Imaginemos un juego de fútbol sin porterías, o una carrera de coches sin meta. Supuestos, a todas luces, extraños, un tanto absurdos, por desmerecer el sentido y la esencia de tales fenómenos. En el primer caso, al momento en que los futbolistas se enfrenten entre sí, sin tener noción alguna de los criterios para triunfar o perder en la contienda, estos quedarán al absoluto arbitrio de sus voluntades para valorar sus actuaciones. En la segunda hipótesis, cuando los vehículos en disputa no pueden distinguir el final del trayecto, la competencia deja de ser competencia por su carácter imperecedero. Al carecer de una línea de llegada, quienes manejan los coches están en posibilidad de utilizar cualquier tipo de habilidades con el fin de concluir su actividad.

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Utilizamos este par de ejemplos, a manera de metáforas, para enfatizar la función medular que ejerce el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el actual panorama jurídico-político en México. Si bien en el juego electoral participan distintas autoridades —la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Instituto Nacional Electoral, las autoridades electorales locales—, el TEPJF es mucho más que un mero árbitro que vigila la aplicación de reglas del juego, mucho más que un órgano que fija parámetros para encauzar el buen desarrollo de determinados procesos.

En un país en el que la desconfianza es constante y la certidumbre excepción, el TEPJF no solo se encarga de poner punto final a los comicios que determinan el rumbo político de México cada mandato. Por la complejidad de nuestro sistema normativo, el TEPJF tiene la delicada labor de dotar de sentido a un sistema electoral que ahora es federal, local y concurrente. Debe, pues, armonizar y ensamblar las diferentes piezas del andamiaje institucional, para reflejar y proteger las decisiones populares, para garantizar los derechos político-electorales de los involucrados pero, también, para contribuir a la consolidación democrática de nuestra cultura jurídica.

En días pasados, la SCJN envió al Senado de la República siete ternas para integrar el órgano que está encargado de resolver, en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones de prácticamente todas las elecciones federales y locales de nuestro país. Nos referimos, por supuesto, a la Sala Superior del TEPJF.

De 21 personas propuestas, durante las próximas semanas, solo siete serán designados para ocupar el cargo de magistrados electorales. La gran responsabilidad que recae sobre este encargo radica, más allá de fungir como piezas claves en la institucionalización democrática del país, en brindar certeza y confianza a la ciudadanía. Por eso debe garantizarse que las decisiones que emitan los futuros integrantes de Sala Superior no tengan más parámetro que lo dispuesto en la Constitución y la ley. Por eso es indispensable que los designados no respondan a actores, públicos o privados, que buscan tener una influencia indebida en las elecciones.

Para bien y para mal, al día de hoy el resultado final de una elección no solo depende de las urnas. Pensemos, simplemente, en la posibilidad de anular elecciones, o bien, de decretar un cambio de ganador mediante la anulación de casillas. La importancia de la independencia judicial es directamente proporcional al poder de los jueces, y quizá lo es más en la arena electoral, en ese ámbito donde la política suele diluirse con el derecho.

La designación de los magistrados electorales es importante, además, por la forma en que ha funcionado la justicia electoral durante los últimos años. A lo largo de su actual integración, la Sala Superior ha dictado una serie de sentencias que no sólo resultan cuestionables en términos técnicos, sino que además han tenido el efecto de poner en jaque el funcionamiento de algunas piezas del sistema electoral. Así ha quedado documentado en diversos trabajos académicos, entre los que se encuentran Democracia sin garantes: las autoridades electorales vs. la reforma electoral (2009) y La (in)justicia electoral a examen (2016).

En general, parece que la Sala Superior no ha construido una línea jurisprudencial coherente y acorde con su papel de máxima autoridad en materia electoral. Si bien se puede celebrar el sentido de muchas determinaciones del TEPJF —pensemos, para no ir más lejos, en los asuntos relacionados con la paridad de género— lo cierto es que incluso en algunas de estas sentencias se advierte una falta de claridad y calidad argumentativa. Hace falta, pues, construir una justicia electoral más consistente y cercana la ciudadanía; una justicia electoral que brinde certeza y confianza.

Por eso creemos que el Senado tiene en sus manos la oportunidad de abrir una nueva etapa para la justicia electoral. Por la manera en que fueron conformadas las ternas, parecería que la Suprema Corte apostó por garantizar cierto grado de diversidad. Tendremos, pues, magistradas y magistrados electorales con trayectorias profesionales diversas. Falta, sin embargo, lo más importante: garantizar que a la Sala Superior lleguen perfiles sólidos en lo técnico, independientes en lo político y, sobre todo, con madera de jueces constitucionales.

No es poco lo que está en juego. Las elecciones de 2018 están a la vuelta de la esquina y, como muchos han apuntado, muy probablemente sean las más complejas de la historia de la democracia mexicana. Por eso resulta indispensable que, en este contexto, la Sala Superior aporte a la certeza de las elecciones mediante el dictado de sentencias claras, consistentes y socialmente útiles. A nadie le conviene que las elecciones de 2018 se asemejen a un partido sin portería, a una carrera sin meta.

Juan Jesús Garza Onofre. Abogado por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Actualmente realiza estudios doctorales por la Universidad Carlos III de Madrid. Twitter: @garza_onofre.

Javier Martín Reyes. Abogado por la UNAM y politólogo por el CIDE. Actualmente realiza estudios doctorales en la Universidad de Columbia. Twitter: @jmartinreyes