El proceso de nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia se desenvuelve en dos mundos paralelos. El primero busca cumplir con los estándares propios de estos procesos: propuestas, entrevistas, discusión, votación, aprobación y designación. El segundo, sin ser ilegal, escapa al ojo público: relaciones políticas, cabildeo, negociación, consenso y designación. Ambos mundos son inseparables. Lo irónico es que con ambos se cumple y anula, al mismo tiempo, las exigencias de un nombramiento transparente. La sociedad civil que sólo conoce el primer mundo, al ver los resultados finales, percibe la sensación de un engaño similar al que se siente cuando se juega el “dónde quedó la bolita”.

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En este sentido, hace algunos años, Ronald Dworkin publicó en Proceedings of the british academy un artículo sobre este tema, cuyo título resulta por demás esclarecedor: Political judges and the rule of law. Palabras más, palabras menos en este texto, Dworkin afirma que es por demás relevante atender las preferencias políticas de los juzgadores. En efecto, como lo han demostrado diversos autores, como por ejemplo Habermas o Nino, la conexión entre política y derecho es ineludible. Y es muy fuerte precisamente en casos como la designación de un juez constitucional. Pero invisibilizar esta situación resulta perjudicial. Se visualiza y se colocan los reflectores en el ritual pero poco se atiende las acciones políticas. La invisibilización desde luego tiene una justificación: está tan desacreditado el hecho de que un ministro llegue a través de acciones políticas que se opta por ocultar dichas acciones. Semejante a una sociedad conservadora en la cual se prohíbe el beso, y aunque todo mundo se sigue besando, jurídicamente esa situación es inexistente.

Algo que se ha demostrado en los recientes años, es que en todos los países (incluido desde luego México) la designación de los ministros lleva una serie de conductas de índole política.1 Esto significa que el aspirante a ministro o tiene preferencia por un partido político, o esta respaldado por un grupo político o cuando menos tiene que hacer cabildeo con políticos que lo defenderán y votarán por él en la designación. Y esto no es reprochable, al contrario, alguien con la aspiración de ser ministro es un político en los términos aristotélicos. Ser ministro, véasele por donde se le vea, exige cierta disposición a la política. De no ser así se trataría de un lobo estepario, un anacoreta o ermitaño.

Lo perjudicial, entonces, para la designación de un ministro no es que el aspirante tenga esa serie de acciones políticas. Lo perjudicial y reprochable es que no se transparenten dichas acciones. Bajo la idea de razonabilidad, no se podría objetar que un aspirante tuviese acercamiento con un grupo político. Lo reprochable es que no se haga público ese acercamiento. Es decir, el cabildeo no es criticable. Lo que sí lo es, es el ocultamiento de los alcances de tal cabildeo. Por ello, una de las preguntas claves dentro del proceso de entrevistas que se realizaron a los aspirantes hubiese sido la siguiente: ¿Cuáles son sus preferencias políticas?

La respuesta movería intensamente las ya de por sí arenas movedizas de la sociedad civil. Si la respuesta niega las preferencias políticas estaríamos ante un hipócrita. Pero si en la respuesta acepta dichas preferencias estaríamos ante un cínico. Ambas igual de detestables en un Estado democrático de derecho. Sin embargo, en un Estado democrático en formación no hay otra salida: preferible el cinismo que la hipocresía.

El derecho no está reñido con la política. La historia de esta conexión es ilustrativa: sagacidad, estrategia y habilidades tejen dicha conexión para que no desaparezca y siempre con la constante de ocultar la relación. Se crea, entonces, una ilusión que al final termina convenciendo. Pero no hay que cambiar la relación, más bien hay que cambiar la forma de hacer política. Una política transparente. Una sana preferencia política que no está peleada ni con la democracia y mucho menos con el Estado democrático de derecho.

Rodolfo Moreno Cruz. Profesor en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Twitter: @rodolfomoreno_o

 


1 Vid el artículo de Antonio Rovira, Constitución y cambio  en  la revista  Claves de Razón Práctica nº 241; también el libro de Richard A. Posner Cómo deciden los jueces, Marcial Pons, 2011.