Ruth Bader Ginsburg, justice de la Corte Suprema de Estados Unidos desde 1993, famosa por ser una de las principales abanderadas del ala liberal de ese tribunal y de acompañamiento eminentemente demócrata, sorprendió a la prensa estadunidense el pasado viernes 8 de julio al referirse con las siguientes palabras sobre Donald Trump, cuya confirmación como candidato presidencial del partido republicano es cuestión de tiempo: “No puedo imaginarme lo que este lugar sería, no puedo imaginar lo que sería este país con Donald Trump como nuestro presidente. Para el país, serían cuatro años. Para esta Suprema Corte sería… no quiero ni contemplar eso. Es tiempo de que nos mudemos a Nueva Zelanda.”

jueces

Donald Trump, como se ha venido comportando a lo largo de su campaña, respondió en su cuenta de Twitter: “La jueza Ginsburg, de la Corte Suprema, ha avergonzado a todos con sus muy tontas declaraciones políticas sobre mí. Su mente está disparatada, ¡renuncie!”.

Ginsburg replicó: “Es un falsificador. No es congruente consigo mismo. Dice lo primero que le viene a la cabeza.” A lo cual, Trump sentenció: “Creo que es altamente inapropiado que una jueza de la Corte Suprema se involucre es una campaña política. Es una desgracia para la Corte y creo que le debe una disculpa a la Corte, no pude siquiera creerlo cuando lo supe”.1

La prensa estadunidense ha dado amplio y constante seguimiento a la disputa entre ambos actores públicos, entre ellos, especialmente los diarios nacionales Washington Posty el New York Times. Este último, publicó este miércoles una editorial en la cual afirma que Donald Trump tiene razón respecto de las declaraciones de la justice Ginsburg, y que esta última debería detener el fuego cruzado.2

La pregunta obligada ante estas circunstancias es obvia, ¿quién hizo mal? Por un lado, la justice Ginsburg, como integrante de un tribunal que durante siglos ha sido considerado como árbitro de la contienda y aislado de la política ordinaria es acusada de inmiscuirse en temas que no corresponden con su función constitucional. Por otro lado, Donald Trump, responde desde la arena de la política ordinaria, acusa a la jueza y, desde su ya infame actitud, le exige su renuncia.

Mi respuesta es, nadie. No me parece que haya alguien excediendo sus facultades constitucionales, ni alguien inmiscuyéndose en temas que no le corresponden. Me parece que la lectura que ha hecho la prensa estadunidense, particularmente la editorial del New York Times es comprensible, mas no justificada. De hecho, detrás de esta situación me parece que es posible encontrar una definición de lo que es el derecho y la política y de cómo deberían relacionarse.

A lo largo de los siglos ha venido construyéndose una suerte de teoría de la función judicial en la cual se afirma una separación tajante entre los temas que se ventilan en los tribunales y otros que se discuten en las campañas y en las urnas. Sobre unos puede opinar cualquier persona, sobre otros sólo unos cuantos. Alexander Hamilton, por ejemplo, en El Federalista no. 78 afirma que el poder judicial es “la rama menos peligrosa del gobierno”, en virtud de que no puede tomar ninguna decisión activa al no poseer fuerza ni voluntad. En tal situación, el poder judicial nunca podrá contender en afrenta alguna en contra de los poderes ejecutivo o legislativo, pues su aislamiento con relación a estos protege la libertad del pueblo.3

Desde entonces, el argumento de los federalistas se ha propagado bajo la lógica de derecho y política, si bien están relacionados en algún sentido, obedecen a racionalidades distintas. Es decir, los jueces, quienes interpretan el derecho, tienen a su encargo una labor técnica y profesional, una labor digna de quienes han estudiado una carrera como jurista y que, en su labor diaria, utilizan razones jurídicas apegadas a la lógica y razón. Por el contrario, los políticos, desde su cercanía con el pueblo, utilizan razones opuestas a las descritas, pues su labor es popular y en la arena de la política, por ejemplo las discusiones parlamentarias utilizan cualquier tipo de razones no necesariamente jurídicas. En suma, el derecho es raciocinio y la política es decisionismo.

Bajo esta tesitura se ha creado una especie de corrección política tradicional desde la cual es casi unánimemente aceptado que los jueces no deben inmiscuirse en la política. En este sentido, se ha convertido en un tabú los guiños de los jueces a la arena política, y hablar de ese tabú implica tocar un tema sensible que hace crispar hasta al más intachable de los jueces. No obstante, insisto, detrás de todo esto, me parece que hay una lectura errónea de cómo se relaciona la política y el derecho.4 Una lectura bajo la cual se ignora que los valores que los jueces tienden a priorizar son los mismos que un político liberal o conservador puede sopesar desde su cargo. Por supuesto que un juez liberal priorizará unos valores sobre otros cuando se enfrente a un caso difícil; sin embargo, esas mismas disyuntivas son las que todos los días se resuelven desde las cámaras representativas y en el poder ejecutivo. Son las mismas decisiones que nosotros como ciudadanos tomamos cuando hay que decidir por contraer matrimonio o permanecer en unión libre. Valores al fin.

Las personas comulgan con la visión de algunos jueces, pero desdeñan la visión de otros, igual que lo hacen respecto de ciertos partidos políticos. La lectura de la polémica Ginsburg-Trump me parece que sería muy diferente si dejamos de pensar que la política es ajena a quienes hacen derecho, como si los jueces estuvieran blindados de aquella o, como aduce Hamilton, aislados del resto de los poderes.

En principio, existen jueces con cierta visión de los derechos y las cláusulas constitucionales porque el pueblo ha elegido a los políticos que los han nominado y ratificado para el cargo. En Estados Unidos hay candidatos presidenciales que abiertamente han prometido nominar jueces cuya lectura de la Constitución sea restrictiva, así llegó al asiento Antonin Scalia. La lección me parece sencilla pero trascendente: la designación de un juez es, como cualquier otra decisión, una cuestión de política.

Los jueces opinan todos los días sobre política, lo hacen en sus sentencias y en su vida personal. Los jueces son ciudadanos y, como tales, también votan y deliberan sobre temas públicos. Es evidente que Ginsburg no puede tener un reproche por parte del Estado por lo que ha dicho, es decir, no puede retirársele de su cargo por ello. Lo importante es determinar si existe un reproche moral, en este caso un reproche ciudadano derivado del desacatamiento de una norma de corrección política.

La lección que de esta situación se desprende no es para nada menor. Un juez de la Corte Suprema, sea estadunidense o mexicana, opinando sobre política significa un ejercicio sano de la vida en democracia. Es un ejercicio que nos permite saber con qué valores comulgamos y con cuáles no. Y nos permite saber quiénes de nuestros representantes populares y los jueces que ellos eligen ostentan los valores que queremos para nuestra sociedad.

Es una lástima que los jueces se abstengan con tanta frecuencia de opinar sobre cuestiones de política electoral, en un ejercicio de transparencia, ello nos permitiría conocer quiénes son y qué piensan las personas que desde su toga deciden el presente del país.

“Está politizado el tema”, dirán muchos. Concibiendo con ello que la política contamina todo lo que toca. ¿Tiene algo de malo que dos políticos disientan sobre temas públicos? Hasta donde sé, de eso se trata la democracia.

Juan Luis Hernández Macías. Colaborador en la ponencia del Ministro Gutiérrez Ortiz Mena en la Suprema Corte de Justicia. Tesista por la Universidad de Guanajuato. Twitter: @JuLuisHM. Correo electrónico: jlhernandezmacias@gmail.com


1 Todas las traducciones son mías.

2 Es necesario también aclarar que esta controversia ha surgido en un contexto en el cual el Senado con mayoría republicana en ese país se ha negado a darle audiencia al juez Merrick Garland, nominado por el presidente Obama a la Suprema Corte tras la muerte del justice Antonin Scalia. La jueza Ginsburg ha dicho que el Senado está fallando en hacer su trabajo y que no hay ninguna cláusula constitucional que diga que el presidente deja de serlo en su último año de gobierno.

3 Hamilton, A. et al., El Federalista, 2a. ed., trad. de Gustavo R. Velasco, México, FCE, 2001, pp. 330-331.

4 Post, Robert, “Theorizing Disagreement: Reconceiving the Relationship Between Law and Politics”, California Law Review, vol. 98, núm. 4, 2010, pp. 1319-1350.