El pasado 12 de octubre, el diputado Víctor Hugo Romo anunció el inicio de una serie de sesiones públicas en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (ALCM) para discutir la posible regulación del trabajo sexual en la capital desde un enfoque de derechos humanos y seguridad.1 El diputado invitó a los actores interesados en el tema a participar en el debate público. A propósito de esta invitación, aprovecho para hablar sobre política y derecho en el contexto de la prostitución desde el feminismo crítico.2

La política

prostitucion

En los últimos años, los grupos feministas se han posicionado respecto de la prostitución y han intentado avanzar distintos esquemas de regulación. En general, y a riesgo de sobre-simplificar, hay dos grupos en disputa en los debates sobre prostitución en el ámbito global.3

Por un lado, están las feministas neo-reglamentaristas y los grupos de trabajadoras sexuales organizadas, quienes consideran que la prostitución voluntaria debe ser regulada como trabajo. Así, el Estado debe reglamentar la prostitución como haría con cualquier otra profesión. Dentro de este grupo, hay distintas posturas sobre qué tanto el Estado puede imponer controles sobre el ejercicio de la prostitución. Y es que los controles pueden ir desde el registro de trabajadoras sexuales o la certificación de éstas, hasta la vigilancia médica obligatoria. En contraste, respecto de la prostitución forzada, este grupo sostiene que el Estado tiene la obligación de perseguir a los terceros que se beneficien de esta actividad y proteger a las víctimas actuales y potenciales del delito.

En general, la ideología subyacente en esta postura es liberal. La voluntad de la persona define el tipo de intervención del Estado, es decir, si éste debe permitir o prohibir la prostitución. El argumento va así: como el ejercicio de la prostitución voluntaria no genera daño a terceros, el Estado debe abstenerse de intervenir en la esfera privada –dentro de la que se ejerce la sexualidad. De hecho, la presencia de vicios de la voluntad y en última instancia el daño que resiente la persona coaccionada justifican la intervención del Estado en el caso de la prostitución forzada.

Por otro lado, están las feministas abolicionistas –a cuyo grupo se han sumado, con más o menos legitimidad, grupos cristianos conservadores.4 Para este grupo, la prostitución necesariamente entraña explotación sexual y una violación a los derechos humanos de las personas prostituidas. Por ello, su argumento es que el Estado debe abolir la práctica. Nunca reglamentarla.5 En este sentido, las abolicionistas apoyan un rango de medidas cuyo fin último es erradicar la prostitución: criminalizar al cliente y los terceros que obtienen beneficio económico de la prostitución; aumentar las penas en los delitos de explotación sexual y trata de personas; adoptar políticas para combatir la desigualdad estructural; o incluso –en su vertiente más prohibitiva y estatista– criminalizar a las prostitutas bajo la lógica: “mejor en la cárcel que en la calle”.

En términos generales, la ideología detrás de esta postura es materialista. Para las abolicionistas, la desigualdad de género es fundacional y, en ese sentido, inescapable. Las personas (mujeres, en concreto) pueden pensar que ejercen el trabajo sexual por voluntad, pero normalmente se equivocan. Las estructuras de desigualdad les nublan el juicio.

Pues bien, ambas posturas sin dudan van a encontrarse durante los debates que se llevaran a cabo a partir del día de hoy en la ALCM. Hago énfasis en esto porque, típicamente, quienes participan en los debates sobre prostitución no explicitan sus posturas políticas y sesgos ideológicos. Tampoco mencionan que sus argumentos no son verdades, sino eso: posturas.

En este sentido, vale recordar que en el contexto de un régimen político democrático, la racionalidad y el progresismo del proceso de creación de normas vienen –creo– de articular los fines que éstas buscan y explicitar las razones para desear tales fines. Basarse simplemente en la tradición, los derechos humanos en abstracto o las tendencias en otros países para crear normas y políticas deja el fundamento de nuestros juicios morales en el dominio de la inconciencia. Ser críticos de las posturas de los grupos en contienda es dudar de las verdades que supuestamente subyacen en distintos esquemas de regulación. Estas dudas abren la posibilidad de reconsiderar deliberadamente el valor útil de las distintas propuestas: su conveniencia práctica. Me parece que el escepticismo moral es el primer paso hacia un mejor diseño de las normas y políticas públicas en materia de prostitución.

Ser escépticos, entonces, no significa adoptar el escepticismo como punto de llegada. En las democracias, alguna idea moral –o serie de ideas– termina primando en las discusiones públicas. Finalmente, ésta(s) idea(s) se deposita(n) en el orden jurídico y los programas de gobierno. Por el contrario, escepticismo apriorístico significa estar conscientes de que los principios que hemos decidido materializar en la legislación y la política pública son los mejores sólo para el aquí y el ahora. Nada más pretencioso. En términos morales, las discusiones políticas no son sino decisiones sobre en qué casos debe intervenir el Estado (sea en forma de prohibiciones y permisiones; distintas distribuciones de costos y beneficios; apoyos y la negación de estos, etc.).

¿Y qué hay con perpetuar el statu quo? Las desigualdades de género que dan lugar a la prostitución, dirían algunas feministas, son estructurales. Al regular la prostitución, el Estado –a través de sus normas y políticas– legitima y refuerza esas desigualdades. Continuarían: para cambiar las estructuras de desigualdad, hay que cambiar la ideología que subyace en ellas a través de políticas asistencialistas para las personas prostituidas y la persecución de los criminales. Difiero. Creo que las políticas asistencialistas y el derecho penal son convenientes, pero por motivos prácticos no simbólicos.6 Además, como han señalado algunos teóricos, las estructuras de desigualdad no son cosas que preexisten a la acción social.7 Una pequeña desviación en nuestras interacciones diarias tiene la capacidad de alterar las estructuras. Estas deviaciones pueden ser fomentadas o inspiradas a través de muchos mecanismos, incluyendo la regulación por parte del Estado. Estoy convencida de que si nos abrimos a la posibilidad de que las personas jueguen con –y paulatinamente resignifiquen– las estructuras en su vida cotidiana, ampliaríamos enorme y productivamente la gama de herramientas de cambio social.

El derecho

Como señala Janet Halley y otras académicas el actual feminismo de la gobernanza (i.e., el feminismo más popular e institucionalizado y que aquí he descrito como el dúo neo-reglamentarismo/abolicionismo) generalmente omite el análisis pragmático y distributivo de las consecuencias de los regímenes legales que propugna.8 Es decir, por lo general, los grupos feministas hemos mantenido las discusiones legislativas en el ámbito abstracto del deber ser –la moral– (que ya describí arriba). Hemos hecho esto a expensas del análisis sobre cómo opera, de hecho, el derecho.

En esta línea, la socióloga Elizabeth Bernstein explica qué pasa cuando nos seduce la retórica sobre los méritos morales de una propuesta legislativa y dejamos de prestar atención a los efectos de la reforma legal.9 Bernstein, por su parte, toma como objeto de deconstrucción los regímenes de Estocolmo y Ámsterdam: dos ciudades tomadas como modelo de reforma regulatoria en materia de prostitución. En Estocolmo, la adopción del modelo de criminalización de la demanda se justificó en la equidad de género. Al menos en el discurso, el objetivo era que la criminalización de los clientes eliminara la oferta de prostitución. No obstantes las declaraciones en contrario del gobierno sueco, Bernstein encuentra que la prostitución nunca fue eliminada, sino que se sumergió en el ámbito privado y de la clandestinidad. Según algunos entrevistados, la reforma no podía haber generado efectos más distintos de los que se esperaba lograr: ésta había incentivado la migración de mujeres al interior de Estocolmo y, dado el nuevo carácter clandestino del mercado, había aumentado la trata de personas.

Por su parte, en Ámsterdam, se puso en marcha la legalización de la prostitución en burdeles, así como la administración de estos establecimientos. La lógica era convertir el mercado negro en uno regulado, sujeto a impuestos y estándares de seguridad e higiene para mejorar las condiciones laborales de, entre otros, las trabajadoras sexuales. Los resultados fueron los siguientes. Los precios de los servicios sexuales cayeron, lo que llevó a que todos aquellos que no podían cumplir con los costos de la regulación (casi siempre migrantes) pensaran en irse a países donde la prostitución estaba desregulada y era mejor pagada. Simultáneamente, quienes sí pudieron afrontar el incremento en los costos de operación (típicamente, trabajadoras nativas y grandes o medianos empresarios) centralizaron el mercado.

Tanto en el caso de Estocolmo como el de Ámsterdam, las reformas terminaron afectando los intereses de quienes prometieron proteger: las mujeres –particularmente, migrantes. Aún hoy, muchas personas siguen propugnando estos esquemas de regulación como si fueran inequívocos e indisputables. No lo son. Las deficiencias de estos y otros regímenes se hacen evidentes al analizar –a priori o a posteriori– sus consecuencias. En los casos que describí, al menos algunos de los efectos adversos generados por las reformas eran previsibles. Empero, los daños colaterales de las reformas no se analizaron suficiente, no se explicitaron o no se tomaron en serio –ni antes ni después de la reforma.

La obliteración de estos daños podría ser producto, como señala Bernstein, de los intereses velados de los políticos malintencionados. Pero hay al menos una hipótesis alternativa: a veces, nos atrapa la fantasía de que las prescripciones legales se reflejan automáticamente, y tal cual, en el mundo social. Soñamos que las prescripciones de los tratados y las leyes van a materializarse de acuerdo con el bienintencionado derecho-en-los-libros. El realismo jurídico (norteamericano) apunta a que esto es imposible.10 Las normas jurídicas y las políticas públicas operan en una imbricada red de prácticas sociales, normas preexistentes y estructuras de mercado. De creerle a los realistas, tendríamos que identificar –en cada intento de creación de normas y políticas públicas– los contextos de operación de las normas, considerarlos en nuestros cálculos costo-beneficio y, más importante, monitorear los efectos de las reformas legales.

En mi experiencia, la vida cotidiana de los grupos que viven el derecho es distinta de cómo nos la imaginamos los otros. En ese sentido, sus experiencias pueden cuestionar nuestras (muchas veces, erradas) asunciones; devolvernos de la fantasía de lo universal a lo concreto, e iluminar así el diseño de las normas y políticas públicas. Esa fue mi experiencia al estudiar los efectos del reconocimiento del trabajo sexual en la Ciudad de México, luego de que una jueza determinara que la prostitución es un trabajo protegido por la Constitución en 2014.11 Así, a partir de la narrativa de un muy pequeño grupo de trabajadoras sexuales organizadas, hice algunos hallazgos interesantes. Uno: las credenciales de trabajador no asalariado aumentaron el poder de negociación de las trabajadoras sexuales en sus encuentros diarios con la policía. Más aún, que la Ley de Cultura Cívica del D.F. considerara una falta administrativa a la prostitución (artículo 24, fracción VII) desequilibraba excesivamente estas negociaciones informales a favor de la policía. Dos: las credenciales tuvieron efectos emancipadores para ciertas trabajadoras sexuales en relación con las así llamadas madrotas. Tres: los programas y servicios que las trabajadoras sexuales recibirían en tanto trabajadoras no respondían necesariamente a sus intereses y necesidades. En fin, este esquema ha tenido tanto efectos positivos como limitaciones. Sin embargo, analizar las consecuencias de la certificación libres de prejuicios morales plantea la posibilidad de mejora.

Las instituciones (derecho y política) pueden generar cambios. Sobra aclarar que no pienso lo contrario. Pero los cambios están mediados por la agencia de las personas. Es a estas, sus junto con sus contextos y experiencias, a quienes debemos traer al frente. El ejercicio que considero debe hacer la ALCM es de realismo jurídico, consecuencialismo y auto-crítica: una continua labor de filigrana. Lo cual exige estudiar el contexto de aplicación de las normas, predecir las consecuencias de la reforma legal y someterlas a constante evaluación. También supone transparencia respecto de los costos, no sólo los beneficios, que van a enfrentar distintos actores sociales. ¿Por dónde empezar? Hasta ahora, la ALCM lo ha hecho bien: convocar a distintos grupos con interés en las reformas, entre ellos (y, quizá, sobre todo), el de las trabajadoras sexuales. Lo que sigue ahora, desde nuestra trinchera, es un escrutinio puntual de estas discusiones.

Claudia Torres. Miembro del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE; candidata SJD, Harvard Law School.


1 Convocatoria a las Sesiones de Parlamento Abierto sobre regulación del trabajo sexual, del diputado Víctor Hugo Romo a Claudia Torres (octubre 14, 2016) (en archivo con la autora). Las audiencias se llevarán a cabo el 19 y 26 de octubre, así como el 9 y el 16 de noviembre en el edificio legislativo ubicado en Gante #15, Colonia Centro. Respectivamente, los temas a abordar son trabajo sexual, trata de personas, discriminación y política de salud en relación con la prostitución.

2 En este contexto, entiendo al feminismo crítico como uno que rechaza la postura normativa de los feminismos liberal y radical, según los cuales la prostitución necesariamente debe ser legalizada o abolida, respectivamente. El feminismo crítico me parece, ante todo, consecuencialista: se pregunta cuáles son las consecuencias de cualquier esquema de regulación independientemente de su mérito moral.

3 Ver Prabha Kotiswaran, Burn unto Brothels: Toward a Legal Ethnography of Sex Work in an Indian Red-Light Area, 33(3) Law & Social Inquiry 579 (2008): 581 (describiendo las dos posturas del feminismo que participan en los debates sobre prostitución).

4 Cuando hablo de legitimidad, me refiero al reconocimiento que el grupo hace de sus miembros. Por ejemplo, Rosy Orozco no disfruta de mucha legitimidad dentro del movimiento abolicionista. Ver S. Rosagel, Rosi hace “trata” de víctimas, acusan; “son sobrevivientes”, revira (1 de 3), agosto 17, 2015, http://bit.ly/2eiOts3 (Teresa Ulloa, una de las máximas exponentes del abolicionismo en México, deslindándose de los proyectos de Rosi Orozco y denunciando el abuso de ésta en contra de ex-víctimas de trata de personas)

5 Ver, por ejemplo, Teresa Ulloa, Formas veladas de legalizar la prostitución, CIMAC Noticias, octubre 4, 2016, http://bit.ly/2eP2EIK

6 Por ejemplo, la provisión de servicios de salud gratuitos a trabajadoras sexuales de bajos ingresos me parece una política asistencial conveniente, porque para muchas de ellas –igual que para otros miembros de las clases sociales más bajas con seguros sociales de limitado alcance– es imposible pagar servicios de cuidado prolongado o de tercer nivel. Ver Claudia Torres, The Effects of Sex Work Certification in Mexico City, (tesis de maestría LL.M., Harvard University) (en archivo con la autora) (refiriendo la información recolectada a partir de una muestra de siete trabajadoras sexuales organizadas y certificadas). No es lo mismo (en términos de eficiencia presupuestal, principalmente) que decir que, en sí mismo, el Estado debe proveer servicios de salud a todas las trabajadoras sexuales. En realidad, varias de ellas ya cuentan con un seguro social relativamente funcional o tienen los medios para acceder a servicios de salud particulares.

7 Un ejemplo en el ámbito de la sociología del derecho está en Patricia Ewick y Susan Silbey, The Common Place of Law: Stories From Everyday Life (The University of Chicago Press, 1998) (citando a Stuart Henry acerca de las estructuras como propiedad emergente)

8 Janet Halley et al., From the International to the Local in Feminist Legal Responses to Rape, Prostitution/Sex Work and Sex Trafficking: Four Studies in Contemporary Governance Feminism, 29 Harvard Journal of Law and Gender 335 (2006): 361, 368.

9 Elizabeth Bernstein, Temporarily Yours: Inthimacy, Authenticity and the Comerce of Sex (The University of Chicago Press, 2007), 142 y ss.

10 Por ejemplo, ver Robert Hale, Coercion and Distribution in a Supposedly Noncoercive State, 38 Political Science Quart. 470 (1923); Karl Llewellyn, Some Realism About Realism –Responding to Dean Pound, 44 Harvard Law Review 1222 (1931).

11 Juicio de Amparo 112/2013, Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal [JD], January 21st, 2014 (Mx.).