El pasado 15 de diciembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) publicó la sentencia recaída al caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde Vs. Brasil. Dicho juicio es el primero en que la Corte se pronuncia respecto del complejo tema de la esclavitud moderna.1 En el presente escrito expongo los hechos del caso, el fallo de la CoIDH y mis observaciones sobre el voto razonado del Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor respecto de esta controversia.

esclavitud

En Brasil, en su mayoría hombres entre 18 y 40 años de edad (pobres, afrodescendientes o mulatos) eran reclutados en sus ciudades origen por personas denominadas gatos para trabajar fuera de las mismas bajo la promesa de salarios bien remunerados. Al ser transportados y llegar hasta las haciendas, los trabajadores eran informados de que estaban en deuda con sus contratistas por su transporte, alimentación y hospedaje. Los salarios que les habían  prometido eran reducidos, sin posibilidad de que cubrieran la deuda ya asumida. Muchos de ellos eran sometidos a abuso físico, sexual y verbal, además de trabajar en  condiciones peligrosas, antihigiénicas y degradantes A los trabajadores se les prohibía salir de las haciendas y eran vigilados por guardias armados, motivo por el cual se veían forzados a consumir lo ofrecido en la tienda perpetuando su deuda.2

Al analizar los citados hechos bajo la Convención Americana, la CoIDH precisó que el concepto de esclavitud ha evolucionado, dejando de limitarse al concepto clásico de propiedad sobre la persona. “…los dos elementos fundamentales para definir una situación como esclavitud son: i) el estado o condición de un individuo y ii) el ejercicio de alguno de los atributos del derecho de propiedad, es decir, que el esclavizador ejerza poder o control sobre la persona esclavizada al punto de anular la personalidad de la víctima”.3 Respecto del primer elemento la CoIDH precisó “que se refiere a una situación de jure como de facto, es decir que no es esencial la existencia de un documento formal o una norma legal para la caracterización de ese fenómeno (…)”.4 Respecto del segundo elemento (propiedad), esta Corte agregó que “debe ser comprendido en el fenómeno de esclavitud como “posesión”, es decir la demostración de control de una persona sobre otra (…) equiparable a la pérdida de la propia voluntad o a una disminución considerable de la autonomía personal”.5

Asimismo, dentro del análisis de la existencia de discriminación estructural, la CoIDH notó “características de particular victimización compartidas por trabajadores rescatados”,6 pues “se encontraban en una situación de pobreza; provenían de las regiones más pobres del país, con menor desarrollo humano y perspectivas de trabajo y empleo; eran analfabetas, y tenían poca o nula escolarización”.7 Dichas condiciones, “los colocaba en una situación que los hacía más susceptibles de ser reclutados mediante falsas promesas y engaños. Dicha situación de riesgo inmediato para un grupo determinado de personas con características idénticas y originarios de las mismas regiones del país, tiene orígenes históricos”.8

Tomando como base, entre otras cuestiones, los criterios y hechos descritos, la Corte encontró al Estado de Brasil responsable por la violación del derecho a no ser sometido a esclavitud y trata de personas, en tanto que el Estado no demostró haber adoptado medidas específicas, ni  actuó con la debida diligencia para prevenir la forma contemporánea de esclavitud a la que fueron sujetas las víctimas.9

Al respecto, el juez Eduardo Ferrer precisó que la pobreza o condición económica examinada de manera aislada (dadas las circunstancias del caso) nunca había sido analizada por la CoIDH sin vincularla con otra categoría de especial protección.10 De acuerdo con el juez, la CoIDH reconoció “que los hechos discriminatorios del caso se derivaron por la posición económica (…) de las víctimas que se encontraban en la hacienda”.11 Y agregó que “para los fines del derecho antidiscriminatorio, la posición económica alude a situaciones estructurales de negación, por diversas circunstancias, a un sector de la población, de necesidades generales de vida digna y autónoma.”12 Ferrer añadió que “la existencia de la discriminación estructural, en sí, es una situación reprochable a los Estados por mantener a amplios sectores, o grupos de la población, particularmente en una situación de exclusión social. En ese sentido, continuó que “si un Estado teniendo conocimiento de la existencia de esta problemática dentro de su territorio y respecto de un grupo determinable no toma las medidas suficientes y efectivas para contrarrestar esta situación en concreto, acarrea un situación de mayor vulnerabilidad para las víctimas”.13 Lo cual no significa que estas medidas excluya la obligación del Estado de implementar a nivel interno acciones de carácter general, tales como acciones de igualación positiva que tengan como objeto revertir la discriminación estructural.14

Así pues, la sentencia descrita marca un nuevo paradigma al definir los elementos de la esclavitud contemporánea en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Asimismo, el voto del juez Eduardo Ferrer profundiza el estudio de los efectos de la discriminación estructural en razón de la condición de pobreza, precisando que la esclavitud en sus formas análogas y contemporáneas se origina por dicha condición así como por la inequidad y la exclusión social. Más aún, el juez reconoce a la pobreza como “categoría de especial protección y parte de la prohibición de discriminación por posición económica contemplada de manera expresa en el artículo 1.1 de la Convención”.15

Desde mi perspectiva, la sentencia hace eco de la bien conocida relación entre la pobreza y su condición como detonante o catalizador de violaciones a derechos humanos. Asimismo, confronta el discurso capitalista, clasista, u oficial en el que se estima “que los pobres son pobres porque quieren serlo”. Discursos ante cuya falta de asertividad se ven descartados ante escenarios como el descrito en la citada sentencia, donde condiciones estructurales de discriminación y pobreza no permiten al individuo no solo dejar de ser pobre, sino que anulan su voluntad y dignidad.

Lo anterior, no es menor, pues, se toma en consideración que de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para el 2014 se encontraban en situación de pobreza el 28 % de la población de Latinoamérica, mientras que el 11.7 % se encontraron en extrema pobreza o indigencia.16 Más aún, de acuerdo con Oxfam International,17 en Latinoamérica y el Caribe el 1% de la población más rica amasa el 41% del total de riqueza de la región. Tan sólo en México, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública de Desarrollo Social CONEVAl, para 2014 el porcentaje de mexicanos en extrema pobreza fue de 46.1 %.18

En ese sentido, esperemos que el reconocimiento de la pobreza como categoría de especial protección impulse a los operadores del derecho a reducir dicho fenómeno en el continente, más allá de la discusión normativa respecto de los efectos de las sentencias de la CoIDH en los Estados cuando fueron partes o no del caso concreto y de la interpretación del control de convencionalidad.

En México, vale señalar, no ha existido una posición uniforme y constante por parte del Poder Judicial de la Federación respecto del nivel de vinculatoriedad de las sentencias de la CoIDH. Por ejemplo, en 2014, el Pleno de la Suprema Corte precisó que los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultaban vinculantes para los jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos siempre que fueran más favorables a la persona.19 En 2015, la Suprema Corte aclaró que si los fallos de la CoIDH se encuentran en contradicción con la existencia de una restricción constitucional ésta deberá prevalecer.20 El problema, entonces, es determinar cuáles son las restricciones constitucionales y, en su momento, si esto llevará al debate respecto específico de cómo se deben interpretar éstas.

En ese sentido, partiendo del supuesto de que los criterios de la CoIDH son vinculantes para México, incluso en los que no formó parte del litigio internacional, sería de esperarse que se le cuestionara al Estado mexicano en qué medida se está haciendo cargo de sus obligaciones internacionales para erradicar la esclavitud contemporánea, la pobreza y la discriminación estructural. Esperemos que la citada sentencia y el voto del juez Eduardo Ferrer tengan amplia resonancia, por lo menos, en los Estados parte de la Convención.

Luis Enrique Rosas Luengas. Licenciado en derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, (CIDE) y maestro en derecho internacional de los derechos humanos por la Universidad de Notre Dame.


1 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Brasil responsible por esclavitud Contemporanea y trata de personas de trabajadotes de hacienda, Cominicado de prensa, 15 de diciembre de 2016. Disponible en http://bit.ly/2idqgsy

2 Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde Vs. Brasil, Sentencia de 20 de cotubre de 2016, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párrafos 113, 114, 153-188.

3 Ibídem, párrafo 269.

4 Ibídem, párrafo 270.

5 Ibídem , párrafos 269-271

6 Ibídem, párrafo 339.

7 Ibídem ,párrafo 339.

8 Ibídem, párrafo 339.

9 Ibídem, pàrrafos 269-271,508.

10 El juez precisó que la pobreza  “había sido analizada en conjunto en relación a grupos de vulnerabilidad tradicionalmente identificados (niños, mujeres, indígenas, personas con discapacidad, migrantes, etc), [o] como discriminación múltiple/compuesta o interseccionada con otras categorías”, pero nunca como pobreza en violación en sí misma.  Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde Vs. Brasil, Sentencia de 20 de cotubre de 2016 Voto razonado del Juez Eduardo Ferrer, párrafo 44.

11 Ibídem, párrafo 45.

12 Ibídem, párrafo 54.

13 Ibídem, párrafo 91.

14 Ibídem, párrafo 92.

15 Ibídem, párrafo 97.

16 http://bit.ly/2j1GFO8.

17 http://bit.ly/2jjP9zS.

18 http://bit.ly/2idr2ps.

19 Época: Décima Época, Registro: 2006225, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 21/2014 (10a.), Página: 204 , JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.

20 Época: Décima Época, Registro: 2010000, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: P. XVI/2015 (10a.), Página: 237, SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. DIRECTRICES PARA ESTABLECER Y CONCRETAR LAS OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN TRATÁNDOSE DE RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES.