El pasado 3 de diciembre, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó un paquete de enmiendas constitucionales1 promovidas por el partido oficialista Alianza País, con el respaldo de la Corte Constitucional. Entre los cambios más importantes se encuentran, por un lado, la proclamación de la comunicación como un servicio público, interpretada por algunos como una estrategia del gobierno para aumentar su control sobre los medios de comunicación (art. 384) y, por otro, la declaración como misión complementaria de las fuerzas armadas de apoyar en la “seguridad integral” del Estado (art. 158) que regulariza post factum la presencia del ejército en las calles de ese país.

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Sin embargo, la enmienda que mayor atención ha recibido entre la opinión pública es la aprobación de la reelección indefinida de todos los cargos de elección popular, incluyendo el de presidente de la República (art. 114).2 Con dicha modificación, Ecuador se suma a aquellos países latinoamericanos que, en los últimos años, han eliminado las restricciones a la reelección mediante modificaciones constitucionales, con las cuales varios presidentes han podido conservar su silla durante varios mandatos consecutivos o incluso de manera vitalicia.

No obstante las críticas que acompañaron por más de un año a tales propuestas, la Corte Constitucional de Ecuador avaló que la Asamblea Nacional modificara la Constitución mediante el procedimiento de enmiendas. Es necesario recordar que, desde 2008, en Ecuador existen tres maneras (que difieren en grado de rigidez) para modificar la Constitución –la asamblea constituyente, la reformas parciales y las enmiendas – y que corresponde a la Corte Constitucional determinar el procedimiento a seguir en cada caso.3 De los tres, el de las enmiendas es el proceso menos difícil para modificar el texto constitucional. A diferencia de las reformas parciales, las cuales necesitan ser aprobadas en sede parlamentaria y mediante referéndum popular, las enmiendas constitucionales sólo requieren el respaldo de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional, mayoría con la que –por cierto– cuenta el partido fundado por actual presidente de Ecuador, Rafael Correa.

Sin embargo, considero que la decisión de la Corte Constitucional de Ecuador ha sido equivocada. Las modificaciones a la Constitución debieron seguir el procedimiento de reformas parciales y no el de las enmiendas. A pesar de que resulta altamente resbaladizo establecer una diferencia neta entre ambas, el texto constitucional es claro cuando señala que las enmiendas constitucionales en ningún caso deben alterar la estructura fundamental del Estado, o su carácter y elementos constitutivos, ni establecer restricciones a los derechos y garantías de los ciudadanos.

No obstante, el contendido de las modificaciones constitucionales aprobadas sí tienen un impacto directo en el goce y ejercicio de las libertades y derechos de los ciudadanos: de la libertad de expresión en el caso de la reforma a los medios de comunicación y de la seguridad personal por lo que hace a las tareas del ejército, por poner ejemplo. Además de que, contrario a lo sostenido por la Corte constitucional, la aprobación de la reelección indefinida para todos los cargos de elección popular constituye una alteración, en sentido negativo, a los elementos constitutivos del Estado, en específico, a su carácter democrático (art. 1).

Si bien la reelección no es en sí misma una medida antidemocrática –pues ésta permite a los ciudadanos “premiar” o “castigar” el desempeño de sus representantes mediante su voto– sí lo es el cambio de reglas a mitad del juego para beneficiar directamente a los gobernantes en turno. Este ha sido el caso de Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez (2009), de Evo Morales en Bolivia (2013) y del actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien gracias a una reforma constitucional de 2014 podrá contender por tercera vez consecutiva en los comicios de este año.

Pero además, la reelección también se convierte en una perversión a la democracia cuando carece de limitaciones temporales, como en el caso ecuatoriano, ya que dificulta la rotación y renovación en el poder de las clases políticas. A pesar de que la posibilidad de la reelección indefinida entrará en vigor en Ecuador hasta mayo de 2017, lo cual imposibilita a Rafael Correa para postularse como candidato a la presidencia por cuarta vez consecutiva, ello no excluye que Correa y el resto de los gobernantes en turno opten por otro cargo en los comicios de febrero del siguiente año.

Una vez más, como en 2011,4 la Corte vende gato por liebre al pueblo ecuatoriano, disfrazando modificaciones constitucionales de gran calado con la etiqueta de “enmiendas”.

Guadalupe Salmorán. Licenciada en Derecho por la UNAM y doctoranda en Teoría Política en la Universidad de Turín, Italia.


1 Registro oficial no. SAN-2015-2378 del 18 de diciembre de 2015.

2 Con dichas enmiendas, además, i) se elimina el plazo de ocho años para regular la conformación de las regiones autónomas (transitoria primera, numeral 9); ii) se determina como competencia exclusiva del Estado central (y no de los municipios) emitir políticas sobre educación, salud, seguridad social y vivienda (arts. 261 y 264); iii) se corrige un error gramatical que sustituye la palabra “provisional” por la de “previsional” para referirse a los recursos que administra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (art. 372); iv) se elimina la atribución de la Contraloría General de controlar “la consecución de los objetivos institucionales del Estado” (arts. 211 y 212); v) se reconoce el deber del Estado el pago de las pensiones de retiro a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (art. 370); vi) se establece que los trabajadores del sector público estarán bajo el régimen de la Ley Orgánica del Servicio Público(y ya no bajo el Código de Trabajo). Sin embargo, no se incluye su derecho a la contratación colectiva (arts. 229 y 326); vii) se delimita que los gobiernos autónomos descentralizados puedan promover consultas populares exclusivamente sobre temas de su competencia (art. 104); viii) se reduce de 35 a 30 años la edad para postularse como candidato a presidente de la república (art. 142).

3 Ver los artículos 441-444 de la constitución de Ecuador.

4 Me refiero al conjunto de “enmiendas” promovidas por Rafael Correa y aprobadas por referéndum popular (sin discusión parlamentaria previa) sobre diversos artículos de la constitución en materias como: (i) la caducidad de la prisión preventiva, (ii) medidas sustitutivas a la privación de la libertad, (iii) sustitución del pleno de la judicatura por un <<órgano transitorio>> para reformar la función judicial. Pero también modificar diversas normas ordinarias en materia penal, sobre (vi) prohibir los juegos de azar (como casinos y salas de juego), (vii) tipificar como delitos el enriquecimiento privado no justificado y la no afiliación a la seguridad social por parte de los empleadores y, por último (viii) regular los contenidos en los medios de comunicación. Primer suplemento del Registro Oficial Nº 490 del 13 de julio de 2011.