El jueves pasado la Comisión de Justicia del Senado de la República desahogó el segundo día de comparecencias de los aspirantes a integrar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Por la mañana comparecieron las integrantes de la segunda terna, una de las dos conformadas exclusivamente por mujeres.

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En primer lugar habría que destacar el formato de las comparecencias: una exposición inicial de los aspirantes en el que justifican su idoneidad para ocupar el cargo, el contenido de los ensayos presentados y el papel que piensan desempeñar en caso de llegar a ocupar la magistratura. Posteriormente, se realizan siete rondas de preguntas, entre las que se incluyen las elaboradas por la sociedad civil. La duración de cada comparecencia oscila entre 1:30 y 2 horas, tiempo suficiente para hacer un escrutinio minucioso sobre el conocimiento que cada aspirante tienen en materia electoral, su criterio jurídico y su visión general sobre la justicia electoral y el sistema electoral mexicano.

Desafortunadamente, en las comparecencias hasta ahora realizadas no se ha aprovechado el formato para conocer el criterio jurídico de los aspirantes, ni su visión sobre la justicia electoral, ello en buena medida se debe a la baja calidad de las preguntas que realizan los senadores, mismas que se centran en temas que no son propios de las funciones y atribuciones que desempeña quienes ocupan una magistratura en la Sala Superior. Por ejemplo, en numerosas ocasiones les han cuestionado sobre delitos electorales, otras veces los temas han sido sumamente repetitivos, equidad de género y candidaturas independientes han ocupado la mayor parte de la discusión e, inclusive, se han aprovechado las preguntas para exponer situaciones personales ocurridas en campaña y en las que la justicia electoral no falló de manera favorable.

Los comparecientes tampoco han contribuido al escrutinio necesario para conocer cada perfil, ya que en algunos casos las respuestas son vagas y genéricas, aunado a que la crítica al desempeño de la actual integración de la Sala Superior ha sido mínima, ello a pesar de que los senadores han enfatizado sobre los constantes cambios de criterios.

En ese sentido, nos gustaría que se presentaran preguntas más puntuales que permitan conocer el criterio jurídico de quienes aspiran a integrar la Sala Superior, e inclusive conocer su visión sobre el balance de la justicia electoral en los últimos 10 años, los retos que tienen hacia los próximos nueve (que será cuando se renueve totalmente la integración que ahora se designe), además de identificar las fortalezas y debilidades de las dos integraciones anteriores.

En cuanto a la terna integrada por Claudia Mavel Curiel, Silvia Gabriela Ortiz Rascón y Mónica Aralí Soto Fregoso, podemos destacar que todas cuentan con una amplia experiencia en órganos jurisdiccionales, incluyendo los electorales. Claudia Mavel tiene estudios de doctorado, desde 1992 ha ocupado distintos cargos en el Poder Judicial de la Federación, siendo designada en 2009 como Jueza de Distrito y, en 2013, Magistrada de Circuito. Silvia Gabriela Ortiz, es licenciada en Derecho, nunca ha sido jueza, pero ha ocupado diferentes cargos en el TEPJF, entre ellos Secretaria General de Acuerdos, actualmente es Secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Mónica Soto tiene una maestría y 22 años de experiencia en la materia electoral, de 1994 a 2007 trabajó en el IFE y desde ese año ha sido juzgadora electoral a nivel local y en la Sala Regional Guadalajara.

En la comparecencia, Claudia Mavel Curiel dejó ver que estudió de manera muy minuciosa las sentencias que le sirvieron de base para elaborar sus ensayos, pues habló clara y ampliamente sobre candidaturas independientes y los tweets difundidos durante la veda electoral a favor del Partido Verde Ecologista de México, pero también se percibió que a pesar de haber sido Secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior en la integración que concluyó en 2006, desconoce los criterios de la actual integración, ya que cuando se le preguntó sobre casos relevantes y polémicos resueltos en últimas fechas, no pudo hacer referencia a ninguno en concreto, respondiendo de manera genérica y vaga.

Silvia Gabriela Ortiz Rascón fue cuestionada sobre temas de género, representación proporcional, elecciones bajo sistemas normativos internos, diseño de distritos electorales y designación de integrantes de los organismos públicos locales. En la mayoría de sus respuestas demostró que tenía un amplio dominio y conocimiento sobre los temas, explicó detalladamente los procesos para la asignación por el principio de representación proporcional, el proceso de diseño de los distritos electorales, así como las responsabilidades de los consejeros electorales locales. Lamentablemente poco pudimos conocer sobre su criterio jurídico, ya que sus respuestas se limitaron a ser descriptivas del contenido de la ley y poco profundas en cuanto a su posición sobre el tema cuestionado. El único momento en que Silvia Gabriela Ortiz fue crítica respecto de los criterios de la Sala Superior fue cuando señalaba que alguno de ellos se contraponían con los de la SCJN –lo cual, en sentido estricto, es también una mera descripción.

Fue la única aspirante a la que se le cuestionó sobre el desempeño de sus cargos anteriores, concretamente sobre su salida como Secretaria General de Acuerdos de la Sala Superior en 2007, cuya respuesta fue que se debió al cambio de la presidencia, pues ella fue designada por el Magistrado Flavio Galván Rivera y en ese año la presidencia la asumió la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa; no obstante, enfatizó que su conducta y desempeño siempre ha sido intachable.

Finalmente, Mónica Aralí Soto comenzó su comparecencia destacando sus logros como Presidenta de la Sala Regional Guadalajara, los cuales dejó ver como propios y no institucionales, señaló que instituyó las audiencias virtuales. Los senadores le hicieron diversas preguntas sobre temas de género, las cuales le permitieron explayarse ya que es uno de las banderas que ha adoptado como magistrada.

Llamó la atención que Mónica Soto señaló estar en desacuerdo con que los jueces modifiquen la legislación “a punta de sentencias”; sin embargo, cuando se le cuestionó sobre los criterios de la Sala Superior para ampliar la procedencia del recurso de reconsideración y crear de facto una segunda instancia electoral, manifestó estar de acuerdo con que a partir de jurisprudencias se establecieran nuevos supuestos de procedencia del llamado REC.

En el balance, las comparecientes mostraron conocer la materia electoral, aunque fueron demasiado cuidadosas en sus exposiciones a efecto de no comprometer su criterio, evitaron en la medida de lo posible la critica hacia la Sala Superior y poco dejaron ver sobre su visión de la justicia electoral a futuro.

Strategia electoral. Equipo de observación electoral. Twitter: @eleccionesymas