció en contra debido a que encontraba una contradicción en que se permitiera la siembra y el autoconsumo de la marihuana, sin que la compra de la planta fuese legal, puesto que la sentencia excluye expresamente los “actos de comercio”.

Por su parte, el ministro José Ramón Cossío se mostró más crítico con el proyecto. Lamentó, por ejemplo, que no tuviera un enfoque amplio de salud pública. Sobre la metodología del proyecto, criticó que, al colocar el libre desarrollo de la personalidad como premisa mayor de la resolución, se elimina cualquier posibilidad de intervención o regulación del Estado cuando se está frente a una afectación considerada “no tan grave” en la salud de las personas. Dijo que no coincidía con que el Estado renuncie a su facultad de regular el tema de la salud pública simplemente porque una sustancia resulta no “tan dañina”. Lo que sí consideró desproporcionado es acudir al derecho penal para regular el derecho a la salud previsto en la Constitución.

Respecto a los efectos del amparo, Cossío no coincidió en que el proyecto no se refiriera a una alternativa de despenalización general de las conductas relacionadas con la marihuana, pues las autorizaciones administrativas que se expedirán en favor de los quejosos en ningún sentido ayudarían a todos aquellos que realizaron conductas similares o idénticas y que están cumpliendo sentencias. Por ello, vale la pena leer este documento elaborado por el ministro Cossío, donde explica a detalle sus críticas a las consideraciones del proyecto finalmente aprobado y que ofrecen elementos interesantes para continuar el debate.

Lo cierto, sin embargo, es que la sentencia de la Primera Sala es sólo un primer paso hacia la posible –quizás inevitable- despenalización de la marihuana; lo que es evidente es que debe ser un asunto de Estado, en el que intervengan los tres poderes para realizar una efectiva política pública y revestir la decisión de mayor legitimidad democrática. Pues si bien la decisión de los cinco ministros es un avance crucial para derribar prejuicios y para poner el tema de la legalización en el corazón de la discusión pública, ahora debiese seguir un debate democrático en los órganos legislativos del país. Esperemos que estén a la altura de lo discutido el día de hoy.

Juan I. Zavala. Estudiante de la licenciatura en Derecho en el ITAM. Twitter: @jzavalagt


1 Los ministros Cossio, Sánchez Cordero, Gutiérrez Ortiz Mena y Zaldívar votaron a favor; Jorge Pardo votó en contra.

2 En este mismo blog, Karen Silva publicó al respecto; en Milenio, Carlos Puig, Jorge Castañeda, Juan Ignacio Zavala y otros también lo hicieron; en Reforma, Denise Dresser, Genaro Lozano y Germán Martinez  escribieron comentando el proyecto de Arturo Zaldívar, así como Carlos Elizondo, quien publicó en Excélsior sobre el mismo tema.

3 Milenio, en su Tribuna de la semana pasada, discutió el proyecto de Zaldívar.