Parte del discurso político y jurídico mexicano de los últimos años sobre la lucha por los derechos humanos se centra sobre modelos de exigencia jurisdiccional reflejando la experiencia política de los Estados Unidos en el siglo XX. Para un sector de los intelectuales y abogados, el creciente papel de la Suprema Corte de Justicia como garante de los derechos es un paradigma por momentos sagrado al grado de erigirse en axioma político. En ese espacio valorativo las implicaciones problemáticas del ejercicio jurisdiccional en el ámbito de la política democrática suelen dejarse de lado con un condescendiente los derechos humanos no son opinables.  Como operadores jurídicos, la realidad política concreta, con sus dilemas de operación y sus discordantes notas de opiniones discordantes, son elementos para barrer debajo de la alfombra o hechos de los que somos totalmente ajenos por lo concentrado que estamos en la lectura de expedientes, códigos o tratados doctrinales.

derechos

Sin embargo, el problema no es que luchas ideológicas lleguen por fin al espacio del derecho, tan reacio a los cambios al grado que argumentaciones sobre la naturaleza jurídica de la institución sean aún argumentos validos y con peso retórico. El problema es que el espejismo del litigio estratégico y el cambio normativo no nos abandona. Es mucho más sencillo obligar a una elite política que se divide ante una actitud pusilánime frente al poder normativo de las Cortes o el cinismo de expedir nuevas normas de talante progresista, que hacer valer el mandato de las urnas para realizar cambios de fondo. O tal vez me equivoque, y los operadores de este cambio de paradigma no tienen ni tuvieron nunca en mente emprender la difícil e ingrata tarea de convencer a la sociedad de las bondades de su programa.

Lo que está ausente de varios debates jurídico-políticos contemporáneos en México es la fundamentación democrática de nuestras instituciones. Para la derecha conservadora o el liberalismo puro esta situación no es ningún problema, sus justificaciones del orden político son otras. El problema es de la izquierda liberal mexicana que ha abandonado cualquier pretensión democrática, bajo el pretexto de ser moderna y no populista. Las preguntas para esa izquierda son sencillas. En esta lucha por el derecho, ¿dónde queda la discusión política que dé cabida al pluralismo ético? ¿Cómo es posible que los avances en materia de derechos de reconocimiento de la diversidad sean profusamente aplaudidos por vía jurisdiccional, mientras que el progresivo desmantelamiento de los derechos de los trabajadores por la misma vía no merezca ni una mención?

Hay quien habla de la manía de hacer explicitas las cosas en la Constitución y del gran avance normativo a través de las decisiones jurisdiccionales. Sin embargo, esa manía de plasmar en la Constitución derechos ganados con acciones no muy corteses de obreros, campesinos, indígenas, mujeres y estudiantes habla de otro tipo de derecho. Un derecho que se impuso sobre las construcciones teóricas y las convicciones políticas de jueces y abogados. Ese impulso colectivo que, en forma no pocas veces contradictoria, se expresa en los movimientos sociales y las insurgencias electorales, no casa muy bien con la tradición liberal que pretende tomar el derecho por asalto.

No faltará quien diga que pugnar por el reconocimiento de derechos a través de las vías democráticas es una tarea imposible en un país conservador como México. Sin embargo, existen ejemplos contemporáneos de que esto es posible, incluso en una sociedad tan católica como la nuestra, por ejemplo Irlanda. Tal vez no estaría de más que la izquierda contemporánea recordara que los derechos laborales e incluso el voto universal no fueron concesiones de las cortes, sino batallas políticas logradas a través de la organización, la educación y la movilización. Claro, es un trabajo más difícil y exige una agenda más amplia que la de los derechos individuales, pero esos puntos de táctica y estrategia van más allá de la simple construcción normativa y topan con la pared de una realidad resistente al derecho.

Más allá de la controversia suscitada respecto la iniciativa presidencial sobre matrimonio gay, habría que preguntarnos si elevar el tema del matrimonio igualitario a la discusión política no es una oportunidad para emprender algo que debimos hacer desde hace años. Es momento de arrebatar las tablas de la ley a los juristas y a las Cortes, y devolverlas a la ciudadanía. No sea que al final del camino, en una extraña contradicción performativa, nos descubramos incapaces de sostener el discurso a favor de la igualdad y la inclusión y prefiramos la tiranía de la interpretación de las Cortes.

Jorge Iván Puma Crespo. Licenciado en derecho y licenciado en ciencia política y relaciones internacionales.